La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó los recursos extraordinarios presentados por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) contra la cautelar que le impide reducir o alterar las obligaciones vinculadas con la prestación del servicio, las obras, la calidad del agua, la salud pública y la protección ambiental.
Todo ello se da en el marco del proceso de privatización de la empresa que impulsa el gobierno de Javier Milei.
La medida cautelar había sido presentada por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, "en representación de los habitantes de 26 municipios donde AySA brinda el servicio de agua potable". La cautelar obligaba a preservar las condiciones esenciales de prestación mientras se analiza el fondo de la cuestión. La Justicia ya había ordenado que AySA se abstuviera de modificar, limitar, reducir, diferir, suspender o desnaturalizar obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente.
En la resolución en la que rechazó el recurso extraordinario presentado por la empresa, la Justicia bonaerense resolvió que no es competente para intervenir en el fondo del expediente debido al carácter federal de AySA y remitió las actuaciones al Juzgado Federal N°2, Secretaría N°4, de La Plata.
A mediados de mes, el Gobierno dio a conocer este martes las compañías que se presentaron. De acuerdo a lo publicado en el sitio oficial Contrat.Ar, solo dos de las 17 empresas interesadas se presentaron en esta instancia: los consorcios argentinos Rowing-Arcos-Transclor-PHX, encabezado por Rowing S.A y de Roggio ROAS S.A.U. y otros.
El proceso contempla la venta de la totalidad de las acciones estatales, correspondientes al 90% de la empresa que provee de agua potable y cloaca en el AMBA y que incluye a 14 millones de personas. Según detalló el Gobierno a fines de abril, el contrato de concesión será por 30 años, con posibilidad de extenderla por hasta 10 años adicionales.
Este esquema establece un Plan de Acción 2027-2031 de cumplimiento obligatorio, que contempla inversiones por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA.
Además, el contrato fija metas de cobertura para 2031 de 75,3% en agua y 63,9% en cloacas, que deberán alcanzar como mínimo 90% y 75%, respectivamente, al finalizar el plazo inicial de 30 años. "El futuro operador estará obligado a cumplir con las obligaciones de inversión de más de US$ 2.000 millones en 5 años, que implicarán una expansión y mejora en la calidad del servicio prestado", escribió en X el ministro de Economía, Luis Caputo.
La comisión de evaluación será la encargada de analizar las ofertas presentadas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego. Una vez finalizado ese proceso, los grupos que hayan cumplido con los requisitos previstos quedarán habilitados para avanzar a la siguiente etapa y presentar sus respectivas ofertas económicas.
La empresa estatal presta los servicios esenciales de abastecimiento de agua potable y saneamiento a más de 3,8 millones de usuarios y 14 millones de habitantes distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.