Si en la Argentina hubo alguna vez algo parecido a un territorio libertario, eso probablemente sea La Frontera, en Pinamar. Cinco kilómetros de dunas de arena, vegetación agreste y playas amplias en las que cada verano hay accidentes o incluso tragedias mortales sobre las que las autoridades municipales se dicen impotentes dado que gran parte de la tierra es de propiedad privada sin trazado de calles públicas. Ese experimento, sin embargo, año tras año se muestra fallido. Aunque no hay estadísticas oficiales consolidadas, es fácil recordar la cantidad de episodios fatales en La Frontera. Hace diez años moría un niño de 12 cuando se dio vuelta el cuatriciclo que manejaba. Y este último verano causó conmoción el choque que le provocó heridas gravísimas a otro niño, Bastián Jerez, de 8, que iba en un vehículo UTV con su padre y otras dos menores. Una década pasó entre uno y otro episodio. En el medio, al menos siete muertes y otros tantos heridos de gravedad. En todo este tiempo, el municipio argumentó en contra de las regulaciones y a favor de la libertad individual, la tradición turística y el impacto económico. Pero ahora deberá imponer alguna regulación en ese reducto libertario.
Para levantar el amparo judicial que presentó el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Pablo Martínez Carignano (2019 - 2023), el municipio aceptó implementar regulaciones de cara al verano próximo. Será, según el acuerdo de conciliación, un sistema integral de seguridad para la circulación de cuatriciclos, UTV, motos y 4x4 en los médanos. "Estoy muy satisfecho por el acuerdo alcanzado", destacó el ex funcionario consultado por El Destape. "Quiero destacar la forma en la que se logró: con diálogo, escucha y con el único objetivo de prevenir tragedias y evitar dolor a las familias. Cuando una decisión puede salvar una vida, no hay diferencia que no valga la pena superar", subrayó.
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El acuerdo llegó después de que en febrero de este año el Poder Judicial bonaerense, a pedido de Martínez Carignano, prohibiera la actividad motorizada en La Frontera en medio de la conmoción por el estado de salud de Bastián. La prohibición iba a estar vigente hasta que la Municipalidad garantizara las condiciones de seguridad y control necesarias, lo que se comprometió a hacer en el acuerdo alcanzado. Por eso, habrá una prueba piloto y controles en el verano. "El 1 de diciembre estaremos en La Frontera para constatar su efectiva implementación y, en ese caso, retirar definitivamente la medida cautelar", explicó Martínez Carignano.
Según detalló el ex funcionario, en el acuerdo alcanzado la Municipalidad de Pinamar se comprometió a:
- Pedir registro obligatorio de conductores, acompañantes y vehículos, con documentación en regla y seguro vigente, en una web municipal,
- asignar turnos.
- Identificar y seguir la trazabilidad de vehículos mediante identificadores, QR y lectura de patentes, registrando ingresos y egresos en lugares fijos.
- Prohibir la permanencia de menores de 18 años como conductores o acompañantes de motos y cuatriciclos.
- Prohibir el consumo de alcohol, drogas; la realización de picadas, competencias, maniobras peligrosas; el exceso de ocupantes y la circulación sin casco.
- Definir y publicar un plano operativo con accesos, egresos, corredores, sentidos de circulación, cruces, zonas peatonales, áreas de detención y sectores de exclusión.
- Prohibir la circulación fuera de los corredores habilitados o de manera transversal o errática.
- Mantener un sistema permanente de control y vigilancia, con puestos de control, personal, patrullaje, monitoreo y lectores de patentes.
- Coordinar con las fuerzas de seguridad y sostener capacidad de respuesta sanitaria.
- Registrar infracciones e historial individual, con posibilidad de exclusión preventiva e impedimento de reingreso ante infracciones graves o riesgos inmediatos.
- Implementar y acreditar el funcionamiento de todo el sistema antes del inicio de la temporada, mediante documentación y evidencia ante el Tribunal.
Martínez Carignano subrayó que la prueba será antes del verano, porque para levantar efectivamente el amparo judicial, el municipio deberá presentar ante el Tribunal documentación y evidencia verificable de que el sistema está funcionando: registro, identificadores, lectura de QR y patentes, check-in y check-out, plano y señalización, áreas de exclusión, personal, recursos y formularios. El Destape consultó a la Municipalidad de Pinamar sobre el acuerdo pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta. Una vez implementados los controles, el Poder Judicial conservará jurisdicción para controlar el cumplimiento del acuerdo. Si las obligaciones no se cumplen, Martínez Carignano podrá solicitar nuevamente la intervención judicial sobre el fondo de la cuestión.