El abogado Gregorio Dalbon pidió la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, en el marco de la causa judicial que investiga las operaciones financieras realizadas con las reservas de oro de la autoridad monetaria. El planteo también alcanza a Juan Ernesto Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del directorio del organismo.
En una ampliación de la denuncia penal, Dalbon reclamó que los tres funcionarios sean detenidos para evitar un eventual entorpecimiento de la investigación. Como alternativa, solicitó que se les impongan restricciones como la prohibición de salir del país, la limitación de sus comunicaciones con otros involucrados y la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia.
La presentación se produjo luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobara el informe sobre los estados contables del BCRA correspondientes a 2025. El documento consignó que las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente fue el oro arrojaron un resultado negativo de $1,469 billones, equivalentes a US$ 1.023 millones, con egresos de divisas.
El informe de la AGN emitió una opinión favorable sin salvedades sobre los estados contables, aunque incorporó un párrafo específico sobre estas operaciones. La auditoría también registró una ganancia por diferencias de cotización de la tenencia de oro de $8,002 billones durante el mismo ejercicio.
Las sospechas por las operaciones con oro
En su presentación, Dalbon sostuvo que es necesario determinar quiénes decidieron, autorizaron y ejecutaron las operaciones, cuál fue su justificación económica y si se respetaron los deberes legales de los funcionarios responsables de administrar las reservas internacionales.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la estructura de los instrumentos financieros utilizados. La estrategia habría consistido en un mecanismo conocido como collar, que combina la compra de una opción para establecer un piso de precio con la venta de otra para fijar un techo. De esa manera, una suba del oro por encima del límite pactado puede generar pagos a cargo de quien vendió la opción.
Dalbon advirtió que esa descripción todavía debe ser confirmada mediante los contratos y la documentación oficial. También pidió esclarecer por qué el resultado negativo de las opciones, de US$ 960,2 millones, superó ampliamente las primas registradas, que ascendieron a US$ 62,8 millones.
La denuncia plantea que las operaciones deben analizarse más allá de la denominación de cobertura utilizada por el Banco Central. En particular, reclama determinar qué riesgos se buscaba cubrir, cuáles fueron las contrapartes financieras y qué funcionarios participaron en las decisiones.
Respecto de Caputo, el abogado pidió establecer si el ministro intervino, coordinó o impartió instrucciones sobre la estrategia de administración del oro. En cuanto a Bausili, solicitó investigar si propuso, autorizó o ejecutó las operaciones. Para Curutchet, reclamó esclarecer su eventual participación en las decisiones del directorio.
El pedido de detención y las medidas de prueba
Dalbon argumentó que los funcionarios tienen acceso a documentación relevante para la causa y autoridad sobre áreas cuyos integrantes podrían ser convocados como testigos. A partir de esa situación, sostuvo que existe riesgo de que la prueba sea ocultada, modificada o suprimida. Se trata de los argumentos expuestos por el denunciante para fundamentar su pedido, que deberá ser evaluado por la Justicia.
Además de las detenciones, solicitó requerir a la AGN y al BCRA los informes de auditoría, contratos, actas de directorio, registros de liquidaciones, comprobantes de egresos de divisas y comunicaciones vinculadas con las operaciones. También pidió preservar los registros electrónicos y realizar una pericia contable para determinar la estructura de los instrumentos y la existencia de un eventual perjuicio patrimonial para el Estado.
La presentación menciona posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. La eventual configuración de esas figuras deberá establecerse durante la investigación.
Por último, Dalbon solicitó que, una vez producida la prueba, los tres funcionarios sean citados a prestar declaración indagatoria. El pedido de detención forma parte de la denuncia y no implica que exista una orden judicial de arresto ni que se haya determinado la responsabilidad penal de los funcionarios.