Luego de entregar los votos puntanos en el Senado durante el debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el gobernador Claudio Poggi dejó otro guiño para demostrar su alineamiento con el Gobierno nacional de Javier Milei: su bloque provincial aprobó el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), un proyecto impulsado por el oficialismo que permite conceder, alquilar, entregar en comodato e incluso vender directamente inmuebles fiscales del Estado provincial sin ningún tipo de regulación.
En comunicación con El Destape, el diputado provincial Walter Pollo (PJ), explicó que el proyecto del oficialismo tenía dos aristas distintas: una dedicada al incentivo de las inversión y la industrialización de la provincia, y otra que permite al actual gobernador ampliar sus facultades para "subastar los bienes provinciales".
El legislador aclaró que su bloque no se oponía al contenido central de la iniciativa: "Es una ley de reactivación industrial, promoción industrial, incluso yo había presentado proyectos en el mismo sentido". El conflicto, según Pollo, aparece en el capítulo referido a la gestión y disposición de los inmuebles fiscales. "Ahí es donde está el conflicto. Pedimos que se saque y se arme otra ley aparte, pero no lo hicieron", sostuvo.
Para el diputado, la inclusión de ese apartado dentro de un régimen de promoción industrial funcionó como un blindaje político: "Después van a salir a decir que no acompañamos un proyecto de generación de empleo y de reactivación industrial. Pero no nos pueden meter otra ley que nada tiene que ver con la afectación de los inmuebles y las tierras fiscales".
Entre sus argumentos citó los artículos 8 y 9 de la Constitución provincial, los cuales, según explicó, impiden que un Poder delegue sus facultades constitucionales y establecen condiciones de publicidad para los actos relacionados con la enajenación o afectación de bienes del Estado.
El diputado sostuvo además que el esquema no contempla una participación estatal en los emprendimientos. "No vemos una participación del Estado, sino directamente entregar los bienes inmuebles y los recursos a algún privado", planteó, y reclamó un modelo "que incluya al Estado para que las ganancias queden dentro de la provincia, no que se lleven todo".
En esa línea, calificó la iniciativa como un "cheque en blanco" para el gobernador. "Es como darle un cheque en blanco a Poggi para que venda, regale o enajene los bienes de la provincia. Ahí nos opusimos", afirmó. Y agregó: "Los campos, terrenos, edificios e inmuebles del Estado no son del gobernador de turno. Son patrimonio de todos".
El alineamiento con Milei
Consultado sobre el paralelismo con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado la semana pasada, Pollo trazó una continuidad directa: "Es la misma línea de Nación y provincia. En la provincia sabemos que Poggi es Milei". En esa votación, los senadores puntanos Bartolomé Abdala, que además presidió la sesión, e Ivanna Arrascaeta acompañaron el proyecto del Ejecutivo nacional, mientras que el justicialista Fernando Salino votó en contra.
El legislador también cuestionó el sentido de impulsar una promoción industrial en el actual contexto económico. "Quieren promocionar una radicación industrial cuando ha bajado el consumo", planteó, y enumeró: sueldos frenados desde 2023 en docencia, salud y seguridad, y una provincia que describió como una de las más endeudadas del país en términos de consumo familiar. "Si no generás otro contexto, si no subís los salarios para que exista consumo, cualquier reactivación industrial se va a caer, no va a ser sostenida en el tiempo".
Pollo describió además la relación de fuerzas dentro de la Cámara, que explica el destino de las iniciativas opositoras. "Ellos son 29, nosotros somos 14 en el bloque. Permanentemente te cajonean", sostuvo. Según relató, los proyectos del justicialismo suelen girarse a comisión sin tratamiento posterior, y el reglamento interno limita a cinco minutos la defensa de cada iniciativa en el recinto.
Ese escenario, afirmó, se repitió con el propio RIPEE: "Ellos tienen los votos, tienen hasta quórum propio. Si nosotros no nos presentáramos, aprueban todo ellos". "Las leyes más grandes son las que manda el Ejecutivo. Hoy la Legislatura se ha convertido en una escribanía", concluyó.
La ley ya está aprobada y la discusión se traslada ahora a su aplicación. Qué inmuebles se ofrecen, a qué precio, con qué compromisos de inversión y bajo qué control posterior son preguntas que el texto sancionado deja en manos del Ejecutivo, sin la instancia legislativa que hasta ahora intervenía en cada operación. Con el patrimonio histórico sin resguardo expreso y los cursos de agua alcanzados por el régimen, el justicialismo anticipó que seguirá el destino de cada bien que se ponga en juego.