La Legislatura porteña dio un paso definitivo en la reconfiguración de su estructura institucional al aprobar el Convenio de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la órbita local. Con este avance, la Ciudad se encamina a consolidar el reclamo de autonomía en su sistema judicial que sostiene desde la reforma constitucional de 1994.
La votación en el recinto reflejó un mapa de marcadas diferencias políticas: la transferencia obtuvo 36 votos afirmativos provenientes del oficialismo y bloques aliados, mientras que se registraron 20 abstenciones y únicamente dos votos en contra. Entre las abstenciones se ubicaron legisladores de la oposición como Matías Barroetaveña, María Bielli, Matías Lammens y Leandro Santoro, de acuerdo con los registros del tablero de votación.
El convenio de traspaso de competencias nacionales al ámbito porteño fue firmado originalmente el pasado 9 de febrero de 2026 por el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, junto al entonces Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni.
Posteriormente, la transferencia recibió el respaldo del Congreso de la Nación, donde se incorporó como anexo del proyecto de la ley nacional 27.802 de reforma laboral. En tanto, tras ser elevado de forma digital por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el Jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, a la presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio, el proyecto recibió la sanción definitiva local.
Desde el Ejecutivo de la Ciudad defienden la reforma bajo la promesa de una justicia más veloz y adaptada a las dinámicas del empleo contemporáneo. Al respecto, el ministro Tapia explicó: "La Justicia Laboral local va a ser completamente distinta a lo que conocemos hoy, con sentencias más rápidas gracias a modernizaciones procedimentales y tecnológicas".
Desde el Gobierno porteño indicaron a El Destape que, pese a la trascendencia de la votación, la implementación efectiva del nuevo fuero porteño no será inmediata. El texto del convenio establece que su entrada en vigencia queda condicionada a la firma y aprobación de un acuerdo específico posterior, el cual deberá determinar y detallar el traspaso de las partidas y recursos económicos necesarios para financiar el funcionamiento de los nuevos tribunales laborales.
La estructura del nuevo fuero y la velocidad de los juicios
El principal argumento de la administración local detrás de la reforma es la agilización de los procesos. Según estimaciones del sector judicial, demandas que hoy demoran entre 3 y 5 años en resolverse podrían definirse en un plazo de un año o menos gracias a modernizaciones procedimentales y tecnológicas.
La estructura local del nuevo Fuero del Trabajo —creado por la Ley 6.789— estará conformada por diez (10) juzgados de primera instancia con competencia en conflictos individuales de trabajo y una Cámara de Apelaciones integrada por seis (6) jueces distribuidos en dos (2) salas. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad será el encargado de sustanciar los concursos de oposición y antecedentes para cubrir estos cargos y poner operativo el sistema.
El traspaso de competencias tiene límites precisos respecto de qué causas cambian de órbita. De acuerdo con la Cláusula Segunda del acuerdo, la Ciudad asumirá exclusivamente las demandas de conflictos individuales de trabajo (despidos, indemnizaciones y accidentes laborales).
En contraste, quedarán bajo el fuero federal o la órbita nacional:
- Los conflictos colectivos de trabajo (paritarias, convenios colectivos y medidas de fuerza sindical).
- Las causas de asociaciones sindicales (personería gremial, elecciones, encuadres y estatutos).
- Todas aquellas causas sobre materia laboral donde el Estado Nacional (en cualquiera de sus tres poderes, ministerios o entes previstos por ley) sea parte o tercero interesado.
Dudas sobre el nuevo fuero
Fuentes vinculadas al ámbito laboral señalaron a El Destape que el objetivo de que la Ciudad cuente con su propia Justicia laboral lleva muchos años en discusión y que históricamente encontró resistencia, aunque durante el actual gobierno se produjo una evolución en ese sentido, acompañada también por jueces de la Justicia Nacional del Trabajo.
En ese marco, explicaron que la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo mediante la Ley de Modernización Laboral representa "un cambio en el escenario" y que la aprobación legislativa constituye un paso más hacia la concreción del traspaso. Sin embargo, las mismas fuentes plantearon dudas sobre cómo se llevará adelante el proceso y si la Ciudad contará con los recursos necesarios para asumir las nuevas competencias.
También cuestionaron la cantidad de juzgados que se prevé crear en el ámbito porteño. Según señalaron, la idea de crear diez juzgados frente a los 80 que actualmente integran la Justicia Nacional del Trabajo podría generar un cuello de botella que, en lugar de acelerar los procesos, correría el riesgo de provocar el efecto inverso.
La Justicia Nacional del Trabajo tuvo históricamente un rol de protección de los derechos de los trabajadores y los sindicatos. Si bien esa orientación se modificó parcialmente en los últimos años debido al ingreso de jueces vinculados al liberalismo, al PRO y a sectores de derecha, durante décadas fue la justicia más protectora de los derechos laborales del país.
Sin embargo, este traspaso intenta ir de la mano de los cambios que intenta imponer el gobierno de Javier Milei para modificar un tribunal laboral habitualmente más inclinado a los trabajadores en sus definiciones.