La Legislatura porteña dio un paso definitivo en la reconfiguración de su estructura institucional al aprobar el Convenio de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la órbita local. Con este avance, la Ciudad se encamina a consolidar el reclamo de autonomía en su sistema judicial que sostiene desde la reforma constitucional de 1994.
La votación en el recinto reflejó un mapa de marcadas diferencias políticas: la transferencia obtuvo 36 votos afirmativos provenientes del oficialismo y bloques aliados, mientras que se registraron 20 abstenciones y únicamente dos votos en contra. Entre las abstenciones se ubicaron legisladores de la oposición como Matías Barroetaveña, María Bielli, Matías Lammens y Leandro Santoro, de acuerdo con los registros del tablero de votación.
Este convenio de traspaso de competencias nacionales al ámbito porteño había sido firmado el pasado 9 de febrero por el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, junto al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Posteriormente, la transferencia recibió el respaldo del Congreso de la Nación, en el contexto de la sanción de la ley nacional 27.802 de reforma laboral.
El traspaso de la Justicia Laboral va de la mano de los cambios que intenta imponer el gobierno de Javier Milei para modificar el tribunal laboral habitualmente más inclinado a los trabajadores en sus definiciones.
La Ciudad avanza con su nuevo fuero laboral
Desde el Ejecutivo de la Ciudad defienden la reforma bajo la promesa de una justicia más veloz y adaptada a las dinámicas del empleo contemporáneo. Al respecto, el ministro Gabino Tapia explicó: "La Justicia Laboral local va a ser completamente distinta a lo que conocemos hoy, con sentencias más rápidas gracias a modernizaciones procedimentales y tecnológicas".
Asimismo, el funcionario de la administración macrista argumentó que la estructura judicial local "está pensada para que los conflictos laborales no sean un freno al desarrollo productivo de la Ciudad, dando respuestas rápidas y oportunas tanto para los trabajadores como para quienes generan empleo.".
Pese a la trascendencia de la votación, la implementación efectiva del nuevo fuero porteño no será inmediata. El texto del convenio establece que su entrada en vigencia queda condicionada a la firma y aprobación de un acuerdo específico posterior, el cual deberá determinar y detallar el traspaso de las partidas y recursos económicos necesarios para financiar el funcionamiento de los nuevos tribunales laborales.