El ministro de Desarrollo Productivo Sustentable de San Luis, Federico Trombotto, uno de los funcionarios mencionados en torno al caso “El Caburé”, dejará el gabinete provincial para retomar su banca como senador por el departamento San Martín. El movimiento se produce mientras Claudio Poggi necesita ordenar sus votos en la Legislatura para avanzar con la reforma constitucional y le permite al oficialismo recuperar una banca clave en el Senado.
La salida de Trombotto no llega en cualquier momento. Desde hace meses circulaba la posibilidad de que dejara el Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable, una cartera que ocupó mientras mantenía en pausa su banca legislativa. Ahora, con el oficialismo preparando una discusión decisiva en la Cámara alta, el dirigente interrumpirá su licencia y volverá al lugar para el que fue elegido.
Su reemplazo en el gabinete será Juan Ríos, actual director de Industria, quien quedará al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable.
La maniobra permite a Poggi resolver dos cuestiones al mismo tiempo: modificar su gabinete y recuperar un voto en el Senado. El oficialismo necesita alcanzar una mayoría especial para avanzar con la reforma constitucional, por lo que cada banca adquiere un peso particular en la estrategia del Ejecutivo.
Trombotto había asumido como senador por San Martín, pero dejó temporalmente su banca para incorporarse al Ejecutivo provincial. Durante más de un año permaneció al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable y su regreso a la Cámara alta había sido anticipado como una posibilidad.
Ahora, el movimiento se concreta cuando el Gobierno necesita garantizar el respaldo legislativo para un proyecto que puede modificar las reglas institucionales y electorales de la provincia.
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El oficialismo necesita reunir los dos tercios de la Cámara para avanzar con determinadas etapas de la reforma. En ese escenario, recuperar la banca de San Martín deja de ser un movimiento meramente administrativo y adquiere una lectura política.
La oposición ya cuestionó que la reforma impulsada por Poggi excede una simple actualización institucional y puede tener consecuencias sobre el sistema electoral, las candidaturas y la distribución del poder provincial. La salida del gabinete también vuelve a poner bajo la lupa el caso conocido como “El Caburé”, que generó una fuerte controversia política y judicial en San Luis.
El expediente tiene como ejes la cuestionada expropiación de un establecimiento y la desaparición de una cosecha de maíz cuyo valor fue estimado en alrededor de dos millones de dólares.
En torno al caso fueron mencionados distintos dirigentes vinculados al oficialismo provincial, entre ellos el exsecretario de Transparencia Ricardo Juan André Bazla, el ministro de Gobierno Gonzalo Amondarain, el exfiscal de Estado Víctor Endeiza, el asesor Diego Amondarain y el ruralista Francisco “Pancho” Anselmi.
Trombotto aparece entre los funcionarios señalados políticamente en relación con el episodio, aunque no figura entre los imputados de la causa judicial, que tiene como acusados a Bazla y al exdirector de Ética Pública Darío Oviedo Helfenberger.
Qué es la causa de El Caburé
La causa judicial que investiga la desaparición de una importante producción de maíz en un campo expropiado por el Estado provincial, sumó nuevas tensiones luego de declaraciones del abogado Pascual Celdrán, representante de uno de los propietarios de la firma El Caburé S.A. El letrado cuestionó el rumbo de la investigación y denunció la existencia de presuntas maniobras para evitar que la causa avance sobre funcionarios de mayor jerarquía dentro del Gobierno de San Luis, encabezado por Claudio Poggi.
La Justicia investiga, concretamente, el desvío y la desaparición de una cosecha de maíz de 2 millones de dólares de El Caburé S.A. El principal imputado por el delito, realizado al margen de la Ley de Contabilidad, es Ricardo André Bazla, ex secretario de Ética Pública provincial que debió renunciar en marzo ante el avance de la causa.
Según explicó en un video que fue difundido en sus redes sociales, en los expedientes civiles y administrativos existen elementos que contradicen la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal respecto de la ocupación y explotación del establecimiento rural. En ese marco, apuntó contra funcionarios como Federico Trombotto, Víctor Endeiza y un familiar de Gonzalo Amondaraín, a quienes vinculó con supuestas maniobras de encubrimiento.
Uno de los principales planteos de la defensa se relaciona con el momento en que el Estado provincial tomó control efectivo del predio. De acuerdo con Celdrán, el propio Gobierno habría reconocido en otra causa judicial que la posesión formal del campo se concretó recién en abril de 2024, cuando la siembra de maíz ya se encontraba avanzada.