El Gobierno formalizó este viernes a través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial de 2026 la promulgación de la Ley de Presupuesto, una norma central para la gestión que había sido aprobada en una sesión especial del Senado el pasado 26 de diciembre. La votación había cerrado con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.
El texto, que había llegado a la Cámara alta con media sanción de Diputados, proyecta en su artículo 4° un resultado financiero superavitario de $226.469 millones, en contraste con los déficits registrados en ejercicios anteriores. Al mismo tiempo, establece gastos corrientes y de capital por aproximadamente $148.000 millones, con una fuerte asignación a servicios sociales.
La aprobación del Presupuesto fue posible gracias al respaldo del PRO y de otros bloques aliados a La Libertad Avanza, mientras que el kirchnerismo votó en contra de una iniciativa considerada estratégica para el Gobierno de Javier Milei y su programa económico.
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El Gobierno también avanzó con la Ley de Inocencia Fiscal
A través de un decreto, el Ejecutivo oficializó también la promulgación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que introduce cambios en la Ley 24.769 del Régimen Penal Tributario. La norma eleva de manera significativa los montos desde los cuales se considera la evasión impositiva y amplía los umbrales que limitan la obligación de informar operaciones financieras, una decisión que reduce el alcance del control tributario
En concreto, el nuevo esquema eleva el piso de la evasión simple de $1,5 millones a $100 millones y el de la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones. También se incrementa hasta los $100 millones el monto a partir del cual la falsificación de facturas pasa a ser considerada un delito penal, mientras que para quienes accedan a beneficios fiscales el umbral de deuda se fija en $200 millones.
Más allá de la actualización de valores, la ley incorpora un mecanismo de regularización que volvió a generar controversia. ARCA queda habilitada a no impulsar denuncias penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes. En los casos en los que la acción judicial ya haya sido iniciada, la causa se extingue con el pago del total adeudado más un recargo adicional del 50%.
La normativa también acorta de cinco a tres años el plazo de prescripción de las deudas impositivas y crea el denominado “Régimen Simplificado de Ganancias”, un esquema opcional destinado a contribuyentes con ingresos anuales inferiores a los $1.000 millones y un patrimonio menor a los $10.000 millones, siempre que no estén categorizados como grandes contribuyentes.
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