Pese al anuncio de envío de partidas presupuestarias por parte del Gobierno nacional, universidades de todo el país realizan un paro en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mejoras salariales para los trabajadores y mayor presupuesto para becas y programas estudiantiles. Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) realizan una huelga hasta el viernes y desde la Federación Universitaria de Rosario (FUR) confirmaron que la próxima semana habrá una nueva medida de fuerza de 48 horas.
Entre otros reclamos también está la restitución y pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), fondos para capacitación y actualización de la garantía salarial. "Por salarios dignos, por presupuesto para las universidades y en defensa de la Universidad Pública, la lucha continúa", señaló CONADU Histórica.
La presidenta de la FUR, Karen Lingenfelder, sostuvo que existe consenso sobre la necesidad de una acción de fuerza en este contexto, ya que "a un médico no se le pregunta si puede operar sin instrumentos". Según su planteo, la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario constituye una "decisión política", no un problema administrativo ni una falla de otros poderes del Estado, y representa un reclamo tanto de la sociedad como de los demás poderes.
Ante la consulta sobre si tantos días sin clases perjudica a los estudiantes que hacen un esfuerzo importante para sostener sus estudios, Lingenfelder reconoció que los paros no son una novedad en la universidad pública, más allá del gobierno de turno, pero remarcó que la situación actual es inédita porque, según su lectura, "ningún gobierno anterior había desfinanciado tan rápido y tan profundamente a la universidad pública".
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Respecto de si las medidas de fuerza lograrán torcer la postura del gobierno, la titular de la FUR consideró que no serán los paros en sí los que generen ese efecto, sino la movilización conjunta de toda la sociedad. En diálogo con el programa La Barra de Casal, recordó que ya se realizaron cuatro marchas federales multitudinarias, con participación de millones de personas en todo el país, y que esa presión social fue la que permitió destrabar acuerdos salariales y el levantamiento de vetos presidenciales.
El presidente Milei primero vetó la Ley de Financiamiento pero en octubre de 2025 el Congreso logró insistir con su sanción y la mantuvo en vigencia. Luego, el Poder Ejecutivo buscó eliminarla mediante un artículo incluido en el proyecto de Ley del Presupuesto 2026, pero este punto fue rechazado por los legisladores. Por eso, desde hace varios meses que el jefe de Estado apuesta a la estrategia de la judicialización para demorar su aplicación, y ahora el asunto está en manos de la Corte Suprema.
Los números del ajuste de Milei a las universidades
Hasta mayo, según cifras del Grupo EPC, el presupuesto real de las universidades había caído un 37,4% respecto a diciembre de 2023, una baja de casi 0,3 puntos del PBI. A su vez, los salarios de los docentes e investigadores universitarios habían caído un 33% real hasta marzo pasado también a partir de la asunción de Milei, por lo que el sueldo bruto de un docente universitario con dedicación simple y 10 años de antigüedad se encontraba en 332.000 pesos en abril pasado, según cifras de la CONADU.
Además, el Grupo EPC advirtió que, a abril pasado, la ejecución presupuestaria para los hospitales universitarios había caído un 70% si se proyecta a todo el año el gasto del primer cuatrimestre. Esto implicaría una baja del 56% respecto a la ejecución de 2023 (ya que en este ítem sí hubo una suba real en 2024 y 2025).
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Según un relevamiento del CEPA, el salario real de trabajadores docentes y no docentes universitarios cayó 23,1 por ciento respecto de noviembre de 2023 durante ese período inicial y continuó deteriorándose durante 2025 y los primeros meses de 2026. “Durante 2025 volvió a registrarse una contracción adicional del 10,1%, acumulando así una caída total del 32,1%. Finalmente, en el primer cuatrimestre de 2026 se produjo una nueva reducción en términos reales”, indica el documento.
El informe compara los salarios básicos universitarios con el valor de la Canasta Básica Total correspondiente a un hogar tipo y concluye que la mayoría de los cargos docentes y no docentes se ubica por debajo de la línea de pobreza. En marzo de 2026, la CBT alcanzó los 1.434.464 pesos y, entre los docentes, sólo los titulares con dedicación exclusiva superaron ese umbral.