En medio del fuego cruzado entre la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich y el ministro de Economía Luis Caputo por los cambios en el Presupuesto 2027, el gobierno libertario oficializó una exigua actualización automática del 1,7% para los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad correspondientes a septiembre.
La medida, formalizada por la Secretaría Nacional de Discapacidad mediante la Resolución 3487/2026 en el Boletín Oficial, traslada la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en agosto. Sin embargo, el incremento resulta insignificante frente al atraso acumulado en las prestaciones.
“Sigue sin cumplirse la compensación: todo lo que se perdió en años anteriores porque no actualizaron nada; el estudio de costos, para que realmente digan cuánto sale cada prestación y la paguen; y la entrega de pensiones que sigue frenada”, indicaron a El Destape desde el Foro Permanente Discapacidad. Sobre los nuevos recortes que el Gobierno incluyó en el Presupuesto, no descartaron llevar adelante movilizaciones para rechazar la medida.
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Aunque la actualización da continuidad a los reajustes mensuales basados en la inflación de dos meses atrás —como el 2,1% aplicado en agosto y el 1,9% de julio—, las organizaciones de especialistas advierten sobre un fuerte retraso. Desde el Foro señalaron que las prestaciones arrastran un retraso de aproximadamente el 40% respecto de los costos reales del sector.
El desfasaje se origina en una aplicación parcial de la ley: la normativa estableció que desde el 1° de enero de 2025 debía fijarse un nuevo arancel y actualizarse mensualmente de acuerdo con la inflación, el cálculo se realizó sobre los valores de diciembre de 2024. De este modo, no se contempló el incremento inflacionario acumulado durante 2024, por lo que las actualizaciones posteriores partieron de una base atrasada.
Fuego cruzado entre Bullrich y Caputo por la letra chica del Presupuesto
A la crisis total en el sector de Discapacidad se sumó la interna política abierta en el oficialismo por la propuesta presupuestaria del Ejecutivo. Tras conocerse la letra chica de la ley de leyes, Bullrich apuntó de manera directa contra Caputo por haber incluido reformas estructurales al régimen de discapacidad sin consultar al bloque parlamentario.
En declaraciones televisivas, la legisladora libertaria calificó los cambios imprevistos como "una bomba atómica" y manifestó: "De golpe viene una bomba atómica. Yo tengo que ser sincera y decir 'a mí no me tomen de tonta'. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta".
Bullrich advirtió que la falta de información por parte del Palacio de Hacienda resiente la cohesión interna en el Gobierno y compromete su posición política. "El presupuesto viene de Economía, yo no quiero acusar a nadie, pero lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa", reclamó la senadora, e insistió: "Yo no sabía. Y si eso pasa quedás como un tonto".
Otro brutal ataque contra los discapacitados
El reclamo de la senadora se enfoca en las modificaciones de los artículos 36 al 41 del proyecto de Presupuesto 2027, los cuales reestructuran el acceso a los beneficios y la asignación de recursos. Entre las medidas más cuestionadas, el texto reemplaza el modelo social de discapacidad por el concepto médico de "invalidez laboral" y elimina al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso directo a la pensión no contributiva.
Además, el artículo 37 extingue la pensión ante cualquier empleo registrado o alta tributaria, mientras que los artículos 39 y 41 eliminan los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, habilitando a cada obra social, prepaga o jurisdicción a fijar montos diferenciados y reemplazando la movilidad mensual por esquemas trimestrales.
La iniciativa también deroga las garantías de cobertura de salud fijadas por la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793), profundizando un esquema en el que la reciente suba del 1,7% resulta insuficiente ante el ajuste proyectado.