La diputada provincial Silvia Sosa Araujo (PJ-Pueyrredón) cuestionó el proyecto de reforma parcial de la Constitución de San Luis impulsado por el gobernador Claudio Poggi, que fue aprobado por la Legislatura con 30 votos a favor y 13 en contra y ya se convirtió en ley. La legisladora puso en duda la necesidad de la iniciativa, cuestionó el proceso de debate y advirtió sobre el costo que tendrá en un contexto que describió como de emergencia económica y social.
Uno de los principales cuestionamientos de Sosa Araujo estuvo dirigido al procedimiento utilizado para impulsar la reforma. Según sostuvo durante el tratamiento legislativo, el oficialismo no convocó a instituciones de la sociedad civil para discutir los cambios propuestos.
“Si nosotros vamos a esta declaración de necesidad no sabemos dónde está la necesidad a la que hace referencia”, afirmó la diputada. En ese sentido, señaló que los fundamentos del proyecto plantean la necesidad de “dotar de mayor institucionalidad” a la provincia, pero cuestionó que no se haya abierto un debate más amplio.
Sosa Araujo comparó el proceso actual con la reforma constitucional de 1987 y recordó que en aquella oportunidad participaron más de 40 instituciones, entre universidades, iglesias y partidos políticos. Según su planteo, en la discusión actual la participación fue más acotada y cuestionó particularmente la falta de convocatoria a sectores políticos.
El costo de la reforma
Otro de los ejes de la exposición de la diputada fue el impacto presupuestario del proceso constituyente. Sosa Araujo recordó que desde el inicio de la gestión de Poggi rige en San Luis una ley de emergencia y sostuvo que existen otras prioridades vinculadas con la situación económica y social.
En ese marco, mencionó un índice de pobreza del 30,1% y afirmó que durante el período reciente cerraron más de 344 fábricas. Frente a ese escenario, cuestionó que se destinen recursos públicos a la organización de la reforma constitucional.
Según detalló, el proyecto de Presupuesto ingresado a la Legislatura el 31 de agosto contempla $200 millones en gastos de capital para la Convención Constituyente y otros $3.604 millones destinados a la organización del proceso.
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La cifra, de acuerdo con la legisladora, supera los más de $2.600 millones previstos el año anterior. El incremento se explica, según su exposición, porque los 52 convencionales constituyentes serán elegidos en 2026 junto con las elecciones generales, utilizando la misma boleta.
Para Sosa Araujo, el gasto no guarda relación con la necesidad planteada por el oficialismo. “Estamos hablando de lo que cuesta esta reforma electoral que lo único que hace y el único objetivo final es la prohibición de ir más allá de dos periodos”, sostuvo.
Críticas a la extensión de mandatos
La diputada también cuestionó una de las cláusulas transitorias incluidas en la reforma, vinculada con la duración de los mandatos legislativos. Según explicó, la norma establece una prórroga excepcional para los diputados y senadores provinciales elegidos en las elecciones de 2025. Esos mandatos, que bajo la Constitución vigente deberían finalizar en 2029, se extenderían hasta 2031.
“¿Por qué no se dictó una cláusula transitoria que decía que iba a haber una elección excepcional para elegir diputados por dos años?”, planteó Sosa Araujo.
La legisladora sostuvo que esa disposición implica extender el período para el cual fueron elegidos los actuales legisladores y cuestionó que la decisión no haya formado parte del debate público con mayor profundidad: “La gente no nos votó para eso”.
En el cierre de su intervención, Sosa Araujo vinculó sus críticas con el principio de representación democrática y sostuvo que los cargos públicos deben tener una duración determinada por la voluntad popular.
“Vamos en contra de la voluntad del pueblo”, afirmó, y agregó que “en democracia nadie debería ser el dueño del poder”. Para la diputada, los cargos constituyen responsabilidades temporales que deben ejercerse durante el período para el cual fueron otorgados mediante el voto.