La oposición en Diputados recibió como una buena señal la decisión de la Corte Suprema de convocar a conjueces para tratar una causa conexa a la Ley de Tierras. Mientras, sigue la búsqueda de los votos para que el 15 de octubre se rechace el DNU que deroga la regulación de la propiedad del territorio nacional.
Quienes impulsan la sesión clave creen que el máximo tribunal podría apagar la efervescencia social desatada con un fallo que borre con el codo lo que escribieron con la mano la semana pasada cuando avalaron la eliminación del único freno legal a la extranjerización territorial. “Es una señal muy fuerte la que están mandando”, coinciden tanto en el peronismo como en espacios federales. “Significa que vamos por el buen camino. Nosotros tenemos que seguir juntando adhesiones en la calle y en el Congreso”, enfatizan en el justicialismo.
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“El escenario es difícil pero no imposible”, confía un encargado del quórum y de conseguir los apoyos. “El paseo por París nos va a costar”, admiten. La mayoría de los diputados federales indecisos aguardan la decisión de sus jefes políticos, los gobernadores, atravesados por la negociación con el Gobierno por las primarias y el presupuesto. “Hablamos con todos aunque no tengamos buenos resultados. Tenemos una línea con el gobernador de salta Gustavo Sáenz pero no no ha dado muchos resultado. Con el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo tampoco tenemos claridad”, destacó el armador.
Si bien la atención para el 15 está concentrada en lo que suceda con el mega decreto 70/2023 y su rechazo total, el temario convocado por la oposición incluye las medidas para ayudar a los endeudados y la renovación de la emergencia en discapacidad. Sobre este punto el Gobierno se encamina a un seguro revés en el recinto. Hoy los diputados aliados que colaboraron con la redacción de la “propuesta superadora” para las personas con discapacidad recibieron de la Casa Rosada la confirmación de que no serán admitidos más cambios.
“El diputado Ricardo Herrera Aguad le pidió cambios al oficialismo por pedido de las organizaciones y les dijeron que no”, confiaron desde un despacho. Ese sector había sido clave para el proyecto alternativo que redactó La Libertad Avanza en un giro de la estrategia oficial avalada por Martín Menem. Sin embargo, esos legisladores emitieron un dictamen propio que dividió a la oposición en dos y permitió al Gobierno conseguir el apoyo mayoritario en el plenario de comisiones.
“Sin estos cambios, no votan la ley del gobierno y nos acompañan en la renovación de la emergencia en discapacidad”, ratificaron en la oposición. Los pedidos de modificaciones respondían a observaciones solicitadas por las familias de las personas con discapacidad. Los puntos estaban relacionados con garantizar partidas para las pensiones no contributivas y cobertura sanitaria, la recomposición arancelaria, mejorar la canasta de cálculo, la regularidad de los pagos y contemplar las desigualdades territoriales en transporte, entre otros. “El gobierno no tiene voluntad y la única herramienta es la emergencia”, replican entre los opositores.
“Hay que acomodar la redacción porque no coinciden el dictamen con el presupuesto”, matizaron desde la mesa política pero se mostraron optimistas en evitar un nuevo revés. De no mediar cambios, la oposición tiene los votos para voltear la iniciativa del gobierno y renovar la emergencia en discapacidad para el año que viene.