La inminente creación de la Agencia de Seguridad Migratoria y las modificaciones que ya viene realizando en esa materia el gobierno de Javier Milei no responden a una crisis real ni a un nuevo escenario delictivo, sino a un giro “ideológico” que busca transformar a la migración en una amenaza a la seguridad y convertir a los migrantes pobres en un nuevo "chivo expiatorio". Así lo advirtió Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al analizar el cambio de orientación de la política migratoria impulsado desde el Ministerio de Seguridad.
Aunque el decreto que dará forma a la nueva agencia todavía no fue publicado, para Tufró el recorrido previo del Gobierno ya permite anticipar el sentido de la iniciativa. “Este gobierno avanza sin hacer ningún debate político, sin que se sepa bien a qué responden las medidas, a qué diagnóstico”, sostuvo. Según explicó en diálogo con El Destape, el Ejecutivo está modificando de hecho la política migratoria “sin cambiar la ley”, a través de decretos y resoluciones administrativas que alteran el espíritu de una norma que considera a los migrantes como sujetos de derechos.
De acuerdo con el especialista, el desplazamiento es claro: de un modelo centrado en la regularización a otro basado en la persecución. “El Estado antes iba a buscar a las personas migrantes que no tenían papeles para ayudarla a hacer los papeles. No las iba a cazar para echarlas”, señaló Tufró, al contrastar la lógica vigente durante años con la orientación “securitaria” que ahora impulsan los libertarios. En esa nueva mirada, advirtió, “el migrante no es una persona que tiene derechos y a la que hay que ayudarla a regularizar su situación, sino que es básicamente una amenaza a la sociedad y hay que expulsarlo”.
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Para el referente del CELS, este viraje no se apoya en datos ni en una situación crítica concreta. “La Argentina no tiene un problema migratorio grave”, remarcó, y cuestionó: “¿Qué situación crítica justifica este desplazamiento de un modelo basado en tratar de construir derechos a un modelo securitario, como si los migrantes fueran una amenaza a priori?”. En ese sentido, desmintió un argumento clave del gobierno de Milei para justificar el viraje en la política migratoria: “Siempre estuvieron las herramientas para impedir la radicación de personas con antecedentes o prófugos. Eso ya existía”, señaló Tufró.
La referencia constante del Gobierno al modelo estadounidense también es parte central de la crítica. Tufró calificó como “entre patética y peligrosa” la decisión de “imitar todo lo que hace Donald Trump”, y advirtió que replicar un esquema similar al del ICE implicaría “un paso enorme hacia un Estado mucho más autoritario”. Al describir el funcionamiento de las fuerzas migratorias en Estados Unidos, fue contundente: “Van disfrazadas, anonimizadas, se tapan la cara. Eso puede tener sentido en fuerzas que combaten cárteles, pero acá que esto se haga para atrapar pobres claramente tiene una función de asustar y de generar miedo”.
Esa lógica, sostuvo, no es accidental. Para Tufró, la política migratoria actual apunta a construir un chivo expiatorio social. “Orientar el mal humor social hacia un solo objetivo que son los migrantes pobres”, definió, y agregó que el enfoque está “atravesado por el racismo y el clasismo”, ya que el señalamiento recae siempre sobre migrantes de países limítrofes y sectores vulnerables. “Es una política más orientada a generar un lugar donde depositar todos los problemas”, afirmó.
El episodio en La Matanza y la política migratoria bajo control policial
El operativo realizado recientemente en el partido bonaerense de La Matanza es, para el especialista, una muestra clara de esa estrategia. “Está clarísima la ideología, está clarísima la orientación política, hacerlo en un territorio que es políticamente adverso”, señaló. Además, subrayó la paradoja legal del despliegue: “Esos operativos no tienen ninguna consecuencia más que generar miedo y divisiones”. Según explicó, la situación migratoria irregular no es un delito, por lo que el uso de fuerzas policiales en estos casos implica “un gasto de recursos del Estado” sin impacto real en términos de seguridad.
Para Tufró, el cambio de paradigma ya está en marcha, incluso antes de la eventual creación formal de la nueva agencia migratoria. Recordó que el Ministerio de Seguridad fue incorporado a la Comisión Nacional de Refugiados y que la Dirección Nacional de Migraciones fue trasladada desde el Ministerio del Interior a Seguridad, lo que consolida una mirada policial sobre un área históricamente administrativa. “El gobierno está cambiando el sentido de la política migratoria sin modificar la ley porque no quiere o no puede dar un debate en el Congreso”, concluyó.
En ese marco, advirtió que el principal riesgo no es solo institucional, sino social: la normalización de un discurso que presenta a la migración como una amenaza y habilita prácticas de control y estigmatización. Un camino que, según el CELS, no busca resolver problemas reales, sino producir miedo, disciplinamiento y rédito político.
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