El presidente del Tribunal de Ética de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, Iván Montanaro, se mostró en favor de un punto crítico de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que genera preocupación entre los inquilinos. "El desalojo exprés prevé dos situaciones: el de usurpación y el que sobreviene de una relación contractual por vencimiento o falta de pago", afirmó.
Si bien la Ley de Tierras se cayó por la presión del pueblo, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el gobierno de Javier Milei, ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados.
El texto que avanzó en el Senado y que ahora deberá discutirse en Diputados propone modificar el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial de la Nación con el fin de acelerar los desalojos en situaciones donde el contrato de alquiler venció o cuando existe falta de pago por parte del inquilino. Incluso, se busca modificar el rol del juez en los casos donde haya involucrados menores de edad.
Montanaro cruzó las posturas críticas en torno a la medida: "Hay muchas apreciaciones políticas dando vueltas cuando se trata de una situación fáctica. El que hace una inversión en una vivienda o local comercial no lo hace por beneficencia, lo hace como un negocio y en muchos casos es su única fuente de ingreso", aseguró.
MÁS INFO
Asimismo, el dirigente inmobiliario remarcó la importancia de acortar los plazos procesales en los tribunales provinciales para garantizar la restitución de los inmuebles a sus dueños. "Si bien hoy el desalojo está previsto, este proyecto viene a dar seguridad jurídica acortando plazos a través de procesos sumarísimos, para lo cual las provincias deberán adherirse y modificar sus códigos procesales", dijo en declaraciones para Radio UNNE.
Frente a casos de vulnerabilidad social, desempleo o familias con menores y personas con discapacidad que no pueden sostener el pago del alquiler, Montanaro fue categórico sobre las responsabilidades institucionales: "Quien tiene que dar la solución es el Estado. Es ahí donde el Estado tiene que dar las herramientas necesarias para que esa persona pueda acceder a una vivienda", sostuvo, al tiempo que cuestionó la parálisis de la obra pública y de la construcción de viviendas a nivel nacional.
Qué ocurre en casos donde hay menores, personas con discapacidad y adultos mayores
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto, es el cambio del rol del juez en los desalojos que involucren a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores. Antes el magistrado estaba obligado a garantizar los derechos procesales de estos grupos, la nueva normativa busca eliminar esa exigencia directa y traslada la responsabilidad a los organismos locales de protección, que deberán intervenir una vez iniciado el proceso.
Así, cuando en la vivienda residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes. Además, se establecerá un plazo adicional de hasta diez días para buscar una solución habitacional transitoria.