Se terminó el marketing, empieza la realidad

A pesar de la feroz campaña comunicacional que intentó convertir a Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña en una suerte de abanderados de la civilización contra los bárbaros que no querían a la educación, el gobierno porteño se demuestra, a pocas horas de la fecha de inicio de clases, absolutamente incapaz de garantizar las condiciones sanitarias mínimas para presencialidad segura. La conclusión no es fruto de una visión subjetiva. No se origina siquiera en la lógica desconfianza hacia una gestión que cuando no había pandemia intentaba cerrar profesorados, secundarios nocturnos y hasta jardines de infantes. Nada de eso. Es el resultado de un relevamiento exhaustivo realizado en las últimas semanas por familias y personal docente y no docente de las escuelas porteñas. Es decir, por quienes sostiene con su esfuerzo y compromiso el funcionamiento real del sistema educativo.

La previa

Los hechos comenzaron mucho antes de que la discusión impregnara las pantallas y las tapas de los diarios. Cuando a comienzos de la pandemia los docentes advertimos que muchos estudiantes no iban poder acceder a la educación por la falta de dispositivos y conectividad producto de la decisión de Macri en la Nación y Larreta en la Ciudad de discontinuar la entrega de netbooks a través de los Planes Conectar Igualdad y Sarmiento respectivamente. Las autoridades porteñas, en lugar garantizarlo, empezaron a insistir con una presencialidad sólo para los hogares de bajos recursos económicos. Un acto de discriminación contrario a la esencia misma de la educación pública.

Luego, cuando la experiencia mundial confirmaba que la escuela presencial, la organización del trabajo y sus edificios debían modificarse para empezar a diagramar un retorno seguro, el gobierno porteño eligió gastar en publicidad en lugar de acondicionar las escuelas. Durante todo el año pasado se siguieron arreglando canteros, cambiando baldosas y comprando macetas mientras no se realizaba ninguna obra relevante de infraestructura en las escuelas. Ni siquiera los arreglos menores para que funcionen los baños o no se inunden las aulas. Esto tuvo su corolario el 11 de diciembre de 2020 con la sanción del presupuesto educativo más bajo de la historia de la ciudad: Sólo un 17,8 por ciento destinado al área sobre el gasto total. Aún peor, ese ajuste se conformó entre otras cosas por recorte de más del 70 por ciento en infraestructura escolar y 371 millones de pesos quitados al Plan Sarmiento.

Durante los últimos meses se anunció sin ninguna precisión una supuesta vuelta a clases presenciales del 100 por ciento dos semanas antes que es resto del país. “Todos los chicos, todos los días”, rezaba el eslogan mientras no se escribía ni una línea acerca de con qué protocolo se cumpliría la promesa. Finalmente, por expreso pedido de familias y docentes, se presentó un protocolo

La letra

Los docentes y las familias reivindicamos la presencialidad educativa. Sabemos que es irremplazable y lo sosteníamos antes del COVID-19, cuando las empresas como Kuepa del ex ministro Ezequiel Sanchez Zinny nos querían vender la virtualidad educativa como una panacea que iba a desplazar el vínculo pedagógico docente alumno. Lo seguimos sosteniendo ahora. Por eso creemos que las condiciones para la presencia física deben abordarse de manera responsable, como lo establecen las recomendaciones de instituciones dedicadas a la salud y a la infancia tanto nacionales como a nivel global. En ese sentido, tras muchas conferencias de prensa y algunas reuniones en las que sólo se declamaban intenciones, el Ministerio de Educación de CABA, accedió a lo que tendría que haber hecho desde el primer momento: poner en papel un protocolo que estableciera las condiciones de la presencialidad.

Sin embargo, ese escrito no cumple con las características del género. Como diría un profesor de Lengua, no adecua el vocabulario al propósito y al tipo de texto. Por un lado, resulta inconsistente por la vaguedad o ambigüedad de sus términos. En lugar de prescribir conductas efectivas y objetivas, utiliza palabras como “recomienda” en siete oportunidades, o “promover”, donde deja a criterio subjetivo cuestiones como “la cantidad de personas en los baños” o “trapear los pisos” o “sanitizar los tableros” de escuelas técnicas. En vez de establecer los cuidados concretos abusa de verbos como “intensificar” o “extremar” los cuidados en determinadas situaciones. No se entiende si fuera de ellas, ¿se deberían “relajar” o “minimizar” estas precauciones? Pero a pesar de sus contradicciones internas, la mayor incongruencia del protocolo es con las condiciones edilicias reales de nuestras escuelas.

Los datos

Con estos antecedentes no es extraño que la pormenorizada Verificación Técnica Escolar (VTE) realizada por la comunidad educativa arribara a los datos a los que llegó. Pruebas al canto. Un aspecto esencial para prevenir la circulación del virus es la ventilación de los espacios. Según el relevamiento realizado, el 66,9 por ciento de las aulas carece de doble ventilación. La inmensa mayoría no tiene ventanas a espacios exteriores. Del total de salones revisados, dos tercios no presenta bancos individuales sino dobles. Es decir, el estricto cumplimiento de la distancia de un metro y medio entre un estudiante y otro no lo garantiza ni el propio mobiliario del aula. Esto, combinado con el límite de los metros cuadrados promedio, hace imperioso que casi la totalidad de los grupos deban dividirse en dos o tres subgrupos. Acción que supone, de modo indefectible, la bimodalidad de la educación presencial y a distancia y la incorporación de docentes suplentes para hacerla posible. Siempre según el informe centralizado por la Secretaria de CyMAT de UTE, el 58,6 por ciento de los establecimientos no presenta sanitarios suficientes para la población escolar completa. Casi la mitad, un 48,7 por ciento informó que no funcionan los artefactos y un tercio adolece de baños de discapacitados.

La muestra tomada de más de 600 edificios escolares revela una precaria situación edilicia que viene de arrastre pero que se agrava en el contexto de pandemia. El Comercial 2 “Antonio Bermejo”, por ejemplo, de la calle Riobamba al 600, tiene dos sectores de su edificio clausurados por derrumbes. La Escuela de Educación Especial 7 cuenta sólo con espacios reducidos y sin ventilación, no sólo en las aulas, sino también en el patio. Según su comunidad “es un edificio no apto para escuela menos para cumplir el protocolo”. En la de Comercio 7 del Distrito 10º, el patio es descubierto en su totalidad, pero se inunda cuando llueve y no hay comunicación techada entre edificios, por lo tanto, en los días de lluvia, docentes y alumnos meten sus pies en el agua para poder dirigirse de un sector a otro.

Tampoco el transporte parece haber sido tenido en cuenta por el gobierno porteño, que en el protocolo se limita a “recomendar” el uso de bicicleta o la caminata. De acuerdo a la encuesta de CyMAT-UTE y la comunidad, el 33,2 por ciento de los estudiantes vive a más de 50 cuadras de su escuela y el 27,3 entre 20 y 50. Lo cual explica que sólo un 27 de cada cien concurra caminando y menos del 5 en bicicleta. El resto, casi el 70 por ciento lo hace en algún medio de transporte: 51,6 en colectivo, 5,4 en subte y 10,9 en auto particular.

Lo abrumador de los datos, el contraste con los anuncios y la falta de adecuación al protocolo, pone en evidencia que el objetivo no es la educación. De lo contrario, primero se hubiera invertido; luego, elaborado los protocoles seguros y, por último, realizado los anuncios. La dupla Acuña-Larreta hizo lo contrario: antes que nada, anunció; luego, armó protocolos por compromiso. La inversión educativa no llegó nunca.

Las clases presenciales de febrero de Larreta van camino al fracaso como fracasaron las burbujas escolares de octubre pasado. La comunidad educativa nunca acompaña el marketing y la improvisación. Dentro de la escenografía amarilla de las conferencias de prensa transcurre una ficción que no es ni será la realidad de las escuelas concretas. Depende del conjunto de la ciudadanía porteña terminar con este tipo de gobierno que pretende acostumbrarnos a esta especie de universos paralelos: por un lado, el mundo del marketing y, por otro, nuestra vida cotidiana. Es esa voluntad colectiva la que va a lograr, en el marco del ejercicio de la democracia, que recuperemos la inversión en salud y educación que perdimos durante la última de década en la ciudad más rica del país.