Antes de dejar el poder, el gobierno de Mauricio Macri buscará dejar un inmenso negociado, como legado, a sus amigos. Sin estudio de impacto ambiental y a contramano de las objeciones de los trabajadores, el Gobierno lanzó una licitación pública para la compra de arena para el relleno de una terminal portuaria exterior sobre el Río de la Plata. En terrenos construirán una isla para trasladar el Puerto de Buenos Aires y habilitar una gran caja para la especulación inmobiliaria.

La licitación pública se lanzó el pasado 4 de septiembre con la firma de Gonzalo Mórtola, interventor de la Administración General de Puertos y militante de Cambiemos. Pese a que en las últimas semanas, a raíz de las notas de El Destape, los directivos de la AGP definieron no ir a trabajar a las oficinas por miedo a filtraciones de información, solicitó iniciar el procedimiento para la provisión de 1.300.000 metros cúbicos de arena para el relleno de la terminal exterior, que se realizará en 300 días de corrido.

Por los trabajos de la contratación, se estimó un presupuesto oficial de $33.300.000 más IVA, o sea US$ 16.980.000 más IVA que serán computados como "mejoras sobre los terrenos" dentro del presupuesto del ejercicio que comenzará el 1 de enero de 2020. O sea, herencia para la próxima gestión.

 

 

Con esa arena se podrá "generar la superficie donde se desarrollará la nueva Terminal Exterior del Puerto de Buenos Aires en consonancia con su Plan de Modernización", reza la licitación pública, así como la "concesión d ela obra pública para la construcción, conservación y explotación de la terminal en Puerto Nuevo - Puerto de Buenos Aires", el único federal y más importante del país.

Como reveló El Destape, en 2016 el PRO empezó a diseñar el proyecto que se convertirá en un negocio millonario para los amigos de siempre, como Nicolás Caputo, Paolo Rocca y Eduardo Costantini. El plan comenzó hace tiempo con la construcción de Catalinas I y II, el Antepuerto y el Paseo del Bajo y se completará con el traslado del Puerto de Buenos Aires a terrenos ganados al río para liberar las terminales actuales y habilitar negocios inmobiliarios, comerciales y turísticos.

Actualmente, tres empresas operan el Puerto y el objetivo es reducirlas a una sola. Suena fuerte una de Singapur de donde, curiosamente, es cónsul Nicky Caputo. Esta reducción, y su traslado al Río de la Plata, implicará el recorte de personal que podría llegar a más de 2000 trabajadores.

El proyecto inmobiliario fue diseñado en la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Ciudad junto al Ministerio de Transporte de la Nación, de Guillermo Dietrich. Con el traslado del Puerto quedarán 27 hectáreas libres destinadas al negocio. Por código urbanístico, el 65% debe destinarse a espacio público y el 35% a privados, superficie que le asegura a los inversores una cantidad de 933.600 metros cuadrados construibles (incluye los pisos en altura) y casi 747 mil metros cuadrados destinables a la venta.

Con este marco, los privados comprarán el metro cuadrado al Estado – son tierras nacionales – por US$ 1.300 y lo venderán, como piso, a US$ 4.250. De este modo, la inversión total para la compra de todo el polígono sería de U$S 1.214 millones y la venta alcanzaría, como mínimo, los U$S 3.081 millones. 

Tal como contó este medio, varios de los interesados en participar del negociado fueron beneficiados con el blanqueo de capitales del macrismo que, entre otros puntos, estipula que no pagarán una penalidad quienes destinen esos fondos al negocio de la construcción o inmobiliario. 

En una historia donde todas las variables cierran a favor de los empresarios amigos, Mauricio Macri avanza con el megaproyecto inmobiliario antes de de dejar el sillón de Rivadavia.