28 de noviembre, 2019 | 15.54

Correo Argentino: reclaman al juez Ariel Lijo que devuelva el expediente y se resuelvan los pasos previos a la quiebra

La fiscala Gabriela Boquin realizó un pedido para evitar que se siga demorando la causa que involucra al Presidente y su familia. 

El plan de Mauricio Macri de ganar tiempo en la causa Correo Argentino comienza a resquebrajarse. La fiscala Gabriela Boquin, quien logró frenar la condonación de la multimillonaria deuda que tiene la familia Macri con el Estado, presentó ayer un escrito para intentar que se aceleren los tiempos de esta causa que ya cumplió 18 años.

En concreto, Boquin solicitó que el juez Ariel Lijo, que instruye la causa penal en la que está involucrado Macri, devuelva el expediente que según la ley podía tener 5 días y ya transcurrieron 40. Sumado a esto, insistió en que las juezas María Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, que digitan la causa por la deuda de los Macri desde la Sala B de la Cámara Comercial, resuelvan una cuestión clave que data en expediente desde 2004: el inicio del proceso de cramdown o salvataje, que implica el llamado a ver si alguien quiere comprar una empresa que no logra ordenar sus deudas, en este caso Correo Argentino. Si eso falla, el siguiente paso es decretar la quiebra.

Del salvataje a la quiebra

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El pedido de la fiscal Boquin es que se cumpla lo ordenado por la propia Sala B de la Cámara Comercial el 27 de octubre de 2004, hace más de 15 años. En esa oportunidad, la actual presidenta de la Sala B Gomez Alonso de Díaz Cordero junto al ya fallecido juez Enrique Manuel Butty dispusieron el cramdown o salvataje de Correo Argentino. Los Macri, como de costumbre, lograron dilatar la cuestión y en 2010 apelaron. Desde entonces, la cuestión está frenada en la misma Sala B de la Cámara Comercial.

La fiscala Boquin, en el escrito al que accedió El Destape, plantea que la Sala B de la Cámara Comercial debe decidir si inicia el procedimiento de cramdown o salvataje de Correo Argentino, si existen las mayorías previstas por la ley para aceptar las propuestas de pago de los Macri y, en ese caso, que se analice si esa propuesta “es o no abusiva o si se han conformado las mayorías en fraude a la ley”. Esto es clave, ya que la propia Boquin ha demostrado en distintas presentaciones que los Macri fraguaron las mayorías necesarias para la aceptación de las propuestas de pago de sus deudas.

En su último escrito, la fiscala Boquin recuerda que, tal como informó El Destape, la última propuesta que hicieron los Macri para el pago de su deuda implicaba el pago en una única cuota de 296 millones de pesos con 18 años de retraso y que los intereses se paguen con plata que el Estado supuestamente les debe a ellos. O sea, reconocieron que tienen plata y que deben pagar intereses, salvando la cuestión de que presenten hacerlo con dinero del propio Estado.

Apenas estalló este escándalo, el entonces ministro de Comunicación Oscar Aguad aseguró que la ley “no permite actualizar ni cargar intereses de la deuda en un concurso de acreedores.  Era el argumento de los Macri. En sus justificaciones a la maniobra ordenada por el presidente Macri para condonarle la deuda a su familia, el ministro Aguad también afirmó que habían aceptado la propuesta que hicieron los Macri, que implicaba una quita del 98,82% de la deuda,  porque se trataba “de un deudor sin recursos económicos”. Problemas para Aguad, ya que las propias propuestas posteriores de los Macri lo desmintieron. Tienen plata y reconocen que hay que pagar intereses.

También debe tenerse presente que el paso del tiempo sin resolverse la situación de la deudora, ha producido un daño por la licuación del pasivo posconcursal, afectando no sólo al Estado Nacional (…), sino también a los restantes acreedores. Ello sin olvidar el posible vaciamiento de la empresa que se ha producido a lo largo de los años transcurridos luego de la presentación concursal y que ha sido también objeto de denuncia por mi parte”, afirmó Boquin. Tal como informó El Destape, el concurso preventivo de Correo Argentino cumplió 18 años el pasado 19 de septiembre. La fiscala suma a esto la existencia de deuda por impuesto a las ganancias y ganancia mínima presunta desde el 2013 en adelante por 600 millones de pesos que publicaron los portales El Intransigente, Portal de Noticias y Cenital.

Devolvelo

El escándalo del Correo se conoció el 8 de febrero de 2017, día que Macri cumplió 58 años. No habrá podido festejar ya que desde entonces quedó imputado en una causa penal en manos del juez Lijo. El fiscal original de la causa era Juan Pedro Zoni, pero Macri se ocupó de su procurador interino Eduardo Casal lo desplazara de un plumazo para colocar en su lugar primero a Gerardo Pollicita y finalmente a Eduardo Taiano. En esa causa penal están imputados Macri, el entonces Ministro de Comunicación Oscar Aguad, directivos del Grupo Macri como Jaime Cibilis Robisora y Jaime Kleidermacher, el histórico abogado de los Macri y actual conjuez de la Corte Suprema Julio César Rivera e incluso la jueza comercial Marta Cirulli, que aún así se niega a excursarse de intervenir en la causa que tramita en su fuero.

A las demoras en torno a Correo Argentino previas a la llegada de Macri a la presidencia se le sumaron las peripecias del juez Lijo, que quedó a cargo de la investigación penal por el intento de Macri de condonarle la deuda de Correo a su familia y por la maniobras de vaciamiento de la empresa en beneficio de otras firmas del holding Macri.

El 30 de septiembre pasado el expediente de Correo (que acumula más de 100 cuerpos) salió del fuero Comercial, ubicado en Plaza Tribunales, hacia el despacho del juez Lijo en Comodoro Py.Transcurridos 40 días hábiles, los autos aún no han sido devueltos, a pesar del acotado plazo de cinco días por el cual fueron remitidos”, plantea Boquin. Esos papeles ya fueron y vinieron de Tribunales a Comodoro Py varias veces. El tiempo, como siempre, juega a favor de los Macri.

El pedido de Boquin para que Lijo devuelva los papeles es ante la iniciativa del juez de realizar un informe técnico contable. Lijo le pidió la tarea a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), nombre oficial de la oficina de escuchas que los jueces transformaron en una mini SIDE bajo su control. Además de que todo lo que requirió Lijo ya consta en el expediente, la fiscala Boquin advirtió que “si se remitiese el original del expediente a dicha Dependencia y no copias (ésto último es lo que resultaría adecuado) implicaría seguir dilatando los tiempos sin una definición en la causa comercial”. Cita para esto el artículo 273 de la Ley de Concursos y Quiebras, que lo dice clarito: “No se debe remitir el expediente del concurso a juzgado distinto del de su tramitación. En caso de ser imprescindible par la dilucidación de una causa penal, puede remitirse por un término no superior a cinco días, quedando a cargo del juzgado que lo requirió la obtención de testimonios y otras constancias que permitan su devolución en término”. Todo esto no se cumplió.

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