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19 de septiembre, 2019 | 07.49

Deuda del Correo Argentino: la causa cumple 18 años

Repaso de la causa judicial que más obsesiona a Mauricio Macri. El intento por perdonar una deuda de $70 mil millones. 

Repaso de la causa judicial que más obsesiona a Mauricio Macri. El intento por perdonar una deuda de $70 mil millones. 

La causa judicial por la multimillonaria deuda de la familia Macri con el Estado cumple hoy 18 años. Su derrotero comenzó el 19 de septiembre de 2001, pocos días antes de la implosión económica y social que eyectó a Fernando De la Rúa del Gobierno, atravesó los gobiernos kirchneristas sin que los Macri desembolsaran un centavo gracias a un abanico de maniobras con complicidad judicial y la inacción de algunos funcionarios y, finalmente, con el arribo de Mauricio Macri a la Casa Rosada, llegó el intento de condonarla, cuando el presidente buscó que su propia familia no pagara esa deuda, abortado por ahora gracias al trabajo de la fiscala Gabriela Boquin. Son 18 años, esa deuda ya es mayor de edad, pero hasta ahora la familia Macri no solo no pagó un peso sino que se dedicó a vaciar Correo Argentino. Si en algún caso aplica la muletilla de la Justicia lenta, es en este.

De Franco a Mauricio

Ese día, el 19 de septiembre de 2001, Clarín puso en tapa que Correo Argentino, empresa de los Macri, había entrado en concurso de acreedores. En la crónica, relataron que el propio Franco Macri se reunió con el aún presidente De La Rúa y que le comunicó que la empresa era inviable con los argumentos de siempre: querían una reforma laboral para bajar los sueldos y que el Estado les eliminara la competencia. “Aunque el empresario no tiene un cargo formal en Correo, es dueño de las empresas que controlan la concesión postal”, publicó Clarín entonces. No es un dato menor, como demostró la historia posterior.

Los Macri se quedaron con la concesión del servicio postal en 1997 gracias a que ofrecieron pagar un canon de 51 millones de pesos semestrales, oferta superior a la de sus competidores pero que sólo cumplieron un par de semestres para luego dar inicio a su enésima estafa al Estado. Un día como hoy, hace 18 años, se presentaron en sede judicial para decir que no podían pagar sus deudas y así se inició esta causa.

Franco Macri le dijo al juez Eduardo Favier Dubois, el primero que intervino en la causa, lo mismo que publicó Clarín: que ya no era directivo de Correo Argentino ni ocupaba ningún cargo gerencial. Agregó, sin embargo, que todas las acciones estaban en manos de la familia Macri. Ambas cosas eran ciertas. Lo que no dijo Franco es que tenía el usufructo vitalicio de casi todas las acciones de Socma, controlante madre de Sideco y Correo Argentino. Respecto a la familia, Franco que cedió las acciones a sus hijos y uno de ellos, Mauricio, las cedió a su vez en 2009 a sus propios hijos. Esa situación se mantiene hasta hoy.

Quiebra

El 16 de diciembre de 2003, el juez Favier Dubois decretó la quiebra de Correo Argentino, pero en enero de 2004 el fallo fue revocado por la misma Sala de la Cámara Comercial que interviene hasta hoy en este caso. Los nombres clave son los de María Lilia Gomez Alonso y Matilde Ballerini, que siguen al día de hoy en la Sala B. En 2003, también estaba Ana Isabel Piaggi, que participó en el primer favor judicial a la familia Macri y luego se excusó: ya se había hecho público que era la esposa de Jorge Vanossi, hombre que encabezaba por entonces la lista de diputados del PRO.

Desde ese primer fallo de la Cámara Comercial que permitió a los Macri extender los plazos para renegociar su deuda pasaron años y años, en los cuales hubo una serie de idas y vueltas cuyo único resultado fue demorar la resolución de este concurso de acreedores y que los Macri no pagaran sus deudas. Esa situación también se mantiene hasta hoy.

Durante los años del kirchnerismo, la disputa por esa deuda se mantuvo. El derrotero judicial de esta causa fue analizado tanto por la fiscala Boquin (en distintos dictámenes) como por la Procuración del Tesoro (PTN), que intervino cuando estalló el escándalo y luego de que el propio Macri firmara un decreto para regular sus propios conflictos de interés. Pero, una vez más, le salió mal. La auditoría fue realizada por Guillermo García, un abogado sin filiación partidaria con más de dos décadas en la PTN, que recorrió las más de 25.000 fojas que acumuló el expediente por la deuda de los Macri. Su análisis mostró la responsabilidad tanto de ex funcionarios como de las juezas que tuvieron en sus manos este expediente y planteó que se pueden computar intereses de la deuda. Son miles de millones de pesos en juego. A García le costó ser relegado en la PTN, pero quedó registro, e incluso avalado por Carlos Balbín, que luego de eso salió eyectado pese a que lo había nombrado el propio Macri. Esa auditoría y el trabajo de Boquin mostraron que hubo distintas propuestas de los Macri que fueron rechazadas por el Estado porque implicaban fuertes quitas. El Gobierno Nacional no fue el único. El Banco Nación, otro acreedor de los Macri, también las rechazó.

En 2009, la Corte Suprema le dijo que no a la propuesta de los Macri de compensar sus deudas con el Estado con lo que supuestamente el Estado les debe a ellos. Pese a eso, al día de hoy insisten con esa idea.

Pero la cosa cambió en 2015, cuando los Macri quedaron de ambos lados del mostrador: como deudores y con Mauricio en la presidencia. De una familia que logró estatizar su deuda privada en Dictadura, que se hizo de obra pública y concesiones, que creció gracias a su vínculo privilegiado con el Estado, no cabía esperar otra cosa que otro beneficio, esta vez auto otorgado.

70.000 millones

El 8 de febrero de 2017 Macri cumplió 58 años pero debe haber tenido poco que festejar. Ese día, por pura coincidencia, la fiscala Boquin presentó el dictamen que frenó su intento de condonarle más de 70.000 millones de pesos a su familia a partir de un acuerdo propuesto por los Macri-Empresa y aceptado por Macri-Gobierno que, en palabras de la fiscal, era ruinoso y abusivo para los intereses del Estado. En síntesis, los Macri hicieron una propuesta que implicaba una quita del 98,82% de su deuda, donde pretendían pagar su deuda de 296 millones ya verificada en el expediente en cómodas 15 cuotas, con un interés del 7% y distribuido de forma que el 50% de la deuda la pagarían licuada en los años 2032 y 2033. De la deuda que hoy cumple 18 años propusieron pagar el 1,18% y 32 años tarde. Y el Estado, bajo mando de Macri, aceptó.

La publicación de este pacto Macri-Macri y de la oposición de la fiscala Boquin desató un escándalo por el cuál se inició una causa penal contra Macri, su ministro de Comunicaciones Oscar Aguad (ejecutor material de la maniobra), así como una serie de reacciones cuyo summum llegó con la diatriba de Macri de que había ordenado la vuelta a foja cero de todo el expediente. Con el conflicto de intereses y la noción de funcionamiento judicial de Macri a la vista, lo concreto es que ni volvió a foja cero ni pagaron la deuda.

Desde entonces, Macri puso a todo el Gobierno al servicio de sus intereses económicos familiares, lo que incluyó un recambio del Procurador del Tesoro donde colocó a su abogado personal Bernadro Saravia Frías, la remoción del fiscal Juan Pedro Zoni que tenía que investigarlo en la causa penal, presiones de todo tipo contra la fiscala Boquin y operaciones mediáticas para silenciar el caso Correo.

En estos años, tal como informó El Destape, los Macri (familia y presidente) hicieron de todo: intentaron desplazar a la fiscala Boquin alegando primero que no debía investigar y luego a través de falsas denuncias por maltrato laboral; hicieron nuevas propuestas que, o imitaban la que implicaba la condonación o, peor aún, una última donde plantean pagar los 296 millones de pesos originales y que si hay intereses se paguen con juicios que asumen le ganaran al Estado; y buscaron unificar los juicios por más de 4.500 millones de pesos contra el Estado en un juez amigo, por mencionar algunas.

Vaciamiento

En paralelo a los tejes y manejes para no pagar su deuda, los Macri llevaron adelante un vaciamiento de Correo Argentino que fue descubierto por la fiscala Boquin y que es parte de la causa penal por la que está imputado el propio Macri. Esta tramita en Comodoro Py, en el juzgado de Ariel Lijo.

Ese vaciamiento incluyó desvío de fondos de Correo a Socma y Sideco, más desvíos a empresas radicadas en Uruguay y pagos millonarios injustificados que fueron a directores de Correo Argentino, estudios de abogados y consultoras y empresas de publicidad que, en muchos de los casos, tenían vinculaciones con el holding Macri y que hoy son importantes miembros del Gobierno.

En el 2003, el juez Favier Dubois bloqueó cuentas de Correo Argentino en Lehman Brothers y el BNP Paribas. En 2004 esos fondos fueron embargados. Pero en 2006 la Cámara Comercial le reintregró a los Macri buena parte de los fondos, que quisieron reinvertir en bonos del Estado pero finalmente quedaron en un plazo fijo en el Banco Ciudad. Para 2012, esa cuenta tenía más de 52 millones de pesos. Tras varios intentos de utilizar esos fondos o reinvertirlos a mejores tasas, para 2016 seguían en el Banco Ciudad Sucursal Tribunales, con un saldo de 9.666.690 dólares y 27.866.097 pesos. En el interín, los Macri trataron de retirar esos fondos con distintas excusas. La habilitación llegó en 2016, de parte de la jueza Marta Cirulli, hoy imputada por el vaciamiento pese a lo cual se niega a excusarse. En total, en 2016, los Macri sacaron de los fondos de Correo Argentino 1.645.923 pesos y 185.213 dólares.

“La mayoría de los fondos detraídos habrían tenido como beneficiario final las arcas de las controlantes de la concursada (SOCMA-SIDECO)”, sostuvo la fiscala Boquin en uno de sus dictámenes. Cuando, en 2017, los Macri quisieron repetir la operatoria, el contexto era distinto, ya que el caso Correo ya se conocía públicamente y la jueza Cirulli, que hasta entonces les había habilitado el vaciamiento, resolvió negarles un nuevo retiro de 422.973 pesos y 12.290 dólares. En lugar de aceptar la decisión de la jueza Cirulli los Macri apelaron y así esta situación llegó al escritorio de la fiscala Boquín, que corrió el velo sobre las maniobras de vaciamiento.

El capítulo Uruguay del vaciamiento de Correo Argentino es la compra de acciones de Neficor a Socma Americana, supuestamente para un proyecto automotriz, el 28 de septiembre de 2007. El valor de estas acciones fueron 2.100.000 dólares. De este monto, 1.160.625 cancelaba un crédito que Correo Argentino tenía con Socma Americana y 939.375 dólares tenían que depositarse en una cuenta corrientes de Socma Americana en el Citibank. En el contrato entre Correo Argentino y Socma establecieron que si la primera quebraba las acciones que había comprado de Neficor se las podía volver a quedar Socma. Un círculo perfecto. “Correo Argentino actuó en exclusivo beneficio de Socma Americana SA”, concluyó Boquin por entonces.

El último capítulo del vaciamiento lo denunció Boquín en abril pasado cuando, tal como informó El Destape, dejó al descubierto de todo: pagos millonarios a estudios de abogados que eran a su vez apoderados o directivos de Correo Argentino; pagos de honorarios por 12 millones de pesos a algunos de los directores de Corero Argentino mientras la empresa, entre 2001 y 2012, reportó pérdidas por 264 millones de pesos; vinculaciones de desvío de fondos a estudios de abogados o consultoras vinculadas a funcionario de Gobierno como el Secretario de Modernización Andrés Ibarra, el Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas y el diputado Pablo Tonelli; entre otras maniobras en la ruta del vaciamiento de Correo.

Esta historia cumple hoy 18 años. Que no los cumpla feliz.

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