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El Gobierno buscó obstaculizar la pesquisa en torno al D’Alessiogate desde su inicio. Fue a través de la creación de la causa conocida como “presos K”. No escatimó en ilegalidades para lograrlo: contó con escuchas telefónicas que debieron destruirse, denuncias duplicadas, forum shopping y complicidad de jueces y fiscales. Según la reconstrucción de los hechos, participaron de este armado desde el Poder Ejecutivo y la banda de D’Alessio hasta la diputada Elisa Carrió y el fiscal Carlos Stornelli. Una coincidencia no debiera sorprender: en aquel caso, que se quiere utilizar para remover al juez Alejo Ramos Padilla, se refleja el mismo modus operandi que surge del expediente en el que se investiga el accionar de la red de espionaje ilegal que tiene entre sus protagonistas a Marcelo D’Alessio.

El juez Alejo Ramos Padilla y su abogado realizaron una presentación el jueves pasado ante el Consejo de la Magistratura en la que denunciaron la operación. El letrado Juan Ramos Padilla, padre y abogado de Alejo, hizo referencia a “una disputa política encabezada por el presidente Mauricio Macri, la A.F.I, el Ministro de Justicia, el representante del P.E.N. ante el Consejo de la Magistratura, sus aliados políticos y judiciales contra mi defendido, el Sr. Juez Federal de Dolores, que en soledad y con escasos recursos lleva adelante una investigación que los incomoda”. La referencia es la  causas de los “presos K”, por la cual el oficialismo pretende desplazar de su cargo al juez del D’Alessiogate.

 

 

La causa de los “presos K”

Apenas dos días después de que el juez Ramos Padilla le allanara la casa al espía ilegal Marcelo D’Alessio ingresaron en los tribunales de Comodoro Py, con una diferencia de horas, dos denuncias en contra del magistrado basadas en anónimos. Ambas apuntaban también contra dirigentes kirchneristas detenidos en Ezeiza, a quienes se acusaba de armar la causa de Dolores en connivencia con el magistrado. Una la había hecho Carlos Stornelli y la otra las “lilitas” Paula Oliveto y Mariana Zuvic.

Las dos presentaciones llegaron al edificio de Retiro el 8 de febrero, cuando se hizo pública en el portal El Cohete a la Luna que dirige Horacio Verbitsky la denuncia por extorsión del empresario agropecuario Pedro Etchebst contra D’Alessio y el fiscal del caso de las fotocopias de los cuadernos. La publicación debió apurarse por un tuit de Elisa Carrió del día previo en el que se hizo referencia a la investigación que hacía días llevaba Ramos Padilla y estaba bajo estricto secreto de sumario. 

¿Cómo se armaron los anónimos que llegaron a la Justicia? Con escuchas ilegales de la AFI. 

“El Juez Federal de Lomas de Zamora realiza escuchas masivas e indiscriminadas en una causa por drogas sobre un pabellón donde se encuentran precisamente los ex funcionarios del gobierno anterior, que luego son ‘blanqueadas’ a partir de anónimos y recepción por parte de ciertas personalidades públicas del material obtenido, encargados de hacer la denuncia como víctimas o apelando a un alegado interés público”, describió Ramos Padilla (p) en el escrito que presentó en el órgano que selecciona y sanciona jueces para defender al juez de Dolores.

Las escuchas ilegales contra exfuncionarios detenidos en el penal de Ezeiza surgieron de la intervención de los teléfonos de la cárcel de Ezeiza, que se realizaron en el marco de una causa en la que se investiga al narcotraficante Mario Segovia, conocido como “El Rey de la Efedrina”. Fueron ordenadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional N 2 de Lomas de Zamora. Esos audios fueron entregados, de forma irregular, al juez Claudio Bonadío, quien tiene una de las dos denuncias que se hicieron con las escuchas a los presos K. 

“Todo parte de un interés político y judicial y las escuchas le son entregadas a aquellos magistrados y legisladores vinculados precisamente con el expediente D´Alessio para utilizarlas en su propia defensa o de sus intereses”, añadió en su presentación Ramos Padilla (p). Bonadio es uno de los querellados en el expediente de Dolores. 

A la hora de brindar explicaciones por la distribución de las escuchas, los organismos que intervinieron en la maniobra quedaron expuestos: la AFI alegó haber aportado al Juzgado de Lomas de Zamora las transcripciones de las mismas mientras que el propio juzgado asegura que tales intervenciones no generaron ningún informe ni transcripción por parte de la AFI y hasta que se ordenó la destrucción de los CD que contenían esos audios. Alguien miente. 

¿Y por qué faltan a la verdad? Porque las escuchas en cuestión son las que conformaron la base para realizar las dos denuncias originadas en misivas anónimas recibidas en forma casi simultánea por Stornelli -bajo la puerta de su oficina- y Carrió. Ambos están imputados de la causa D´Alessio. ¿Y quién les habría pasado la información? El mismo D’Alessio. Así nació la “operación Puf”, tal como fue bautizada esta maniobra por los medios hegemónicos.

Ante este escenario, Ramos Padilla (p) destacó respecto a los audios: “Se observa la captación, incorporación ilegal en expedientes judiciales y filtración de escuchas a periodistas afines al gobierno nacional que debieron ser destruidas, para denostar infundadamente una investigación judicial y para hacer campaña política”. 

Y concluyó: “Todo esto parece ser parte de una campaña política sucia”. 

Por el andamiaje que se utilizó, el abogado comparó el caso con el de espionaje ilegal en la Ciudad que tuvo a Macri procesado: “Se trata de un aprovechamiento similar o incluso más grave por el que en su momento se investigó a funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por espionaje ilegal y escuchas ilegales y que involucró al entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, a Jorge Fino Palacios, Mariano Narodowski, Ciro James”. 

Para tener una idea de lo que está haciendo Bonadio: según se denunció, incluyó las escuchas ilegales en la causa Cuadernos. Entre los audios hay conversaciones entre un detenido y su abogado y hasta con menores de edad. 

Además, Bonadio está a cargo de la causa “presos K” de forma irregular. Se trata de una denuncia espejo de otra que se hizo primero con el mismo material pero que recayó en un juzgado que al oficialismo no le satisfizo: el de Luis Rodríguez.  

Por todo esto, Ramos Padilla (p) consideró que “La ‘operación PUF’ o ‘Stornelli Puf’ no es más que la demostración de que existen algunos sectores de poder que son capaces de modificar las reglas de convivencia establecidas por nuestra Constitución y que se busca instalar un Estado omnipresente destinado a controlar las conversaciones -incluso la de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como son las personas detenidas- para lograr objetivos ilegales y/o electorales”.

 

 

El modus operandi

Este modus operandi que describe Ramos Padilla es similar a  que aparecen en los casos que se investigan en Dolores. Quien lo explicó la semana pasada fue el exjefe de Contrainteligencia de la exSIDE, Antonio Stiuso, quien pretende ser aceptado como querellante en el D’Alessiogate. “La mecánica es bien clara. Se obtiene información de modo ilegal; se falsean datos; se viraliza esa presentación judicial. Se crea la noticia. Y con la noticia, se lleva adelante la extorsión”, afirmó el exespía, quien dice haber sido víctima de la banda de D’Alessio. 

¿A quién apuntó Stiuso? A la referente de la Coalición Cívica. “Mucha de la información que fuera utilizada por la diputada Carrió en presentaciones judiciales y/o mediáticas, pudo haber sido obtenida por vía de adquisición ilegal de información en la que habría intervenido el aquí imputado D’Alession”, aseguró.

Se trata de una nueva acusación contra la diputada nacional.

Sin ir más lejos, el abogado Ramos Padilla hizo un apartado especial sobre Carró, Oliveto y Zuvic en su presentación ante el consejo : “Es necesario que en algún momento expliquen su relación con Marcelo D´Alessio, con los servicios de inteligencia, el modo en que obtienen y acceden a documentación reservada en este y en otros casos, etc. Su testimonio es esencial para determinar el modo en que el Estado a través de las denunciantes participó de este armado ilegal”. “Se trata, de legisladoras que recibieron escuchas ilegales y las introdujeron en el circuito judicial”, agregó el letrado.

Los nombres de Carrió y Oliveto surgieron casi desde el inicio en el expediente que se sustancia en Dolores. La semana pasada las diputadas junto con Zuvic se presentaron de forma “espontánea” en el expediente, donde están imputadas.

Cuando Ramos Padilla procesó a D’Alessio destacó que el espía ilegal realizaba “actividades de inteligencia y espionaje ilegales para reunir información que era puesta a disposición de distintos funcionarios públicos, miembros de los Ministerios Públicos Fiscales nacional y provincial, legisladores nacionales y/o periodistas. En particular, esta información era puesta a disposición de las Diputadas Nacionales Paula Oliveto, Elisa Carrió, del fiscal Carlos Stornelli y de Daniel Santoro, entre otros”.

Ante la contundencia de la evidencia, la propia Oliveto confirmó que se reunió con D’Alessio en más de una ocasión. Según los registros telefónicos del falso abogado, este le envió un mensaje a la diputada tras el allanamiento a su vivienda, cuando el caso recién daba sus primeros pasos. "Hice lo que te dije que iba a hacer. Me traje una hora y media de toda la información. Sé cómo se planificó la cama. Me falta un audio más (…) Ya se lo estoy mandando a una persona de confianza a desgrabar y a tres personas más por cualquier cosa (…) Vale la pena como dijiste vos, no sé si por mí o por los cuadernos o lo que sea", le comentó D’Alessio a “Pau”, tal como se refirió a la legisladora en ese chat. Y le aclaró que eran 164 megas de información. 

Para Ramos Padilla (p) de allí “se podría inferir que es él quien le da las escuchas en cuestión”. Es decir, las que fueron la base de la mentada “operación Puf”, la causa con la que se busca derribar el D’Alessiogate.