El domingo por la noche, en su primer discurso tras la victoria electoral, Luiz Inácio Lula da Silva volvió a insistir en la agenda de soberanía digital y remarcó la necesidad de avanzar, durante su próximo mandato, en la regulación de las plataformas digitales. El mandatario afirmó que la campaña debió enfrentar una “intromisión” proveniente del exterior a través de los servicios digitales y cuestionó que grandes empresas tecnológicas, con ingresos millonarios, puedan operar sin asumir las mismas responsabilidades que rigen para otras actividades económicas y sociales. “El crimen en el mundo digital tiene que ser tratado igual que el crimen en la vida real”, sostuvo.
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La discusión, que excede la circulación de noticias falsas o la publicación de contenidos ilegales, involucra también la pregunta por quién define las condiciones en las que circula la información y cómo intervienen las empresas en la construcción del debate público: desde los algoritmos que jerarquizan contenidos y los sistemas de recomendación hasta la publicidad segmentada, el uso de datos personales y los mecanismos de moderación.
En este marco, el programa de gobierno 2027-2030 propone avanzar en la transparencia algorítmica, fortalecer la formación científica y tecnológica, y desarrollar capacidades nacionales para garantizar la soberanía y reducir la dependencia de proveedores extranjeros. El objetivo es ampliar la capacidad del Estado brasileño para intervenir en un ecosistema digital dominado hoy, en todo el mundo, por grandes empresas transnacionales.
El anuncio de hecho se produjo como corolario de una intensa campaña que incluyó denuncias del Partido de los Trabajadores (PT) contra Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, por restricciones a la difusión de contenidos favorables a Lula y diferencias en el tratamiento de las candidaturas. El 22 de octubre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó a Meta y a X que presentaran explicaciones técnicas sobre la distribución de contenidos políticos, el uso de inteligencia artificial, la publicidad electoral y la moderación de publicaciones. La Justicia consideró que los elementos presentados justificaban abrir una investigación, aunque aclaró que todavía no permitían dar por probadas las irregularidades denunciadas.
Como dispositivo comunicacional estratégico, en paralelo, desde el armado el PT impulsaron canales de comunicación alternativos con el objetivo de llegar a los ciudadanos sin intermediarios comerciales ni filtros. Uno de los ejemplos fue el canal de WhatsApp “Exército do Lula”, coordinado por el diputado André Janones, que superó los 11 millones de usuarios y funcionó como una herramienta clave de movilización y organización política de cara al ballotage.
Los antecedentes políticos, proyectos pendientes y regulaciones en marcha
2020: el proyecto contra la desinformación
Entre los principales antecedentes legislativos se destaca el proyecto de ley 2630/2020, conocido como Lei das Fake News, presentado originalmente por el senador Alessandro Vieira. La iniciativa buscaba establecer normas de libertad, responsabilidad y transparencia en internet, con obligaciones para las redes sociales y los servicios de mensajería privada. Entre sus ejes figuraban la transparencia sobre contenidos patrocinados, la rendición de cuentas de los proveedores y medidas para enfrentar la difusión de desinformación.
El proyecto fue aprobado por el Senado, pero no logró completar su trámite legislativo en la Cámara de Diputados y quedó trabado en medio de fuertes diferencias políticas y el rechazo de empresas tecnológicas y sectores liberales que cuestionaban el alcance de las obligaciones propuestas. Aunque no se convirtió en ley, el debate instaló cuestiones que siguen vigentes: la moderación de contenidos, la transparencia de las decisiones empresariales, la publicidad política y el acceso a información sobre el funcionamiento de los servicios digitales. También expuso una dificultad bastante frecuente en torno a las discusiones regulatorias que se dan en distintos países: establecer responsabilidades para las empresas sin habilitar mecanismos de intervención estatal que puedan restringir o “censurar” arbitrariamente la libertad de expresión.
2023: un marco legal para la inteligencia artificial (IA)
Otro frente de discusión es el proyecto de ley 2338/2023, destinado a establecer un marco legal para el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial (IA) en Brasil. La iniciativa fue aprobada por el Senado en diciembre de 2024 y continúa su trámite en la Cámara de Diputados. Lula retomó esta cuestión en su discurso luego del triunfo cuando defendió la formación científica y tecnológica como condición para construir capacidades propias: “No quiero depender de la inteligencia artificial china o estadounidense; quiero crear una brasileña”.
El debate parte de una premisa central: los sistemas de IA intervienen cada vez más en la generación y circulación de contenidos, la personalización de mensajes, la automatización de decisiones, las agendas políticas y la producción de imágenes, audios y videos sintéticos. El proyecto busca establecer reglas para el desarrollo y la utilización de estos sistemas, con disposiciones vinculadas a los derechos de las personas, la responsabilidad de los actores involucrados y la evaluación de riesgos. Su aprobación definitiva permitiría definir un marco más amplio para una tecnología que ya participa en múltiples actividades económicas, sociales y políticas.
2025: competencia económica y control de los mercados digitales
En Brasil, y en todo el globo, la discusión regulatoria también tiene una dimensión económica basada en la concentración de poder en empresas que controlan infraestructuras, datos y servicios esenciales para el funcionamiento de la economía digital. En septiembre de 2025, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley 4675/2025, que propone modificar la legislación brasileña de defensa de la competencia para establecer un régimen específico para las grandes tecnológicas.
El proyecto, vinculado a la agenda de economía digital y elaborado después de un proceso de consulta pública del Ministerio de Hacienda en 2024, busca crear una Superintendencia de Mercados Digitales dentro del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), la autoridad brasileña de competencia. El organismo se encargaría de tareas como la identificación de agentes económicos de relevancia sistémica y la determinación de obligaciones especiales para esas empresas.
A diferencia de los modelos que establecen obligaciones generales y uniformes, la propuesta plantea evaluar el peso económico de cada compañía, su cantidad de usuarios, el acceso a datos, los efectos de red y su posición en el mercado. Entre las medidas posibles figuran mayores exigencias de transparencia, restricciones a determinadas prácticas de autopreferencia y mecanismos para facilitar la portabilidad de datos y reducir barreras de entrada. Actualmente 28, el proyecto continúa pendiente de tratamiento en el Congreso y su posible avance resultaría una pieza relevante de la discusión sobre cómo poner límites a la concentración.
2025-2026: el Estatuto Digital para proteger a niños, niñas y adolescentes
Una de las políticas destacadas y efectivas es la implementación del Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia, conocido como ECA Digital, enmarcado en Ley 15.211 sancionada en septiembre de 2025 y vigente desde el 17 de marzo de 2026. Su alcance comprende productos y servicios tecnológicos dirigidos a o consumidos por NNyA, independientemente de dónde esté radicada la empresa. La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) aparece como el ente encargado de la regulación y fiscalización del cumplimiento de la ley, en coordinación con otros organismos públicos.
La norma establece obligaciones para redes sociales, videojuegos, aplicaciones, tiendas de aplicaciones, plataformas de video y otros servicios digitales: verificación de edad, herramientas de supervisión parental, medidas de privacidad y seguridad desde el diseño, y restricciones a prácticas de recopilación y utilización de datos de menores para publicidad dirigida. También incluye mecanismos de denuncia y obligaciones específicas para prevenir la exposición a contenidos perjudiciales y responder ante situaciones de explotación, abuso y otras vulneraciones de derechos.
2026: nuevas obligaciones y fiscalización de los entornos digitales
En mayo de 2026, el Gobierno de Lula avanzó también en la actualización de la reglamentación del Marco Civil de Internet mediante los decretos 12.975 y 12.976: el primero incorporó obligaciones para los proveedores de aplicaciones y plataformas digitales en materia de prevención y mitigación de riesgos, transparencia y combate contra fraudes, estafas y determinados delitos en línea; y el segundo establece medidas específicas para proteger a las mujeres frente a la violencia digital, incluida la producción, modificación y difusión no autorizada de contenidos íntimos mediante tecnologías digitales e inteligencia artificial. La regulación contempla medidas de prevención, atención a las víctimas y respuesta de las plataformas frente a estas formas de violencia.
A partir de estas disposiciones, la ANPD asumió nuevas competencias de regulación, monitoreo y fiscalización. El programa principalmente evalúa el funcionamiento general de las plataformas: mecanismos de prevención de riesgos, estructuras de gobernanza, canales de denuncia, procedimientos para cumplir las obligaciones legales y mecanismos de respuesta ante las infracciones.
Alfabetización mediática: una política integral y complementaria
En paralelo a la regulación de las empresas y los contenidos, desde 2023 el Gobierno de Lula viene desarrollando la Estrategia Brasileña de Educación Mediática (EBEM), orientada a fortalecer las capacidades de la ciudadanía para interpretar mensajes, evaluar la confiabilidad de las fuentes, identificar información engañosa y reconocer estrategias de manipulación. La iniciativa fue actualizada en 2025 para consolidar la alfabetización mediática como política pública, en diálogo con las transformaciones del ecosistema informativo y la experiencia acumulada durante sus primeros años de implementación.
La estrategia es coordinada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SECOM), en articulación con instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, universidades y otros organismos públicos como ministerios. Entre sus líneas de trabajo se encuentran la incorporación de la educación mediática en la educación básica, la formación de docentes y multiplicadores, el desarrollo de alianzas con el sector académico y la promoción de un uso consciente de las pantallas por parte de niños, niñas y adolescentes.
Esta política parte de entender que las medidas de regulación por sí solas no resuelven los problemas vinculados con la desinformación y la manipulación social. Desde una mirada social y educativa, apunta a fortalecer las herramientas con las que las personas interpretan la información, reconocen sus condiciones de producción y comprenden el funcionamiento de los entornos digitales.
Soberanía digital: infraestructura, regulación y desarrollo tecnológico
En el plano internacional, uno de los antecedentes más relevantes es el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea, conocido como Digital Services Act (DSA), cuyas obligaciones generales comenzaron a aplicarse en febrero de 2024. La normativa alcanza a los intermediarios digitales que operan en el mercado europeo y establece exigencias de transparencia, mecanismos para denunciar contenidos ilegales, procedimientos para cuestionar decisiones de moderación y obligaciones relacionadas con la publicidad y los sistemas de recomendación.
Para las plataformas y los motores de búsqueda de muy gran tamaño (que alcanzan al menos 45 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea), el reglamento incorpora obligaciones adicionales de evaluación de riesgos sistémicos, adopción de medidas de mitigación, auditorías y acceso a determinados datos por parte de autoridades e investigadores habilitados. El modelo europeo es una referencia para el debate internacional, aunque no implica que Brasil vaya a replicarlo igual dado que las instituciones, sociedades, procedimientos legislativos, situación política y prioridades regulatorias son diferentes.
En Brasil, las iniciativas desarrolladas hasta ahora y los proyectos trabajados son parte de una agenda multidimensional: protección de derechos, regulación de la IA, defensa de la competencia, protección de infancias y poblaciones vulnerables, fiscalización de las plataformas, soberanía digital y alfabetización mediática. La promesa de Lula de avanzar en una regulación más amplia se apoya en políticas y normas ya en marcha, pero también va a depender de futuros debates legislativos en un contexto de alta conflictividad social.
Una muestra del camino a seguir es la Ley 15.504, sancionada en septiembre de 2026, que creó el Régimen Especial de Tributación para Servicios de Data Center (Redata), que permite ampliar el análisis de la soberanía digital más allá de las obligaciones impuestas a las plataformas o de las reglas para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. La ley hace foco en problematizar dónde se instalan los centros de datos y la infraestructura necesaria para procesar, almacenar y gestionar grandes volúmenes de información, es decir, dispositivos estratégicos para un país que busca desarrollar capacidades tecnológicas propias y ganar soberanía.
El Redata establece incentivos fiscales para promover la instalación, modernización y ampliación de centros de datos, mediante la suspensión de determinados tributos sobre la adquisición de equipos y componentes tecnológicos. Al mismo tiempo establece compromisos como la obligación de destinar al mercado local al menos el 10% de la capacidad de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos alcanzada por los beneficios, e invertir en investigación, desarrollo e innovación en Brasil un monto equivalente al 2% del valor de los bienes adquiridos. Además, un aspecto clave, acorde a la agenda social, medioambiental y económica del PT, es que incluye requisitos de eficiencia hídrica y condiciones socioambientales y energéticas.
La batalla que se viene para el mandato 2027-2030
El programa de gobierno de Lula para el período 2027-2030 busca profundizar esta agenda mediante una regulación democrática de las plataformas digitales, orientada a combatir la desinformación, los discursos de odio y la circulación de contenidos ilegales, y a establecer mayores obligaciones de transparencia y responsabilidad para las empresas que operan en Brasil. La propuesta se inscribe en una discusión más amplia sobre el poder de las plataformas para definir qué información circula, cómo se jerarquiza y qué contenidos alcanzan mayor visibilidad. Sin embargo, aún no se conoce cómo se plasmarán estos objetivos en programas gubernamentales o un nuevo proyecto legislativo que contemple obligaciones específicas para las empresas y mecanismos de fiscalización y sanción en caso de incumplimiento.
Según el programa oficial, el plan incluye, además, la creación de un Centro Nacional de Transparencia Algorítmica y de un Consejo Nacional por la Soberanía Digital, y el fortalecimiento de la alfabetización digital de la ciudadanía para que pueda reconocer la desinformación, comprender el funcionamiento de las tecnologías y prevenir fraudes y delitos en línea. En paralelo, propone ampliar la formación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, desarrollar capacidades nacionales en inteligencia artificial y fortalecer la infraestructura tecnológica.
Dichas iniciativas articulan la regulación de las plataformas con una política de soberanía digital que busca ampliar la capacidad brasileña para desarrollar, comprender y gobernar las tecnologías de las que depende su economía y su vida democrática. La avanzada del gobierno, en términos ejecutivos y legislativos, buscará convertir estos lineamientos en instrumentos efectivos, en un escenario atravesado por la concentración económica, la resistencia de empresas tecnológicas, la alta conflictividad y la polarización, y las críticas de sectores económicos a los límites de la intervención estatal.