A contramano de la agenda de militarización de la región, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó este jueves el decreto que elimina el servicio militar obligatorio y permite a los jóvenes optar por tareas sociales. El nuevo “Servicio Social para la Paz” ya estaba estipulado en la primera ley aprobada por Petro en noviembre de 2022, a solo tres meses de haber asumido, pero faltaba su reglamentación para ponerlo en funcionamiento. Con esa ley llamada de “Paz Total”, el líder de izquierda intenta encauzar los diálogos con los diferentes grupos armados -guerrillas y paramilitares- que sobreviven en el país, y ahora permite a los jóvenes optar por un servicio a la comunidad en lugar de pasar por las Fuerzas Armadas, cuestionadas por masivos violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente.
Petro busca un cambio de paradigma en el país que estuvo signado por la violencia política en las últimas cinco décadas .y en diálogo con El Destape, uno de los coautores del texto destacó que éste es un cambio “civilizatorio”. "Es una un giro hacia una sociedad más civil que militar”, propuso.
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El mandatario colombiano, quien en su juventud formó parte de la guerrilla M19 y es considerado el primer mandatario de izquierda en Colombia, llegó a la presidencia con un discurso centrado en tratar de cerrar una herida histórica entre facciones armadas y así devolver la “paz” a su país. En ese camino, impulsó en el Congreso la Ley de “Paz Total” que rápidamente fue aprobada por las dos Cámaras y que se convirtió en su primer éxito parlamentario. Además de los diálogos de paz con la guerrilla y los paramilitares, el texto contemplaba la necesidad de eliminar la obligatoriedad del servicio militar para reorientar a los jóvenes hacia la vida civil. Esa parte de la ley terminó siendo reglamentada el viernes pasado a través del decreto 1079 de 2024, pero como se introdujeron “modificaciones (de forma no de fondo)”, lo volvieron a publicar este jueves, aclararon desde presidencia a El Destape. En concreto, se estipula un “Servicio Social para la Paz”, el cual será “una alternativa al servicio militar, mediante la cual las y los jóvenes colombianos pueden contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en el país, a través de diversas modalidades vinculadas estrechamente a la política de paz del Estado y la Seguridad Humana”.
Varios líderes y políticos regionales buscan acercar a la propuesta de militarización de la seguridad interior que impulsa el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Desde la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y su Plan Bandera aplicado a la provincia de Santa Fe, hasta presidentes como el Ecuador, Daniel Noboa, e incluso de Honduras, Xiomara Castro, han caído, en mayor o menor medida, en la tentación de “bukelizar” la seguridad. Gobernar con estado de excepción, construir “mega cárceles”, o volcar directamente a los militares a las calles, son algunas de las mímicas que sacan de la galera mirando al salvadoreño. Pero el gobierno de Colombia, que sigue teniendo problemas para controlar la totalidad de su territorio frente a los grupos armados, igualmente parece estar asqueada de los rezagos que dejó el predominio de las Fuerzas Armadas en la política local.
El senador oficialista Iván Cepeda, quien impulsó durante años en el Congreso seis iniciativas similares y luego fue uno de los coautores de la ley de Paz Total, dijo en diálogo con El Destape que “es la primera vez que en Colombia aparece la posibilidad de que los jóvenes tengan un futuro distinto a la guerra, a la violencia y a la vida militar”, dijo y agregó: “En una sociedad que ha estado tan atravesada por el conflicto armado, que ha durado décadas, pues este es sin lugar a dudas un acontecimiento civilizatorio, en todo el sentido de la palabra. Es una un giro hacia una sociedad más civil que militar”.
El legislador del Pacto Histórico remarcó que esta reglamentación es producto de años de lucha, principalmente del movimiento juvenil y los objetores de conciencia, a la vez que avizora un camino largo a futuro para su efectiva implementación. “Ahora viene una lucha que es llevarla a la práctica y eso no va a ser fácil. Va a venir una tensión entre qué tan grande es el Servicio Social para la Paz. Me imagino que habrá intereses de que esto sea un asunto meramente simbólico y que sean unos cuantos miles, pero que comparados con el volumen general, sea pequeño. Y eso también se verá con relación a la asignación de recursos, pero bueno, cada problema en su momento”, declaró.
La Comisión de la Verdad de Colombia, creada como consecuencia del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), realizó desde entonces más de 15 mil entrevistas individuales y grupales que permitieron dimensionar no sólo el accionar de las guerrillas sino también del Ejército y las Fuerzas de Seguridad. “El problema de la seguridad nacional ha estado muy orientado a la idea del ‘enemigo interno’, atacando y destruyéndolo para crear una política de miedo y persecución a la participación política. El Ejército debe servir para garantizar la paz y la Policía Nacional -que es parte de Defensa y se ha convertido en otro apéndice de esa fuerza, como arma letal frente a la protesta social como en 2021- tiene que ser una policía civil y pasar al Ministerio del Interior, o que se cree un ministerio de la paz, como recomendamos”, dijo Saúl Franco, uno de los 11 miembros de la comisión a la agencia Télam cuando presentó el informe en Argentina en 2022.
Once tipos de trabajo social
Petro estipuló en el decreto publicado este jueves once modalidades de ese Servicio Social para la Paz, entre las cuales podrán optar “las y los jóvenes colombianos a partir de la mayoría de edad, hasta faltando un día para cumplir los veinticuatro” años: 1) La alfabetización digital en zonas rurales o urbanas; 2) El trabajo con víctimas del conflicto armado; 3) La refrendación y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz; 4) La promoción de la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización; 5) La promoción de la paz étnico, cultural y territorial, respetando los derechos de las comunidades étnicas, y la cultura campesina; 6) La protección y cuidado de las personas con discapacidad y personas mayores en condición de vulnerabilidad.
Además, en línea con el discurso oficial centrado en el cuidado del medioambiente y con la necesidad de impulsar una reforma agraria -ya que los procesos de desarme de guerrillas y otros grupos implica también revisar el control de territorio-, se ofrecen opciones que están ligadas a una agenda “verde”, entre otros: 7) Servicios destinados a la protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, hábitats marinos y costeros, ecosistemas estratégicos, la riqueza ambiental y forestal del país; 8) El trabajo en la reforma rural integral; 9) La vigía del patrimonio cultural material e inmaterial de la Nación; 10) El trabajo con personas damnificadas o afectadas por fenómenos o amenazas naturales; y 11) La promoción de la educación y las actividades relacionadas en materia de gestión del riesgo y cambio climático.
En el decreto también establece una remuneración para quienes realicen el Servicio Social para la Paz, el cual será de un 80 por ciento del dinero que reciben los que hagan el servicio militar. “Pensamos que muchos jóvenes, cuando se les ponga a optar por eh el servicio militar que se presta en Colombia en condiciones tan difíciles -hoy hay estadísticas de suicidio al interior de fuerzas militares- es probable que tenga un impacto muy favorable”, dijo Cepeda.
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