La pérdida del poder adquisitivo está dejando una huella profunda en los hogares del norte argentino. Un informe de la Dirección de Usuarios y Consumidores de la Defensoría del Pueblo de Formosa reveló que las ventas de frutas, verduras y lácteos cayeron hasta un 40% en la provincia en comparación con el año pasado. El dato refleja un cambio drástico en los hábitos de consumo, con familias que priorizan lo básico y recurren con mayor frecuencia a la ayuda alimentaria.
El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, advirtió que la situación combina pérdida de ingresos, inflación y recesión. “Por primera vez, el presidente Javier Milei reconoció que se desaceleró fuertemente la actividad económica y que el país atraviesa una crisis de confianza. La situación está complicadísima”, expresó en comunicación con medios locales.
Según el relevamiento, en Formosa el 60% de las compras se realizan con tarjeta de crédito, lo que demuestra la dependencia del financiamiento para poder sostener la alimentación. Aun así, los supermercadistas señalan que los clientes adquieren lo justo y necesario: “La gente viene tres o cuatro veces por semana, pero lleva lo mínimo indispensable”, describieron.
El panorama regional
El panorama se repite en las provincias vecinas. En Salta, el presidente del mercado Cofruthos, Juan Russo, confirmó que las ventas de frutas y verduras cayeron entre un 30% y un 40%. “La gente está priorizando arroz, fideos, aceite y harina”, explicó, y advirtió que creció la demanda de asistencia de comedores y merenderos.
En Tucumán, el ex presidente de Mercofrut, Juan Carlos Medina, fue aún más contundente: “No falta producción ni variedad, faltan compradores”. Allí la caída ronda el 50%, afectando además a Catamarca, Santiago del Estero y Salta, ya que el mercado tucumano abastece a toda la región.
En Chaco, un informe privado señaló que las ventas en supermercados se redujeron un 18% en lo que va del año. Los rubros más golpeados son lácteos, verdulería y productos de limpieza, aunque se observó un leve repunte en carnes y alimentos preparados.
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En la capital formoseña, los comerciantes indican que las ventas se concentran en los días posteriores al cobro de sueldos y caen abruptamente el resto del mes. Promociones y sorteos no logran revertir la tendencia. El consumo de yogures, quesos y frutas llegó a desplomarse hasta un 14% en algunos locales.
Para Gialluca, se trata de un fenómeno con efectos sociales graves: “La crisis ya no solo se mide en cifras, se percibe en cada mesa familiar. La brecha entre la capacidad de abastecimiento de los mercados y la demanda real se amplía cada semana”.
PAIPPA: la solución formoseña para los alimentos accesibles
El 15 de septiembre de 1996, el gobierno de Formosa, bajo la dirección de Gildo Insfrán, puso en marcha el Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA). Este programa nació con el objetivo de ofrecer una solución social, productiva y ambiental a los pequeños productores de la región, brindándoles apoyo integral.
El PAIPPA fue diseñado para promover el autosostenimiento, la ocupación y la autogestión productiva de las familias rurales, a través de la titularización de tierras, la construcción de viviendas, la provisión de insumos y la capacitación técnica.
En ese momento, el gobernador Insfrán lo presentó como una forma de organizar a la comunidad para combatir los efectos perjudiciales de la globalización. En 2004, el Instituto incentivó el agrupamiento de los productores para fomentar nuevas formas de cooperación y asociativismo. Este cambio buscaba fortalecerlos colectivamente, permitiéndoles alcanzar mayores escalas de producción y comercialización, así como iniciar pequeños emprendimientos de industrialización para agregar valor a sus productos.
Actualmente, la misión del PAIPPA es continuar fortaleciendo y acompañando el desarrollo integral de las familias de pequeños productores. Para unirse al programa, los productores deben residir y trabajar en su chacra de manera familiar. Existen requisitos específicos en cuanto al tamaño de la explotación, como un máximo de 10 hectáreas para agricultores o 50 cabezas de ganado mayor para ganaderos. Además, deben manifestar su disposición a trabajar en grupo y, en ocasiones, en forma comunitaria.
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