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La oposición presentó en el Congreso un pedido de juicio político a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que la Justicia comprobó su relación con el extorsionador Marcelo D'Alessio y la culpabilidad de Prefectura en el asesinato de Rafael Nahuel. En el primero de los casos, la exfuncionaria del menemismo intentó desvincularse y, en el segundo, encubrió a quienes gatillaron contra el mapuche.

Encabezados por Mónica Macha, el bloque de Unidad Ciudadana en la Cámara Baja promovió una investigación en contra de Bullrich "por mal desempeño y eventuales delitos en ejercicio de sus funciones", reza el escrito al que accedió El Destape.

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El juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, corroboró mediante la empresa de telecomunicaciones Movistar que el teléfono con el que compartió D'Alessio mensajes de WhatsApp corresponde en efecto a la titular de Seguridad. Para tratar de escapar del expediente, desde el entorno de Bullrich respondieron a Perfil que el móvil fue utilizado por su nieto (sic). Pese a la abundante evidencia que lo desmiente, le planteó también que "con D'Alessio no tengo ningún tipo de relación más que verlo una sola vez". Se mostró, tras esto, beligerante por la filtración del documento de la operadora telefónica que expone que el número a su nombre llevó adelante conversaciones con el espía.

Por el caso de Nahuel, asesinado por la espalda, la Justicia reveló que el Ministerio de Seguridad condicionó la investigación. La Cámara Federal de General Roca, provincia de Río Negro, ordenó la detención del efectivo de Prefectura Naval Francisco Javier Pintos, integrante del grupo Albatros de esa fuerza, bajo la acusación de matar con su fusil.

En noviembre de 2017, la oposición había intentado aprobar el juicio político a Bullrich por la muerte del mapuche, pero el socialismo no les entregó quórum. Ahora volverán a impulsarlo con mucha más evidencia, por lo que quedarán aún más expuestos los legisladores que defiendan a Bullrich en esta circunstancia.