El saqueo de los recursos de la Argentina se lleva adelante sobre una sociedad disciplinada. La administración Milei ejecuta su programa de miseria planificada –bajo un esquema de gobernanza delineado por la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos y el FMI– con el objetivo expreso de la pauperización de la vida. Nos quieren pacientes, cantaba Solari. El disciplinamiento social viene de la mano de la pauperización laboral, la licuación de los recursos y un ajuste del gasto público que también se volvió perpetuo.
“El 45,2% de los ocupados están desprotegidos”, sentencia el Instituto Argentina Grande en su último informe de coyuntura. ¿Qué implica este escenario? Que este porcentaje de trabajadores y trabajadoras carece de aportes, no tienen antigüedad en su tarea y se desempeñan en pequeñas estructuras. Hacen changas. A los jóvenes les toca la peor parte, incluido los jubilados que aumentaron su participación en el mercado laboral en un 14%.
La reconversión productiva no existe. Tampoco la creación de empleo genuino y de calidad. En este sentido, el RIGI no es más que una falacia. Los 37 proyectos con información disponible proyectan 14.240 empleos directos y 30.713 empleos indirectos durante la etapa de operación, lo que representa un total de 44.953 puestos de trabajo. Tres empanadas.
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La pauperización planificada
De acuerdo al análisis realizado por el Instituto Argentina Grande (IAG), en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares para el primer trimestre del año, la tasa de desprotección laboral asciende al 45,2% del total de los ocupados. “Estas personas trabajan en una tarea sin aportes ni continuidad, sin capital propio ni estructura estable: una changa”, describió el IAG.
Los puestos perdidos en el sector público y en el privado formal no se compensan en otras ramas formales sino que se vuelcan a tareas de baja calidad. Desde 2024 se sumaron – según el IAG- 350.000 nuevos ocupados desprotegidos. Todo tiene que ver con todo. Un trabajo precario implica ingresos aún más precarios. Ese es el esquema de la pauperización planificada.
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Durante este primer trimestre de 2026, los ingresos en promedio rondaron los $1.076.056 mensuales. Esta cifra es mucho menor en el caso de los cuentapropistas, con ingresos promedio de 524.000 pesos, es decir un 51% por debajo de la media. En el caso de los asalariados informales, se alcanzaron ingresos promedio de 700.000 pesos, un 35% por debajo de la media, según el análisis del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina el economista Claudio Lozano.
En el desagregado por edad también se aprecia el esquema de pauperización planificada. La juventud siempre tuvo peores tasas de desempleo e informalidad, eso no es una novedad. La novedad quizás se encuentre en el segmento de los jubilados: la época (Milei) los está empujando a volver al mercado laboral ante la escases de recursos. “Creció un 14% la masa de activos en esa edad en los últimos dos años producto de sus bajos ingresos y quienes se suman lo hacen en tareas muy precarias”, agregó el IAG.
En el caso de los jóvenes, la tasa de desprotección pasó del 53% en 2024 al 62% durante este año. “Los varones jóvenes perdieron 30.000 puestos en el sector público y 96.000 puestos en el sector privado protegido. Un total de 126.000 puestos de calidad menos. Parte de esta juventud que perdió su trabajo pasó a hacer changas y tareas precarias (lo que explica el crecimiento de 65.000 desprotegidos) y otros tantos engrosan las crecientes tasas de desempleo juvenil. La reconversión prometida no llega”, enfatizaron desde el Instituto Argentina Grande.
El deterioro que vive el mercado laboral desde el cambio de gestión impactó en todos y todas, pero con más fuerza entre las mujeres. La cantidad de trabajadoras en el sector privado desprotegido creció un 14,1% en dos años, mientras que la cantidad de varones creció un 9,3%. Parte de esto responde a retracción del sector público como empleador. De los 212 mil puestos públicos que se destruyeron desde el cambio de gestión, 132 mil eran mujeres (y 79 mil hombres).
Las falacias del RIGI y el empleo
Las promesas de inversión y generación de puestos de trabajo detrás de los proyectos aprobados por el RIGI tampoco servirán para contrarrestar la precarización planificada. Todo lo contrario. Con los proyectos extractivistas en el contexto de una economía re primarizada, se acentúan las condiciones de una economía de enclave.
Los 37 proyectos con información disponible proyectan 14.240 empleos directos y 30.713 empleos indirectos durante la etapa de operación, lo que representa un total de 44.953 puestos de trabajo. La distribución territorial del empleo directo en la etapa de operación también evidencia una fuerte concentración. San Juan concentra 5.208 puestos de trabajo (36,6%), seguida por Salta (1.915; 13,4%) y Catamarca (1.756; 12,3%). En conjunto, estas tres provincias reúnen más del 60% del empleo directo estimado por las empresas. Aunque los hidrocarburos reúnen la mayor parte de la inversión comprometida, el 77,2% de esos puestos corresponde a la minería, frente al 12,3% de la infraestructura y apenas el 8,3% del petróleo y gas.
“Las estimaciones oficiales solo contabilizan los empleos generados por los proyectos pero no aquellos que podrían verse desplazados por la expansión extractiva en actividades como el turismo, la pesca, o las economías regionales. Tampoco consideran los impactos diferenciados sobre mujeres y diversidades, asociados a la masculinización del empleo extractivo, el desplazamiento de economías locales y el aumento de la carga de trabajo de cuidado en los territorios afectados”, puede leerse en el segundo informe del Observatorio RIGI.
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El FMI nos quiere disciplinados
El Fondo Monetario Internacional (FMI) es el garante del poder económico para el saqueo de los recursos naturales, la exportación de naturaleza vía los hidrocarburos de Vaca Muerta, los proyectos mineros o la soja. La administración Milei es el instrumento local de ese esquema de gobernanza. La pauperización viene de la mano del ajuste perpetuo del gasto público. “Al analizar el gasto total agregado de la Administración Pública Nacional (APN), se observa que al mes de julio de 2026 la ejecución registró una caída real del 32% en comparación con el mismo período de 2023”, puede leerse en un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El recorte para gastos en personal durante julio fue del 3,7%. Influyó la disminución en la cantidad de cargos ocupados en el Poder Ejecutivo. Es decir, hubo 11.835 despidos de planta permanente y 4.070 contratos. El ajuste en las transferencias a las Universidades Nacionales llegó al 14,3% interanual.
Hubo un ajuste del 23% como consecuencia de la pérdida del poder de compra del valor de las prestaciones Tarjeta Alimentar y Volver al Trabajo, así como de la reducción de la Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas (-54,1%). El presupuesto para las prestaciones del PAMI fueron disminuidas en un 13,2%, básicamente por un recorte en la asistencia financiera al organismo por parte del Tesoro Nacional.
El CEPA remarcó dos áreas en la que se detectó un avance presupuestario, coincidentes con el esquema de sujeción de la deuda externa y el disciplinamiento social y político de la administración Milei vía espionaje de la SIDE.
La Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, registró un incremento real del 33% en su ejecución presupuestaria. Por su parte, los Servicios de la Deuda Pública concentraron el 11% del gasto total ejecutado, reflejando el peso de los compromisos financieros en la estructura del gasto. Los recursos destinados al pago de intereses durante julio tuvieron un alza del 23,8%.