El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reconoció este lunes que la situación de los hogares endeudados requiere una respuesta parlamentaria y adelantó que el oficialismo podría presentar proyectos propios para atender a los morosos, aunque sostuvo que cualquier iniciativa deberá preservar el equilibrio fiscal. La definición introduce una contradicción en la estrategia de La Libertad Avanza: mientras el oficialismo intenta bloquear o demorar el tratamiento de los proyectos opositores sobre endeudamiento familiar, uno de sus principales referentes parlamentarios admite que existe una situación que debe ser discutida y que el Gobierno buscará presentar alternativas.
“Vamos a tratar de descomprimir algunas situaciones e ir hablando en comisión, presentando algunos proyectos alternativos”, afirmó Menem en diálogo con Radio Rivadavia. La declaración se produjo a pocos días de la sesión prevista para el 9 de septiembre, en la que la oposición pretende discutir distintas iniciativas vinculadas con la morosidad y el endeudamiento de las familias. La definición del titular de Diputados no implica que el Gobierno haya aceptado el enfoque de la oposición. Menem sostuvo que detrás de algunas de las propuestas existe un intento de generar un impacto fiscal y planteó que “lo que están buscando es un impacto de tipo fiscal para desestabilizar la economía”. También afirmó que “detrás de algunas buenas intenciones está siempre un sector de la política que está buscando un efecto desestabilizador”.
El punto político es que, si el problema no existiera, tampoco habría una razón para que el oficialismo buscara “descomprimir algunas situaciones” mediante proyectos parlamentarios. La discusión que plantea ahora Menem es sobre cómo intervenir, con qué alcance y con qué costo fiscal, pero el reconocimiento de que habrá una discusión y que La Libertad Avanza podría presentar una alternativa propia supone admitir que la situación de los deudores dejó de ser solamente una relación entre privados.
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La Libertad Avanza buscó bloquear el llamado a una sesión para el 9 de septiembre y el propio Menem convocó a una reunión informativa de la Comisión de Finanzas para abordar los 34 proyectos presentados sobre la problemática de la morosidad familiar. La convocatoria fue interpretada por los bloques opositores como una maniobra para demorar el tratamiento y evitar que alguno de los proyectos obtuviera dictamen. Ahora, Menem introduce un cambio en la estrategia oficial. No rechaza discutir la cuestión, sino que propone canalizarla a través de las comisiones y presentar proyectos alternativos desde el oficialismo. El debate deja de ser, entonces, si existe o no un asunto que merece tratamiento legislativo y pasa a ser quién define el diagnóstico, qué instrumentos se utilizan y quién asume los costos de una eventual solución.
Sí, es un problema
Un relevamiento de la consultora 1816 elaborado sobre la base de información de la Central de Deudores del Banco Central mostró que la mora de las familias pasó del 12,77% en junio al 12,94% en julio. En el conjunto del sector privado no financiero, la irregularidad aumentó del 7,63% al 7,73%, mientras que en las empresas pasó del 3,5% al 3,61%.El dato es relevante porque Menem también aseguró que la irregularidad crediticia “ya está bajando” y remarcó que se trata de “dato y no una opinión”. La estimación privada basada en información del BCRA muestra, en cambio, que la mora de los hogares volvió a aumentar en julio, después de haberse mantenido prácticamente estable durante junio. Según el mismo relevamiento, la irregularidad creció en 23 de las principales 30 entidades analizadas.
Puede discutirse si el aumento de la mora constituye una crisis, una situación de deterioro o un problema acotado a determinados segmentos. También puede debatirse qué responsabilidad corresponde a los bancos, a las entidades financieras no bancarias y a los propios deudores. Pero cuando el presidente de la Cámara de Diputados afirma que el oficialismo va a presentar proyectos para “descomprimir algunas situaciones”, reconoce que el fenómeno tiene una dimensión que excede una relación contractual individual.
La morosidad tampoco está distribuida de manera uniforme dentro del sistema financiero. Según la estimación de 1816, el indicador de irregularidad de los préstamos otorgados por entidades no financieras a las familias alcanzó el 33,7% en julio. En ese segmento se encuentran proveedores de crédito que tienen una participación creciente en el financiamiento de los hogares. La evolución permite observar además que no se trata de un fenómeno construido a partir de una discusión periodística reciente. Los datos de la Central de Deudores del BCRA permiten seguir la situación de los créditos en mora y determinar cómo evolucionó el incumplimiento.
Mientras Menem plantea que el Gobierno podría presentar proyectos para atender a los morosos, otros referentes vinculados con la administración de Javier Milei sostuvieron que el Estado no debería intervenir. El economista Ramiro Castiñeira, uno de los asesores económicos del Presidente, había afirmado que “el Estado no se tiene que meter en la morosidad” y que “el mecanismo del mercado es más eficiente que cualquier resolución desde el Estado”. La posición de Menem no elimina esa definición de fondo, porque condiciona cualquier iniciativa al mantenimiento del equilibrio fiscal. Pero introduce una diferencia política: si el Estado no debe intervenir, la presentación de un proyecto oficial para “descomprimir” la situación de los deudores necesita una explicación adicional.
El oficialismo deberá definir qué significa esa intervención y por qué ahora considera necesario utilizar al Congreso para abordar una cuestión que hasta el momento había presentado principalmente como un asunto entre bancos y clientes. La discusión sobre la morosidad está vinculada, además, con el funcionamiento del crédito en la economía doméstica. Una parte del endeudamiento puede utilizarse para adquirir bienes durables, financiar inversiones o anticipar consumos. Otra parte puede utilizarse para cubrir gastos corrientes. Cuando el crédito comienza a reemplazar ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades mensuales, la cuota se transforma en una obligación que se suma a los gastos que ya no pueden ser absorbidos por el salario.
El aumento de los incumplimientos tiene múltiples causas, entre ellas las condiciones de las tasas, las políticas de otorgamiento de crédito, los ingresos de los hogares y la evolución del consumo. Presentar el problema exclusivamente como una falla del deudor deja fuera la relación entre la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento. También permite entender por qué el monto absoluto de las deudas no alcanza para determinar si existe un problema. Una deuda puede ser pequeña en términos agregados y, al mismo tiempo, representar una carga significativa para un hogar cuyos ingresos disponibles son reducidos. La relación entre cuota e ingreso es la que determina la capacidad efectiva de pago.
El propio Gobierno quedó obligado a modificar parcialmente su posición cuando el crecimiento de la morosidad comenzó a afectar a las entidades financieras. Los bancos refinancian créditos, las familias acumulan obligaciones y las entidades no bancarias registran niveles de irregularidad superiores a los del sistema tradicional. El problema deja de ser únicamente el incumplimiento de una persona y comienza a impactar sobre el funcionamiento del mercado de crédito.
La discusión parlamentaria que se viene tampoco nació de una iniciativa oficial. Fueron bloques de la oposición los que impulsaron el tratamiento de proyectos sobre endeudamiento familiar y morosidad y consiguieron reunir firmas para solicitar una sesión el 9 de septiembre. La respuesta de La Libertad Avanza fue intentar administrar los tiempos del debate desde las comisiones. El titular de Diputados plantea discutir en comisión y presentar proyectos alternativos desde el oficialismo. El cambio permite observar que el problema ya no puede ser descartado como una cuestión ajena a la política económica. La discusión se trasladó desde la existencia del fenómeno hacia la forma en que debe ser abordado.