El programa de ajuste continuo del gobierno Milei arrojó una nueva reducción del gasto público en lo que va de 2026 y una profundización del recorte de los recursos que la Nación distribuye entre las provincias. Entre enero y septiembre, el gasto primario cayó 29,7% en términos reales respecto del mismo período de 2023, mientras que las transferencias no automáticas a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires retrocedieron 81,1%, de acuerdo con el último monitor del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), publicado el 28 de octubre. La reducción del gasto, presentada por el oficialismo como una condición para sostener el equilibrio de las cuentas públicas, tiene como contrapartida una menor disponibilidad de recursos para financiar políticas, sostener servicios y ejecutar obras, en un escenario en el que la debilidad de la actividad económica agrega presión sobre los ingresos tributarios.
El informe, elaborado a partir de datos del INDEC y del Ministerio de Economía, compara la ejecución presupuestaria acumulada a septiembre de cada año, expresada en moneda constante de septiembre de 2026. El análisis abarca las principales partidas del gasto primario del Sector Público Nacional, que representan el 86% del total ejecutado durante el período. Los resultados muestran que la reducción no se limita a un componente específico del presupuesto, sino que alcanza a los salarios públicos, los programas sociales, las transferencias a las provincias y la inversión directa del Estado.
El ajuste también se observa cuando se considera la evolución del gasto por habitante, una medida que permite dimensionar cuánto se redujeron los recursos públicos disponibles en relación con la población. En esa comparación, el gasto primario real per cápita cayó 2,5% interanual y 30,1% frente a 2023. Si se incluye el pago de intereses de la deuda, el gasto total por habitante retrocedió 2,6% respecto de 2025 y 30,5% en comparación con el año previo a la asunción de Milei. El dato expone la magnitud de la contracción acumulada desde el cambio de gobierno, incluso después de descontar el efecto de la inflación.
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Las provincias en el centro del recorte
La mayor reducción entre los rubros analizados por el IARAF corresponde a las transferencias no automáticas que la Nación envía a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. En los primeros nueve meses de 2026, esos recursos cayeron 19,3% en términos reales respecto del mismo período de 2025 y acumularon un retroceso de 81,1% frente a 2023. Cuando se mide la evolución por habitante, la disminución alcanza el 81,2%.
Se trata de fondos que, a diferencia de la coparticipación federal y de otros recursos distribuidos mediante mecanismos establecidos por ley, dependen de decisiones presupuestarias y administrativas del Gobierno nacional. Pueden destinarse a gastos corrientes, programas específicos, asistencia financiera y obras de infraestructura, por lo que su reducción obliga a las administraciones provinciales a revisar prioridades, buscar otras fuentes de financiamiento o postergar compromisos.
La reducción de los giros nacionales se suma, además, a las dificultades que atraviesan las cuentas públicas subnacionales cuando disminuyen los ingresos tributarios vinculados con el consumo y la producción. El resultado es una presión simultánea sobre los recursos disponibles y las necesidades de gasto, que puede traducirse en demoras en los pagos, postergación de inversiones y mayores tensiones entre gobernadores y la Casa Rosada por el reparto de los fondos.
El ARAF advierte que las comparaciones con los años anteriores no son estrictamente homogéneas, porque desde 2025 el Ministerio de Economía reclasificó parte de los envíos corrientes destinados a salud hacia otros gastos corrientes. Un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET publicado en octubre de 2026 ubicó las transferencias presupuestarias no automáticas entre los componentes que más contribuyeron al ajuste fiscal de la actual gestión. Según ese trabajo, medidas sobre una base comparable, las transferencias a provincias y municipios pasaron de representar el 1,3% del Producto Bruto Interno en 2023 al 0,3% en 2026, considerando el acumulado de los últimos doce meses a septiembre.
El estudio también identificó entre los principales recortes la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la reducción de la asistencia financiera y la virtual paralización de las transferencias de capital destinadas a obras públicas.
Menos programas sociales y salarios públicos
El ajuste también alcanzó a los programas sociales, una de las partidas con mayor retroceso respecto de 2023. El gasto acumulado hasta septiembre cayó 25,6% en términos reales frente al mismo período del año anterior y 60,3% respecto de 2023. Por habitante, la disminución interanual fue de 25,7% y la acumulada frente a 2023 llegó al 60,5%. El IARAF aclara que esta categoría corresponde al rubro de otros programas sociales de la Oficina Nacional de Presupuesto e incluye, entre otras prestaciones, el refuerzo de ingresos para jubilados, las políticas alimentarias, las acciones de empleo, el seguro de desempleo y las becas Progresar.
El recorte no incluye a la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares ni las pensiones no contributivas, por lo que no debe confundirse su evolución con la del conjunto de las políticas de protección social. El gasto en esta prestación aumentó 2,8% real en los primeros nueve meses de 2026 frente a igual período de 2025 y acumuló una suba de 61,6% respecto de 2023. De acuerdo con el informe, se ubicó en el mayor nivel de toda la serie analizada y acumuló tres incrementos reales interanuales consecutivos. Por habitante, el aumento acumulado frente a 2023 fue de 60,8%.
Esta diferencia entre partidas muestra que el ajuste no se distribuyó de manera uniforme entre todos los componentes del presupuesto. Mientras la AUH aumentó en términos reales, otros programas sociales sufrieron recortes pronunciados. Para evaluar el alcance de la política social del Gobierno, por lo tanto, resulta necesario observar la composición del gasto y no solamente la evolución de una prestación individual.
La masa salarial del Estado nacional también registró una reducción sostenida. Según el IARAF, el gasto en remuneraciones fue el menor de todo el período estudiado, con una caída real de 6,1% interanual y de 29,3% frente a 2023. El instituto atribuye esta evolución tanto a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios como a la disminución de la planta de personal. En términos per cápita, el retroceso acumulado respecto de 2023 fue de 29,6%.