Mientras la economía argentina parece cada vez más cerca de una crisis de deuda del sector privado, el Gobierno de Javier Milei avanza con una reforma que reduce las herramientas del Banco Central (BCRA) para intervenir sobre el crédito, las tasas de interés y el sistema financiero. El proyecto de reforma de la Carta Orgánica no sólo limita la función de la autoridad monetaria a preservar el valor de la moneda, sino que también elimina facultades para orientar el financiamiento hacia PyMEs y economías regionales. Al respecto, la combinación entre la caída de los ingresos y la desregulación de las tasas de interés está llevando a un aumento de la mora bancaria y financiera, al punto de ubicar a la economía “en la puerta de ingreso a una crisis de deuda del sector privado”, según especialistas.
Frente a ese escenario, la administración libertaria propuso profundizar la liberalización del sistema y reducir la capacidad de intervención de la autoridad monetaria. A su vez, el alcance del proyecto va más allá de las decisiones que pueda tomar la actual administración, ya que el nuevo diseño busca “fijar, más allá del resultado de las urnas, un modelo económico específico”, aseguró un informe privado al que accedió este medio. A esto se suma la posibilidad de utilizar las reservas internacionales como garantía de operaciones con acreedores externos, un cambio que implicaría mayor dependencia financiera y nuevos riesgos para la estabilidad del sistema.
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Menos herramientas pese a que aumenta la deuda
El Gobierno de Javier Milei avanza con una reforma que no sólo redefine el funcionamiento del Banco Central (BCRA) sino que también reduce las herramientas con las que futuras gestiones podrán intervenir sobre el crédito, las tasas de interés y la actividad económica. El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que ya obtuvo media sanción en Diputados, establece como misión única de la autoridad monetaria preservar el valor de la moneda, elimina facultades de orientación del crédito y endurece hasta los dos tercios del Congreso el mecanismo para remover a sus autoridades.
Al respecto, el primer cambio de la reforma aparece en el propio objeto de la institución. El proyecto modifica el artículo 1° de la Carta Orgánica para establecer que la misión “única, primaria y fundamental” del organismo será preservar el valor de la moneda. De esta manera, quedan afuera los objetivos que contempla actualmente la normativa, entre ellos la estabilidad financiera, la promoción del empleo, el desarrollo económico y la equidad social.
Para el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), no se trata de una modificación meramente formal, sino de un cambio en la concepción sobre el papel de la política monetaria. “Es un intento de fijar, más allá del resultado de las urnas, un modelo económico específico y de profundizar la dependencia financiera externa del país, en momentos en que la fragilidad de la economía argentina exigiría, más bien, lo contrario”, señalaron los economistas. El nuevo esquema responde a una visión ortodoxa según la cual la política monetaria no tiene capacidad para modificar las capacidades productivas, la distribución o el nivel de actividad de una economía, y su función se limita a evitar que la expansión de la cantidad de dinero genere presiones inflacionarias.
El informe mencionado advirtió, sin embargo, que ese modelo no constituye un consenso generalizado entre las principales economías del mundo. De hecho, Estados Unidos y China cuentan con bancos centrales con objetivos más amplios: mientras la Reserva Federal debe arbitrar entre crecimiento e inflación, el país asiático trabaja con objetivos que incluyen estabilidad, crecimiento del PBI y empleo, acompañados por una intervención mucho más directa.
En el caso de nuestro país, la consecuencia más concreta es limitar el lugar de la autoridad monetaria dentro de la política económica. En este sentido, la modificación adquiere especial relevancia por el escenario que atraviesa el sector privado. La economía argentina se encuentra “en la puerta de ingreso a una crisis de deuda del sector privado”, evaluaron desde el CESO debido a la combinación entre la caída de los ingresos y la desregulación de las tasas de interés que disparó los niveles de mora del sistema bancario y financiero. Frente a ello, el diagnóstico del centro de estudios es que el Gobierno debería avanzar en sentido contrario al que propone la reforma: ampliar la capacidad de regulación de las tasas e intervenir sobre el mercado de las financieras de crédito, que actualmente se encuentra fuera de su órbita.
La eliminación del crédito productivo en pleno avance del endeudamiento
Un factor no menor tiene que ver con que la pérdida de instrumentos alcanza también al direccionamiento del crédito. Entre las facultades que contempla actualmente la Carta Orgánica y el proyecto del oficialismo elimina, se encuentra la posibilidad de orientar el financiamiento hacia las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y hacia las economías regionales. Así, mientras la economía queda cada vez más expuesta al endeudamiento y la mora, la reforma avanza hacia un Banco Central con menos capacidad para intervenir sobre las condiciones en las que se obtiene financiamiento y sobre los sectores hacia los que puede dirigirse el crédito.
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Otro punto de relevancia tiene que ver con la modificación del mecanismo de designación y remoción de las autoridades del BCRA. Actualmente, el Poder Ejecutivo puede remover al presidente o a los directores del organismo con intervención de una comisión bicameral. El proyecto elimina ese mecanismo y establece que una eventual remoción deberá realizarse mediante un decreto presidencial aprobado previamente por ambas cámaras del Congreso con una mayoría de dos tercios de los miembros. Además, la remoción queda condicionada a una causal específica: una “falta grave y manifiesta” fundada en hechos precisos e inequívocos.
Se suma que el proyecto de La Libertad Avanza (LLA) elimina, además, la participación del representante del Ministerio de Economía en las reuniones del Directorio. Actualmente el funcionario en el cargo tiene intervención previa sobre el impacto de las decisiones monetarias en la Balanza de Pagos. “Su eliminación reduce el canal formal y cotidiano de conexión entre el Poder Ejecutivo y las decisiones del Banco, más allá de la designación de sus autoridades”, destacaron los especialistas.
Reservas como garantía, el otro cambio de fondo
La reforma incorpora además una modificación sobre el uso de las reservas internacionales. El proyecto habilita al Banco Central a utilizar parte de sus activos externos como garantía en operaciones propias y amplía la lista de acreedores posibles para incluir a bancos privados internacionales, además de organismos multilaterales.
En la práctica, esto permitiría al BCRA apalancarse en los mercados internacionales utilizando las reservas como respaldo. El informe del CESO advirtió que el riesgo adquiere particular dimensión si esos activos quedan comprometidos frente a acreedores externos bajo jurisdicción de tribunales extranjeros, ya que, ante un incumplimiento, las reservas podrían quedar expuestas a su ejecución.
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Las reservas internacionales son presentadas como respaldo del sistema bancario y de los depósitos en dólares de ahorristas y empresas por eso, “comprometer las reservas como garantía no constituye solamente una nueva herramienta de financiamiento, también introduce un riesgo sobre uno de los principales respaldos del sistema financiero”. En el escenario extremo planteado como ejemplo en el informe, un embargo de las reservas podría afectar los depósitos en dólares y generar una crisis sistémica de características comparables a la de 2001-2002.
Un modelo económico "blindado" ante eventuales cambios en las urnas
“En conjunto, la reforma busca fijar un modelo económico más allá de los cambios de gobierno y profundizar la dependencia financiera externa”, destacaron desde el centro económico respecto de las consecuencias posibles para que un gobierno futuro pueda modificar el rumbo monetario y financiero del país.
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En definitiva, la cuestión de fondo no es solamente qué Banco Central quiere el presidente Milei para su modelo económico, sino qué quedará cuando otro gobierno llegue al poder y pretenda hacer una política diferente, especialmente frente a una economía expuesta a las oscilaciones del sector externo, el endeudamiento privado y las crisis financieras. Limitar la capacidad de intervención del Banco Central en ese contexto podría entonces terminar profundizando la vulnerabilidad frente a shocks de liquidez, tasas y financiamiento.