El mate está en todas las mesas argentinas, pero cada vez son menos quienes logran vivir de producir la yerba. Mientras las grandes marcas consolidan ganancias, miles de pequeños productores y tareferos del noreste del país atraviesan una crisis marcada por precios de miseria, precarización laboral y venta de chacras.
Los establecimientos de secado procesaron un volumen récord de 987,1 millones de kilogramos de hoja verde, lo que representó la mayor cosecha anual de los últimos cinco años y un crecimiento del 27,4% respecto de 2023. Sin embargo, la tendencia alcista se revirtió bruscamente al año siguiente, cuando el volumen cayó un 9,9% interanual, cerrando en 889,3 millones de kilogramos.
Durante el primer semestre de 2026, la contracción se profundizó con apenas 417,5 millones de kilogramos de hoja verde procesados. Este resultado refleja una baja del 7,2% en comparación con el primer semestre de 2025 y un desplome del 25,9% frente al mismo período de 2024.
La crisis yerbatera expone los efectos concretos del modelo económico libertario sobre una cadena históricamente desigual. Con el desmantelamiento de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el Gobierno eliminó herramientas clave para fijar precios y equilibrar la relación entre miles de productores y un mercado dominado por un puñado de grandes empresas. En concreto, diez compañías concentran cerca del 75% del mercado industrial y definen condiciones sobre una actividad de la que dependen más de 12.000 productores, unos 13.000 tareferos y miles de familias rurales que quedaron a merced de un puñado de grandes jugadores.
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Misiones: la provincia más golpeada por el retroceso
En Argentina, la producción de yerba mate se concentra casi exclusivamente en Misiones (90% del total nacional, con una superficie que supera las 200.000 hectáreas) y, en menor medida, en Corrientes (27.500 hectáreas), ya que la región reúne condiciones excepcionales para el desarrollo del cultivo. Desde la llegada al gobierno de Javier Milei, el sector viene denunciando que, al menos tres factores que existían previamente, se agravaron: mayor concentración, aumento de la precariedad y creciente expulsión de trabajadores y pequeños productores de la actividad.
El deterioro de la actividad afecta de manera directa al territorio misionero, que históricamente fue el motor de la industria yerbatera. Durante el año 2025, Misiones concentró el 83,2% del ingreso total de hoja verde, registrando su participación relativa más baja de los últimos cinco años. Lejos de recuperarse, la pérdida de peso de la provincia se agudizó en el primer semestre de 2026, cuando la proporción volvió a caer para situarse en un 80%.
Esta caída continua golpea de lleno al entramado socioeconómico local, compuesto por 86 operadores entre pymes, cooperativas y empresas familiares que intentan sostenerse frente a la pérdida de rentabilidad y la presión de las grandes marcas.
Las consecuencias son claras: se registran contingentes de trabajadores que migran hacia estados como Rio Grande do Sul para desempeñarse en cosechas frutícolas, donde perciben salarios más altos y, en algunos casos, cuentan con condiciones de alojamiento y transporte cubiertas por los empleadores. Según datos de la Receita Federal de Brasil, la cantidad de trabajadores argentinos — en su mayoría misioneros— que tramitaron el Cadastro de Pessoa Física (CPF), equivalente al CUIL argentino, pasó de un promedio de aproximadamente 8.000 registros anuales entre 2016 y 2021 a cerca de 40.000 en 2025, lo que evidencia un crecimiento exponencial de la migración laboral hacia el país vecino.