El regreso del miedo

La excepcionalidad y la persistencia de la pandemia comienza a mostrar componentes lúgubres sobre la situación social y el devenir de los próximos meses. Los datos que se conocieron en los últimos días son inquietantes y pueden resumirse en unos pocos elementos. El principal es la pérdida de confianza de la población en que el potencial rebote de la actividad económica se traduzca en una mejora de la situación personal. La persistencia de la alta inflación provoca el deterioro constante de los indicadores y, a juzgar por algunas encuestas, como por ejemplo la última de la firma “Analogías” difundida este viernes, también de la cohesión social, en tanto se percibe que los grandes empresarios, es decir quienes dirigen la economía real, no están colaborando en la resolución de la crisis. Si bien quienes presentan amparos para no pagar la contribución extraordinaria a las grandes fortunas son una minoría, se trata de una imagen que convive ominosamente con el imparable aumento de la informalidad y la pobreza. En una situación no pandémica, los ánimos sociales estarían mucho más caldeados. Hoy sólo el temor al contagio del virus y, en particular, al colapso del sistema sanitario aplacan lo que en otro contexto podría ser una situación de furia social.

  De todas maneras, siguiendo a Analogías, la imagen del presidente Alberto Fernández a nivel país continúa positiva, aunque por un margen cada vez más estrecho: 52,6 a 45,9, (la diferencia son ns/nc). El presidente alcanzó su pico de imagen positiva en marzo de 2020, en los inicios de la pandemia, cuando llegó al 93,8 por ciento contra 4,8 de negativos. Eran los comienzos de la nueva administración, Fernández se mostraba seguro y certero frente a los primeros shocks del virus y el poder mediático no había iniciado su guerra de demolición. La permanente caída de imagen desde entonces sumó tanto el desgaste psicológico de la población por un año de encierro parcial, enfermedad y muerte, como la profundización del deterioro de los indicadores sociales.

  Sin embargo, cuando se mira la encuesta de Analogías por dentro se encuentra que los mayores positivos y los menores negativos se registran entre los sectores de menor nivel educativo, a los que se presume más afectados por la crisis, 61,7 contra 36,2. Lo contario ocurre con los de mayor educación, a los que se presume menos afectados, 44 a 55,6. Lo que está en el medio es la lucha de clases, la mal llamada grieta política. Los más pobres son los más comprensivos con el devenir del oficialismo o quizá quienes advierten que con otro gobierno estarían todavía peor. Cualquiera sea el caso, el panorama sobre la tensión social de los próximos meses no está definido por dos razones, la primera es que la calma social se mantiene esencialmente por el miedo sanitario, un escenario en el que la esperanza está dada por la vacuna, un miedo que con la segunda ola le pasó por encima a las preocupaciones por el empleo y los precios.

Fuente: Consultora Analogías, estudio nacional 20 y 21 de abril sobre actitudes políticas, evaluación del gobierno, expectativas económicas, situación sanitaria, plan de vacunación y otros temas de coyuntura.

La persistencia del miedo no evita que los indicadores sociales continúen deteriorándose, lo que abre dos preguntas: hasta cuándo seguirá el deterioro y qué pasará cuando la vacunación haga retroceder al virus y el temor desaparezca. No son preguntas sencillas, pero puede adelantarse una previsión sui géneris: en algún momento la cuerda se romperá. Al respecto existe un dato duro que traspasa las diferencias de clase: los que creen que en los próximos dos años la situación económica será peor que en el presente son mayoría, 62,4 contra 32,9, un desánimo que la falta de rumbo de una oposición cada vez más irresponsable y dañina no logra capitalizar, quizá porque la memoria del desastre 2016-19 está todavía demasiado fresca. Pero nada es para siempre.

Acerquemos la lupa. Hoy el estado de la contienda política electoral se sintetiza en un gobierno que apuesta casi exclusivamente a la alegría de recibir la vacuna y que asumió que será muy difícil mejorar la situación económica en el corto plazo, panorama que podría incluso agravarse, frente a una oposición furiosa que apuesta sin miramientos a romper todo, a la muerte misma para culpar al gobierno del potencial colapso sanitario.

Luego está la capacidad de veto del poder real. Detengámonos en este punto. El Estado nacional es una fuerza débil. La argentina es una sociedad en la que cualquier minoría intensa tiene capacidad de torcerle el brazo al sector público. Algunos ejemplos representativos de estas minorías son quienes se movilizaron a favor de los vaciadores de Vicentín, quienes cortan rutas durante semanas paralizando la actividad petrolera ocasionando pérdidas multimillonarias en divisas (cualquiera sea la justeza de sus reclamos) y el ambientalismo extremista que apedreó al Presidente en Lago Puelo e incendió oficinas en Aldalgalá para después reclamarse perseguidos políticos frente a las consecuencias penales, todo con el apoyo de integrantes del Frente de Todos, por si algo faltase. Si estas minorías tienen poder de veto sobre las decisiones públicas no es difícil imaginar la capacidad del poder económico real frente a un gobierno popular que detesta.

Asoman algunos indicios. Por un lado se prevé que en proximidad de las elecciones los exportadores se sentarán sobre la nueva catarata de dólares aportados por los súper precios del agro, con la soja nuevamente acercándose a los 600 dólares la tonelada como en 2008. Por otro los medios de comunicación concentrados seguirán atizando el desánimo y erosionando la legitimidad oficial. Al mismo tiempo, si no logra frenarse la inflación la pobreza seguirá creciendo. Con la caída de la actividad los asalariados, cuyos ingresos ya acumulan tres años de baja continua, pierden capacidad de negociación. Recomponer la demanda para volver a crecer se volverá cada vez más esquivo, como lo mostraron esta semana los números de la actividad económica (-2,4 acumulado en el primer bimestre) pero además los insumos industriales aumentaron por encima de la media de las commodities, lo que agravará más las tensiones de las cuentas externas. La leve recuperación industrial registrada antes de que la segunda ola la detuviera alcanzó para comprimir el superávit comercial de marzo a sólo 400 millones aun en un contexto de fuerte aumento de las exportaciones.

Mientras tanto en las áreas económicas del gobierno, con una canasta de pobreza que ya se acerca a los 61 mil pesos para una familia tipo, se esfuerzan en pensar mecanismos para frenar la continuidad del alza de los alimentos. El desafío es siempre cómo desacoplarse de la inflación importada, es decir de la suba de los precios internacionales. La ley de solidaridad le puso tope a las alícuotas de retenciones y en el Congreso no dan los votos para cambiarla. Hoy subir retenciones al agro pampeano no es una cuestión de voluntad política, simplemente desapareció el margen político para polarizar y subir los decibeles. En este contexto una idea que gana peso es subir los pocos puntos de retenciones agrícolas que autoriza la ley y con esos ingresos crear un “fondo compensador” que en pocos meses llegaría a los mil millones de dólares. Estos recursos se utilizarían para subsidiar los precios de determinados productos específicos con gran impacto en el consumo popular, por ejemplo subsidiar a los molinos para que bajen el precio de la harina, o a los frigoríficos para que bajen los valores de algunos cortes cárnicos. Estas propuestas no especialmente ambiciosas ponen en primer plano los límites reales y los escasos márgenes de acción con los que se desenvuelven los hacedores de política en un gobierno cada vez más asediado.-