La pandemia del coronavirus dejó en evidencia la importancia del acceso a la vivienda, el déficit habitacional que aqueja a la Argentina, la situación de vulnerabilidad que viven los inquilinos del país y la -casi - imposibilidad de lograr concretar el sueño de la casa propia. Con ese marco de fondo, esta semana ingresó al Congreso un proyecto de ley para que las ofertas de alquileres sólo puedan hacerse en pesos y no en dólares. De aprobarse, se aplicará a todas sus modalidades: comercio, turismo y no sólo vivienda. Algo que definieron como "un gran paso hacia la pesificación" más general.
El proyecto, que se presentó el miércoles, especifica un cambio a la ley de alquileres que modificó el Código Civil y Comercial de la Nación. Plantea que su artículo 16 bis deberá decir: "En todos los supuestos, los alquileres se establecerán en moneda de curso legal al momento de concertarse. Será nula, sin perjuicio de la validez del contrato, la cláusula por la cual se convenga el pago en moneda que no tenga curso legal. En este caso, el precio quedará sujeto a determinación judicial".
Este fue uno de los debates que planteó la vicepresidenta Cristina Kirchner en la carta que publicó por el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner y a uno de la victoria en las urnas de Alberto Fernández: "Es que la Argentina es el único país con una economía bimonetaria: se utiliza el peso argentino que el país emite para las transacciones cotidianas y el dólar estadounidense que el país -obviamente- no emite, como moneda de ahorro y para determinadas transacciones como las que tienen lugar en el mercado inmobiliario. ¿Alguien puede pensar seriamente que la economía de un país pueda funcionar con normalidad de esa manera?", se preguntó.
La Federación de Inquilinos Nacional se reunió esta semana con el nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Le llevaron una serie de propuestas entre las que se encuentra la que se plasmó en un proyecto de ley. "Prohibir la oferta en dólares de los inmuebles". Ese es el título de una de las seis iniciativas elevadas. "El manejo de moneda extranjera en la Argentina es una constante. Paradójicamente, los trabajadores cobramos en moneda nacional; la edificación, los salarios y los materiales de construcción se pagan con moneda nacional. Pero a la hora de poner en valor a los inmuebles se cotizan en dólares, lo que altera absolutamente el cálculo rentista, alcanzando el canon locativo a más del 50 de nuestros ingresos, según nuestros datos estadísticos", explicaron desde el organismo.
Fundamentos
El proyecto sostiene que, desde la última dictadura cívico militar, la Argentina entregó la dolarización del negocio de viviendas al mercado inmobiliario, lo que incrementó el valor del metro cuadrado, hizo que el sueño de la casa propia sea casi imposible y multiplicó las ganancias de algunos pocos.
"La redacción del artículo que presentamos en este proyecto de ley es recuperado de la ley 23091 del ex presidente Ricardo Alfonsín. Se planteó en los inicios de la democracia que “la corrupción se terminaba evitando los pagos o los depósitos en moneda de otro país”. Y el mismo mensaje presidencial, al envío del proyecto de ley al Congreso, refería que “la tolerancia del régimen civil para fijar la moneda con que los contratos se suscriben debe ser rectificada”. Sin embargo, la nefasta convertibilidad hizo creer que en la Argentina la moneda de curso legal era equivalente al billete que emitía un país extranjero", sostiene el texto que lleva la firma del diputado del Frente de Todos, Federico Fagioli.
Al darle valor legal a una moneda foránea, los contratos se dolarizaron. Llegada la crisis del 2001, que derribó la ficción del "uno a uno", "todos los intentos por hacer entender que el dólar es una moneda que depende de factores económicos externos han fracasado. La cultura del dólar sigue predominando en la libertad para hacer negocios privados, a costa de sacrificar ahorros en los mejores casos o endeudar cada vez más a las familias".
Por eso, plantea, "hay que volver a “enfrentar los problemas sociales ocasionados por las distorsiones del mercado”. El Estado tiene que recuperar la palabra y la decisión. Y nosotros tenemos el deber de legislar sobre un asunto tan caro para las millones de familias que firman contratos de locación en la Argentina".
Hace unas semanas, desde Inquilinos Agrupados compartieron un informe de UBS Reporte Inmobiliario que es realmente alarmante. Compara la cantidad de años que se necesitan para comprar un departamento de 60 m2 en ciudades de todo el mundo y la ubicación de la Argentina da pocas esperanzas. En Buenos Aires hacen falta 62 años para acceder a este inmueble contra 39 de Munich, que figura en el segundo lugar.
Hong Kong está tercero con 38 años para lograr ser propietario de un departamento de 60 m2, Zurich con 37 años, París con 36, Singapur con 33, Londres con 31 años, Frankfurt 30, Madrid 24, Los Ángeles, 18 y Chicago 12 por poner algunos ejemplos.
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