Alquileres: presentaron seis propuestas para intentar solucionar el acceso a la vivienda

Hay 9 millones de inquilinos en el país y la pandemia agravó su situación. Las iniciativas van desde la extensión del decreto de emergencia hasta la prohibición de oferta de inmuebles en dólares.

10 de noviembre, 2020 | 19.38

Los números oficiales indican una realidad que se siente en las calles: con el correr de los años, la cantidad de propietarios bajó y la de inquilinos subió. El sueño de la casa propia es cada vez más lejano, por no decir imposible, y los títulos de vivienda se concentran en menos manos, lo que imposibilita solucionar una problemática grave en todo el país como lo es el déficit habitacional. En la Argentina hay nueve millones de inquilinos, por eso las políticas orientadas al sector son tan importantes y la pandemia del coronavirus agravó una situación que ya requería de regulaciones. El decreto que suspende aumentos, desalojos y prorroga contratos no se cumple porque jamás se estableció una autoridad de control y eso plantea interrogantes a futuro, sobre todo para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva ley de alquileres. Por eso, se presentaron varias iniciativas ante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

Las organizaciones nucleadas en la Federación de Inquilinos Nacional elevaron seis propuestas para empezar a solucionar el problema de acceso a la vivienda en alquiler, algo que es estructural y que la pandemia profundizó. Van desde la extensión del decreto de emergencia que comenzó a regir el 29 de marzo hasta la prohibición de oferta de inmuebles en dólares.

Para comenzar, algunos datos. Según el INDEC, en 2018 el 27,6% de los ciudadanos alquilaban, número que subió este año hasta el 29,5%. Casi tres de cada diez personas son inquilinas. En contramano, hace dos años había un 66,8% de propietarios, porcentaje que bajó al 63,8% y evidenció la concentración de inmuebles en pocas manos.

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Según un informe del Observatorio de la Vivienda de la Ciudad, de 2018, el 35,1% de los porteños son inquilinos. Casi cuatro de cada diez personas. Mientras que el 52,2% son propietarios de la vivienda y el terreno y un 12,7% lo es sólo de la vivienda. En los últimos 14 años la proporción de hogares inquilinos creció 11 puntos porcentuales (pasó de 23,9% en 2003 a 35,1% en 2017) y los hogares propietarios han decrecido en casi iguales proporciones (64,4% en 2001 y 52,2% en 2017). O sea, otra vez, menos dueños, más inquilinos.

Como contó El Destape, el sueño de la casa propia es cada vez más lejano. Así lo muestran números oficiales del Gobierno porteño. A fines de 2006 se necesitaban 248 salarios mínimos para comprar una vivienda (sin especificar de qué tipo ni metros cuadrados), o sea casi 21 años si se invertía ese ingreso de forma completa. A principios de 2019 se necesitaron 562 SMVM, o sea 47 años. Un poco más del doble.

En tanto, si hablamos de un sueldo medio, en 2015 se necesitaban 283 salarios para acceder a una vivienda en la Ciudad, casi 24 años para ser propietario. A principios del año pasado, ese número subió a 504 ingresos, hablamos de 42 años. También, casi el doble.

En paralelo, una encuesta nacional de Inquilinos Agrupados mostró que el 60% de los inquilinos, o sea en 6 de cada 10 casos, recibieron aumentos en sus contratos, algo congelado por el DNU de alquileres. Puede deberse a una imposición o a la elección personal de optar por pagar los aumentos ahora y no una vez finalizada la norma. Decisión que dependerá de la situación económica de cada grupo familiar porque, en promedio, se destina más de la mitad del sueldo sólo a pagar la vivienda, sin contar impuestos y expensas.

Ni hablar de las deudas acumuladas. Casi un millón y medio de hogares no podrá pagar el alquiler de noviembre y de ellos, casi la mitad acumula deudas de dos o mas meses, lo que los pone en situación de desalojo una vez finalizado el decreto de alquileres. De ahí la necesidad de resolver algunos problemas y la presentación de estas seis propuestas.

Las propuestas

Extensión del decreto 766: ante los riesgos de una oleada de desalojos, pérdidas de empleo o reducción de ingresos, solicitaron la prórroga de la medida para generar más previsibilidad a las familias. Vence el 31 de enero de 2021.

Reglamentación de los contratos en AFIP: está estipulado en la nueva ley de alquileres. Según los datos ofrecidos por la Federación Nacional de Inquilinos, "uno de cada tres contratos se firma con cláusulas ilegales, plazos no autorizados e indexaciones no consentidas en la nueva ley. El mercado inmobiliario tiene las manos libres para hacer a su antojo, en la crisis más grave que vive la humanidad desde las guerras mundiales".

Campaña de difusión de la ley de alquileres y el decreto: porque hace que las personas conozcan sus derechos, puede frenar desalojos que ocurrieron pese a estar prohibidos y frenar abusos recibidos por los inquilinos - según datos de la encuesta que realizaron y difundieron el viernes -.

Creación de un organismo de control: en todas las provincias, independiente y con poder de policía para garantizar el cumplimiento de las normas.

Prohibir la oferta en dólares de los inmuebles: los trabajadores cobran en peso y las construcciones se hacen en pesos. Sin embargo, los inmuebles se cotizan en dólares y eso hace cada vez más difícil el acceso a la vivienda, "alcanzando el canon locativo a más del 50 de nuestros ingresos, según nuestros datos estadísticos".

Subsidios para la cancelación de los pagos de alquileres atrasados: se trata de una política de desendeudamiento para afrontar el pago por erogaciones atrasadas a causa de la pandemia - y permitidas por el DNU -. Pueden ser "una transferencia directa a propietarios de hasta dos casas en alquiler y para inquilinos desocupados o que perciban menos de tres salarios mínimos", según propusieron. 

 

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