El Vaticano confirmó que el sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, fallecido en 2023, fue culpable de los delitos de abusos sexuales y violencia contra varias personas. Había sido suspendido en 2010 tras ser acusado de abuso sexual por unas veinte seminaristas desde el año 2000.
Tanto el Tribunal Penal Especial de primera instancia como el Tribunal de Apelación alcanzaron la denominada "certeza moral" sobre sus actos por hechos encuadrados en "un delito contra el sexto mandamiento, cometido con violencia contra varias personas", según informó el martes Vatican News.
La resolución supone la culminación de un proceso de dos instancias dentro de la Iglesia y estableció definitivamente la culpabilidad de Buela por múltiples delitos contemplados en el Código de Derecho Canónico, referido a cuestiones contra la moral sexual.
La decisión fue comunicada a los delegados de las dos órdenes fundadas por Buela e intervenidas por la Santa Sede: Clara Echarte Oñate, de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, y José Antonio Satué Huerto, del Instituto del Verbo Encarnado (IVE).
Con la "clarificación" de sus delitos, el Vaticano pretende "contribuir a restablecer la verdad como un acto de justicia hacia las personas que se han visto perjudicadas por el comportamiento del sacerdote Carlos Miguel Buela".
La Iglesia también busca brindar "la debida información" a los miembros de las dos órdenes que fundó en su "camino de relectura del carisma y de revisión, renovación y purificación de la espiritualidad".
Cómo fue el caso
Buela falleció el 23 de abril de 2023, mientras permanecía recluido en un monasterio de Génova, Italia. Había sido suspendido en 2010, luego de que alrededor de veinte seminaristas lo acusaran de abuso sexual por hechos que se remontaban a la década de 2000.
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La Iglesia reconoció por primera vez la veracidad de esas denuncias en diciembre de 2016. En ese momento, el Vaticano aclaró que no se habían comprobado abusos contra menores, aunque sí existían denuncias por conductas sexuales inapropiadas contra religiosos y seminaristas del instituto IVE.
Tras garantizar el derecho de defensa del sacerdote, la Santa Sede concluyó que existía "la veracidad de las denuncias y la imputabilidad al padre Buela de comportamientos impropios con mayores de edad".
