Seis organizaciones locales denunciaron frente a la CIDH el ajuste en salud

Ante la falta de respuesta en el país, seis organizaciones argentinas de la sociedad civil expusieron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los efectos del ajuste fiscal en el sistema de salud. Las audiencias se realizan en el marco del 196° Período de Sesiones Ordinarias del organismo, que sesiona en Washington entre el 3 y el 7 de agosto.

La primera audiencia, del lunes 3 de agosto a las 17 (hora de Buenos Aires), estuvo centrada en el derecho a la salud. La solicitaron en conjunto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), la Fundación Huésped, la Fundación Soberanía Sanitaria y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

Las organizaciones delinearon el grave deterioro que está sufriendo la población por el vaciamiento del Programa Remediar, la inseguridad en el abastecimiento de vacunas, los recortes en la cobertura de medicamentos, y en pensiones y tratamientos para personas con discapacidad e infecciones de transmisión sexual y la preocupación por el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental.

Estas asociaciones vienen documentando desde hace tiempo la degradación de la salud pública en la Argentina a partir de las políticas que puso en práctica este Gobierno. El planteo ante la CIDH intenta incluir en la agenda internacional el impacto acumulado de casi tres años de ajuste sobre programas y coberturas que llegan a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como individuos con discapacidad, con VIH u otras infecciones de transmisión sexual, y usuarias del sistema público de salud mental. 

Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), expuso específicamente sobre la situación de las personas con VIH, otras infecciones de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis, además de las medidas regresivas que se promueven en materia de patentabilidad. Estas afectan la producción local y el acceso a medicamentos.

Según los datos de esta fundación, en la Argentina viven con VIH 140.000 personas, de las cuales el 13% desconoce su diagnóstico y casi la mitad accede a él de forma tardía. Di Giano subrayó que se produjo un fuerte retroceso en las políticas de prevención, diagnóstico y seguimiento: la distribución de tests rápidos de VIH se redujo a la mitad en los últimos tres años, con una caída similar en los reactivos de carga viral y otras pruebas diagnósticas.

GEP monitorea las compras públicas de medicamentos desde 2012 y constató que 18 medicamentos para el tratamiento de VIH, tuberculosis, hepatitis C e infecciones oportunistas que provee el Ministerio de Salud de la Nación están sin stock a nivel central, lo que pone en riesgo la continuidad del tratamiento de más de 62.000 personas.

La organización planteó, además, su alarma por el aumento de casos de sífilis, que en 2025 crecieron un 60% por encima del promedio, en un contexto en el que no hubo compras de preservativos ni de medicamentos para profilaxis. En el caso de la tuberculosis, en 2024 se notificaron más de 16.000 casos, la cifra más alta en 16 años.

GEP denunció también el acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos que, según la fundación, al favorecer la extensión de monopolios farmacéuticos, implica un retroceso en materia de propiedad intelectual con impacto directo en el acceso a medicamentos. El acuerdo todavía no fue ratificado por el Congreso y no está en vigencia, pero el Estado ya está aplicando algunas de sus disposiciones de manera anticipada.

Entre esas medidas, la organización señala la derogación de las Guías de Patentabilidad, las directrices que fijaban criterios estrictos para el examen de solicitudes de patentes farmacéuticas y que buscaban evitar registros secundarios y el llamado "evergreening" (la extensión artificial de monopolios sobre un mismo medicamento con la excusa de pequeñas modificaciones). Para GEP, esas guías eran reconocidas internacionalmente como una herramienta eficaz para equilibrar el sistema de patentes con el derecho a la salud, y su derogación amenaza la producción local de medicamentos, retrasa la competencia de genéricos y deja a las personas con enfermedades crónicas expuestas a aumentos de precios que pueden limitar su acceso a los tratamientos. "Es la diferencia entre la vida y la muerte", resumió.

Por su parte, Daniela Giorgietta, de Soberanía Sanitaria, subrayó que durante más de 20 años el Programa Remediar garantizó medicamentos esenciales en hospitales y centros de salud, más allá del gobierno de turno. Los recortes, ahora, hicieron que se pasase de 75 principios activos y 99 presentaciones a solo tres medicamentos cardiovasculares, por ejemplo.

“Hoy, una familia va al centro de salud, recibe la receta, pero ya no puede llevarse la medicación como antes: tiene que salir a comprarla, y muchas veces no puede –destacó Giorgietta–. Estamos denunciando una realidad respaldada por datos concretos: esta decisión afecta directamente a los 16 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público”.

Los representantes del gobierno presentes en la sesión negaron todas las acusaciones con el argumento de que “no se sustituyeron derechos por ajustes, sino que se reorganizaron instrumentos y líneas de trabajo (…) Se mantuvieron las prestaciones esenciales, se focalizó la provisión nacional en la población sin cobertura, se fortaleció la trazabilidad de vacunas, medicamentos y prestaciones para que los recursos disponibles produzcan un mayor acceso efectivo”. 

Los relatores de la CIDH formularon y pidieron precisiones. Por ejemplo, aclararon que más allá de que la Argentina sea un país federal, el Estado es uno y debe garantizar las prestaciones. Que el acceso a vacunas y tratamientos no puede depender de la capacidad fiscal de cada provincia. Y que en el caso de la cobertura en salud mental, cualquier modificación que se introduzca debe preservar modelos científicamente avalados.  

Tras unos minutos de deliberación, ambas partes tuvieron un breve tiempo para hacer aclaraciones. “Los datos que pusimos a disposición de la Comisión surgen de la propia información que produce el Estado –subrayaron los representantes de las organizaciones–. Las 200.000 pensiones que están pendientes de aprobación, los casos de sarampión y tos convulsa, surgen o bien de las respuestas de pedidos de información pública o de los boletines epidemiológicos nacionales que produce semanalmente el Ministerio de Salud. No son producidos por nosotros y mucho menos, inventados”.

Además, agregaron que mientras se reestructuraban programas durante los primeros meses de gestión, al menos 60 personas fallecieron esperando medicación oncológica de acuerdo con denuncias de la Alianza Argentina de Pacientes (Alapa), la Asociación Civil Sostén y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa).

Con respecto al PAMI, destacaron que fue reduciendo la cantidad de medicamentos esenciales que entregaba con cobertura del 100% y actualmente esa cobertura casi no existe. En relación con las pensiones no contributivas, 227.354 personas están esperando una resolución y el 72% de aquellos con discapacidad y sus familias iniciaron ese trámite antes de 2023. Desde diciembre de ese año se otorgaron tan solo 8.633. 

Tampoco se cumple la Ley de Emergencia en Discapacidad porque hay un 40% de desajuste arancelario para los prestadores y prestadoras, refutaron. Además, hay falta de pago y no se están entregando ni medicación ni pañales en los hogares. “Estamos de acuerdo con que se auditen las pensiones, pero no se puede hacer una auditoría sin contemplar plazos adecuados para que las personas puedan cumplir con la documentación que se está solicitando. Estamos hablando de personas ciegas, con discapacidad intelectual o psicosocial que reciben una carta documento que ni siquiera entienden –subrayaron–. Por otro lado, no hay acceso a la información pública, el gobierno argentino está violando la ley”.

Las políticas en materia de salud mental también enfrentan reducciones alarmantes, detallaron. Por ejemplo, “Sedronar tiene un 22% menos de recursos que el año pasado; el Hospital Laura Bonaparte, 17% menos que en 2025, cuando ya habían sufrido un recorte del 25%; el presupuesto del Hospital Ramón Carrillo de este año es un 20% más bajo que el del año pasado. Y ni hablar de la falta de ejecución”, afirmaron. 

Tras esta primera audiencia, el expediente continúa su curso procesal con la presentación de observaciones adicionales, evaluación de pruebas, posibles propuestas de solución amistosa o la emisión de informes. Al día siguiente, también se presentaron reclamos por la Ley de Reforma Laboral.