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¿De quién es la tierra?

El desalojo del lof Quintriqueo vuelve a poner en primer plano una deuda histórica: la Constitución reconoce la posesión comunitaria indígena, pero las comunidades siguen sin contar con un procedimiento que garantice sus títulos.

21 de agosto, 2026 | 20.35

Es miércoles a la mañana y la voz de Amancay Quintriqueo se cuela en muchos dispositivos, se reenvía, contagia a la vez dolor y furia. “Está la policía provincial, Gendarmería, la GEO (Grupo Especial de Operaciones de Neuquén), Bomberos, nos van a desalojar como lo vienen haciendo desde 1870…”, dice con una voz en la que se adivinan las lágrimas. Amancay es la lonko —la autoridad— de su comunidad. Es también una mujer joven que tuvo que tomar la decisión de no resistir el desalojo para evitar la violencia y, a la vez, sostener la promesa de seguir defendiendo la tierra a la que pertenece: la tierra, el lago, las piedras, los árboles y los arbustos, más todos los animales que allí viven y hacen cuerpo con ella.

“Mi familia habitó aquí desde 1834, cuando hay los primeros registros. Era el lugar de invernada de nuestra familia. Hasta que en los ’70 aparece esta familia belga, los Broer, que le piden permiso a mi abuelo para poder cazar. Mi abuelo les permite, pero de un día para otro empezaron a alambrar el territorio, nos fueron cercando, achicando, hasta que mi abuelo ya no pudo ingresar a la zona de invernada”, dice Amancay ya en la tarde del jueves. El desalojo se produjo y también una caravana autoconvocada para acompañar el reclamo del lof (comunidad) Quintriqueo, que va a volver a esa orilla del lago Nahuel Huapi este sábado para seguir defendiendo el lof Melo, comunidad vecina de Quintriqueo, también amenazada con perder sus derechos ancestrales.

La belleza de la zona corta el aliento, el silencio es una presencia tan imponente como la montaña. A la orilla del lago se llega caminando, es posible sentarse allí porque no hay bares, ni hoteles, ni ninguna otra construcción que impida que el territorio sea un espacio común. Al menos hasta ahora. Porque, aun cuando quedó raleada la ley que se conoció como de “extranjerización de la tierra”, los efectos posteriores a la media sanción en el Senado habilitaron decisiones judiciales que habían estado en suspenso durante largo tiempo. En Jujuy, se desalojó con violencia desmedida a la comunidad indígena de Santa Rosa, en Humahuaca; en Misiones, 50 policías echaron de su territorio en Puente Quemado II a la comunidad Mbya Guaraní —aunque pudieron volver, el conflicto sigue—; después del desalojo de Quintriqueo, resiste el lof Melo. “Me voy con el corazón roto, pero qué se puede esperar de este gobierno fascista”, asumió la lonko Amancay en la despedida de su territorio, que no es un adiós sino un hasta pronto, porque su comunidad y ella misma no se resignan.

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“El problema, la trampa, es que no hay un mecanismo para que las comunidades lleguen a su título de propiedad. Aunque parezca mentira, no se estableció un procedimiento burocrático para obtener el título y eso deja a las comunidades en desventaja”, explica Sofía Bordenave, abogada especialista en derechos indígenas y directora de la película Bosque Arriba en la Montaña, que acompaña el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel en 2017 a manos de la Prefectura, en un operativo de desalojo en el que se disparó a mansalva para después intentar plantar una prueba falsa para culpar a los compañeros de Nahuel por su muerte.

“La Constitución dice que son dueños de la tierra quienes tradicionalmente la poseen. Se hizo un relevamiento para definir el alcance de esa posesión tradicional, aunque sea una foto del momento, que siempre es insuficiente. Pero se dejó a las comunidades en situación precaria”, dice Bordenave. A esto hay que sumar el DNU 1083/2024, con el que el gobierno de Javier Milei derogó la prórroga de la Ley N° 26.160 y dio por finalizada la emergencia territorial indígena y la suspensión de los desalojos que establecía la norma.

¿Cuánta más precariedad se les impondrá a pueblos que fueron perseguidos, desposeídos y asesinados si se termina de sancionar esa ley que asegura “desalojos sumarísimos” a quienes sí tienen título de propiedad, aunque no hayan pisado nunca la tierra que reclaman alambrada y sin habitantes? ¿Qué muros se levantarán delante del paisaje que ahora protegen las comunidades indígenas? En la película de Bordenave aparecen los “papeles”, escasos, que sí tienen quienes luchan por la tierra: fotos de sus ancestros entre soldados, de las casas que levantaban con adobe; niños a los que obligaban a vestirse y se los llevaban a hogares para huérfanos para que fueran a la escuela; mapas. Toda una cartografía del genocidio, que en la Patagonia llevó el nombre de “Campaña del Desierto”, y de la ocupación de la tierra que todavía continúa.

En paralelo a esos documentos aparecen las voces del juicio por el homicidio de Rafael Nahuel, el joven de 22 años que había ido con su prima a llevar ayuda al lof Winkul Mapu, cerca del lago Mascardi, que resistía un desalojo, y terminó muerto de un disparo por la espalda. La ministra de Seguridad de entonces era Patricia Bullrich. En el film se escucha al abogado defensor de los imputados demonizar al pueblo mapuche, exigirles a los testigos que no digan la palabra “lamien” —hermano— porque “tienen que hablar en español”; a uno de los acusados diciendo algo así como que el pueblo mapuche no es argentino. Todos los clásicos del racismo y la deshumanización que han servido para negarles sus derechos a los pueblos.

“En la película aparece Fausto Jones Huala, hermano de Facundo, a quienes se ha perseguido como si fueran terroristas. Fausto se suicidó”, dice Sofía con pena y conocimiento de esas juventudes que encuentran su identidad y pagan el costo de querer vivirla con orgullo. La directora de Bosque Arriba en la Montaña —que se estrenó este año en el Forum de la Berlinale y puede verse este fin de semana en el DocBuenos Aires— está segura de que “van a seguir avanzando con estas medidas porque saben que pueden, porque es el momento”.

La Confederación Mapuche alertó también sobre esta arremetida, que enmarca en la oportunidad que les ofrece a “los empresarios privados la seguridad que quieren para seguir explotando el territorio”. Las próximas comunidades que peligran son las que habitan cerca de Vaca Muerta, un lugar que genera ganancias extraordinarias pero que ni siquiera abastece con el tendido de gas a Añelo, la localidad que es el corazón operativo de esa gallina de los huevos de oro.

La oportunidad que tienen los pueblos -tanto al norte como al sur del país- es la solidaridad, la movilización y la conciencia colectiva de que la tierra es para quienes la habitan y no sólo para la extracción de riqueza que ni siquiera ofrece trabajo en este país. Por lo pronto, para este sábado 22 de agosto se organizó una nueva caravana para defender el lof Melo, en ese paraje donde cuerpos y territorios comparten sentidos. Organizaciones sociales, activistas, vecinos y vecinas de la zona, más de 300 comunidades mapuche, comprometieron su presencia para que se entienda que la tierra no se entrega, la tierra se defiende.

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