Martha Cockburn era una jovencita de 15 años, vivía en Oxford y un sábado de julio de 2013 salió de su casa para pasar el día con amigos junto a un lago. Antes de irse, le contó a su madre, Anne-Marie, que pensaba tomar éxtasis. No mintió. Se lo dijo de frente. Pero en lugar de escucharla, su madre gritó, la hizo callar y perdió la oportunidad de hacer lo único que después iba a lamentar no haber hecho: preguntarle qué necesitaba saber para cuidarse.
Tal como había avisado, Martha compró medio gramo de un polvo blanco que creyó era una dosis normal y que en lugar de eso era MDMA con una pureza del 91%, suficiente para varias personas. No lo sabía. Tampoco sabía que buscar esa información en internet (como luego se descubrió que había hecho revisando sus búsquedas en la revista médica The Lancet) no la iba a salvar de un mercado sin ningún control. Sus amigos, aterrados por la posibilidad de meterse en problemas, tardaron dos horas en llamar a una ambulancia después de que empezara a mostrar signos de descompostura. Esa noche murió.
Anne-Marie contó esta historia desgarradora en la presentación de un informe que hace un llamamiento a visibilizar los derechos, las necesidades, las experiencias y las voces de los niños y jóvenes en la elaboración de las políticas de drogas: "Making Children and Young People Visible in Drug Policy" ("Visibilizar a los niños y jóvenes en la política de drogas"), elaborado por la Comisión Global de Políticas de Drogas (GCDP, por sus siglas en inglés), organismo independiente que integran expresidentes, exministros y referentes en salud pública y derechos humanos, entre ellos el expresidente colombiano y Nobel de la Paz Juan Manuel Santos.
El documento destaca que los niños (menores de 18 años) y los jóvenes (de 10 a 24 años) se ven profundamente afectados por las leyes sobre drogas y su aplicación, independientemente de si consumen drogas o no. Sin embargo, siguen estando prácticamente ausentes de los debates sobre políticas de drogas. “Con demasiada frecuencia se habla de los niños para justificar las políticas punitivas en materia de drogas, mientras que los daños que esas políticas les causan siguen siendo invisibles –afirma Helen Clark, presidenta de la Comisión Global de Políticas de Drogas y ex primera ministra de Nueva Zelanda en un comunicado de la Comisión–. Una política no puede considerarse protectora si penaliza a los niños, separa a las familias, les niega atención sanitaria y/o castiga a quienes han sido explotados. Proteger a los niños significa basarse en las evidencias y defender sus derechos”.
Pero el trabajo es más que un manifiesto contra la prohibición: ofrece un análisis que cruza cada faceta de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU con la forma en que hoy se diseñan, aplican y evalúan las políticas de drogas en el mundo. Encierra una verdad incómoda que sin embargo se niega desde hace años. “Las drogas destruyeron muchas vidas, pero las políticas equivocadas para combatirlas destruyeron muchas más”, subrayó Santos citando a su ex colega y también premio Nobel, el fallecido Kofi Annan. Y más adelante agregó: “Los niños involucrados en las economías de las drogas ilícitas suelen estar tratando de sobrevivir en condiciones marcadas por la pobreza, la violencia y la exclusión. Tratarlos como delincuentes agrava la explotación que ya sufrieron. Los gobiernos deben exigir responsabilidades a quienes los reclutan y se benefician de ellos, al tiempo que brindan a los propios niños protección, educación y vías seguras para salir de esa situación”.
Trabajo coral
Para este informe, la Comisión consultó a más de 150 personas en unos 47 países de cinco continentes: jóvenes que consumen drogas, familiares de víctimas, jueces, médicos, activistas y funcionarios. Las reuniones se hicieron en Bogotá, Madrid, Londres, Johannesburgo, Kuala Lumpur, Detroit y de forma virtual. El resultado es, según reconocen sus autores, apenas un punto de partida: el campo de las políticas de drogas casi nunca puso el foco en la infancia como sujeto de derechos, y el campo de los derechos del niño, a su vez, rara vez miró de cerca el impacto específico de esas políticas.
El informe agrupa sus hallazgos en cuatro problemas centrales. El primero tiene que ver con la privación de libertad. Todos los años se detiene a unos 410.000 chicos en cárceles y centros de detención en todo el mundo (sin contar la detención policial, que sumaría alrededor de un millón de casos anuales), y en cualquier día hay cerca de 259.000 niños privados de su libertad. Los datos específicos sobre delitos de drogas son escasos porque casi ningún país los desagrega por edad, pero algunos números disponibles alcanzan para tomar dimensión del problema: en Brasil, el narcotráfico explicó el 27% de las causas de adolescentes detenidos en 2023, un salto del 24% respecto de 2020. En los Estados Unidos, en 2024 hubo unos 41.000 arrestos juveniles por drogas.
El segundo problema es casi el reverso del primero: mientras a unos chicos el sistema los encarcela, a otros les niega remedios que podrían ayudarlos. Cerca de 21 millones de niños necesitan cuidados paliativos cada año en el mundo, y buena parte de ellos no accede a analgésicos básicos por trabas regulatorias, miedo de médicos a sanciones penales o directamente por la ausencia de formulaciones pensadas para las infancias.
El tercer eje es la salud: la falta de servicios de reducción de daños, tratamiento y contención pensados para adolescentes, en un contexto donde el mercado ilegal de drogas es cada vez más volátil y, por lo tanto, más peligroso.
El cuarto describe a los chicos que las organizaciones criminales reclutan como campesinos, transportistas o "soldaditos" (vigías) dentro de la economía ilícita. El informe insiste en un giro conceptual que puede sonar sutil pero no lo es: esos chicos no deberían ser tratados como delincuentes, sino como víctimas de explotación, en la misma categoría que otras formas reconocidas de trabajo infantil forzado.
Voces detrás de las cifras
Pero aunque los números sean apabullantes, lo más difícil de escuchar durante la conferencia de prensa internacional en la que se presentó el informe no fueron las estadísticas.
Aden McCracken, activista e investigadora que se define como usuaria de heroína, contó que sus padres (adolescentes en una zona vulnerable de los Apalaches, en los Estados Unidos, a los que describió como "amorosos") empezaron a consumir opioides recetados por Purdue Pharma, la farmacéutica hoy tristemente célebre por haber alimentado la crisis de opioides en ese país y que cesó sus operaciones el 1° de mayo de 2026. Cuando los médicos les cortaron la prescripción, quedaron en abstinencia y cayeron en el mercado ilegal. A partir de ahí, dijo McCracken, se vio arrastrada a vivir entre arrestos repetidos, programas de rehabilitación forzosa, vigilancia estatal, pérdida de vivienda y empleo, y sobredosis que presenció sin tener ni naloxona ni información para intervenir, porque llamar a una ambulancia significaba, también, llamar a la policía. "Ningún chico debería tener que ver a sus padres siendo tratados como si fueran intrínsecamente malos por ser personas que usan drogas. A mí me pasó", destacó.
También habló Eduardo Melo, juez de menores en Brasil, sobre un fenómeno que en América latina tiene una escala difícil de digerir: en varios países de la región, la cantidad de adolescentes varones asesinados en enfrentamientos entre bandas o entre bandas y policías es comparable, dijo, a la de zonas de guerra. Melo planteó que tratar a esos chicos únicamente como delincuentes, cuando muchas veces fueron reclutados bajo amenaza o por necesidad económica, ignora un marco legal que ya existe: los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil. En Brasil, contó, ya se están probando programas piloto que derivan estos casos hacia la justicia restaurativa y la reinserción escolar, en lugar de enviarlos a la cárcel.
En la Argentina, aunque no hay datos específicos para esta franja de edad, en el nivel nacional las causas por infracción a la Ley de Drogas vienen creciendo con fuerza: pasaron de unos 62.000 casos registrados en 2018 a más de 98.000 al año siguiente, un salto que superó ampliamente el aumento de otros delitos ese período.
Philippe Jaffe, psicólogo forense y miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, planteó la contradicción en que incurren los Estados: suelen invocar el artículo 33 de la Convención, que habla de proteger a los chicos del uso ilícito de drogas, para justificar medidas punitivas, mientras dejan de lado el artículo 3, que exige que el interés superior del niño sea siempre una consideración primordial. En la práctica, dijo, la política de drogas no suele guiarse por ese interés, sino por números de arrestos, decomisos y metas de erradicación. El resultado es previsible: chicos que crecen en comunidades marcadas por la violencia, separados de sus padres o quienes los cuidan, sin acceso a remedios que necesitan. "Lejos de protegerlos, los estamos tratando como un daño colateral", afirmó.
Qué proponen cambiar
Más allá del diagnóstico, el informe incluye recomendaciones. Por ejemplo, invertir en mecanismos de justicia restaurativa para reemplazar el encarcelamiento (priorizando la reparación del daño a través del diálogo y la participación activa de la víctima, el infractor y la comunidad); garantizar el acceso equitativo a medicamentos esenciales controlados, con formulaciones pensadas específicamente para la infancia; ampliar los servicios de salud y reducción de daños con enfoque en adolescentes, libres de la exigencia de consentimiento parental cuando eso funcione como barrera; y reconocer legalmente a los chicos explotados por el narcotráfico como víctimas, no como criminales.
Hay también un capítulo que suele quedar fuera de estos debates: la participación real de los propios chicos y jóvenes en el diseño de las políticas que los afectan. McCracken enfatizó: “Escuchar el testimonio de alguien que usa drogas para después decidir por esa persona sin darle ninguna injerencia no es darle participación”, dijo.
Y concluyó Anne-Marie Cockburn: “Hay una sola conversación de mi vida que siempre lamentará no haber tenido, la de sentarme con mi hija, Martha a hablar de reducción de daños. Hablar de drogas con nuestros hijos debería ser tan normal como hablar de educación sexual. Ojalá, a partir de este trabajo, se salve la vida de muchas Marthas”.