A seis años del hallazgo de los restos de Facundo Astudillo Castro, un nuevo capítulo de irregularidades sacude los tribunales. En las últimas horas, la justicia federal de Bahía Blanca puso bajo la lupa un hecho que califica de escandaloso: el certificado de defunción del joven, pieza administrativa fundamental, se encuentra desaparecido y nunca fue anexado al expediente principal de la causa.
El juez federal Walter López Da Silva tomó cartas en el asunto al solicitar formalmente a los fiscales Horacio Azzolín, Alberto Gentile e Iara Silvestre que inicien una investigación exhaustiva para determinar el paradero de dicho documento. La orden judicial no solo busca localizar el acta, sino también deslindar responsabilidades sobre por qué este instrumento legal jamás llegó a formar parte de la documentación oficial de la investigación.
Un vacío administrativo que impide la inscripción oficial del fallecimiento
La problemática salió a la luz de manera imprevista cuando la fiscal Silvestre intentó regularizar la situación civil del joven ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Al solicitar que se inscribiera formalmente el fallecimiento de Facundo, se topó con un obstáculo insalvable: la ausencia del certificado original. Ante este escenario, la justicia requirió el documento a Cristina Castro, madre de la víctima, para poder avanzar con la emisión de la licencia de inhumación.
La búsqueda de respuestas condujo a los investigadores hasta el Cuerpo Médico Forense. Desde el organismo confirmaron que el documento existió y que "fue emitido al único efecto de ser presentado ante el Registro Nacional de las Personas". Según los registros de la entidad, el acta, una vez firmada por los profesionales intervinientes, "fue entregada el día 03/09/2020 a la perito de parte, Dra. Emma Virginia Creimer". Sin embargo, el rastro del papel se perdió desde aquel entonces, lo que ha impedido que el deceso de Astudillo sea registrado oficialmente en el sistema nacional. Ante la gravedad de la situación, el magistrado López Da Silva instruyó a los fiscales para que "arbitren los medios necesarios para esclarecer con premura lo acontecido".
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Este incidente administrativo se suma a una historia marcada por el dolor y la incertidumbre que comenzó el 30 de abril de 2020. En pleno aislamiento preventivo por la pandemia de Covid-19, Facundo partió desde su hogar en Pedro Luro con destino a Bahía Blanca para reencontrarse con su ex pareja. Tras recorrer un corto tramo, fue interceptado en un control policial en la localidad de Mayor Buratovich, siendo ese el último momento en que se tuvo noticia de su paradero.
Su cuerpo fue hallado tres meses y medio después, el 15 de agosto, en una zona inhóspita de cangrejales en General Daniel Cerri. Los resultados de la autopsia posterior revelaron que la causa de muerte fue una asfixia por sumersión, calificando el hecho como una "muerte violenta de tipo no natural". No obstante, los peritos no lograron determinar si el desenlace fue producto de un accidente, un suicidio o un homicidio, aunque la familia mantuvo desde el inicio sus sospechas sobre el accionar de la Policía Bonaerense.
Hasta la fecha, el único avance judicial con condena firme en el marco de las investigaciones laterales fue para el perito canino Marcos Herrero. El Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca le impuso una pena de 7 años de prisión tras encontrarlo responsable del delito de "falso testimonio reiterado agravado" en siete hechos distintos durante los rastrillajes del caso. Ahora, el extravío de un documento tan sensible como el acta de defunción vuelve a poner en entredicho el manejo de la causa.
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