Es burra, es bruta, es perversa, tiene las manos manchadas de sangre, es kirchnerista, irresponsable, defiende delincuentes. ¡Que renuncie! ¡Que la echen! ¡Llamen a este teléfono para que no pueda dormir! ¡Pongan otra vez su foto, que se la vea bien! Soberbia, no sabe lo que es caminar por la calle, está del lado de los victimarios y no de las víctimas… A la jueza Laura De Marinis no pueden lincharla como las turbas perseguían al monstruo de Frankenstein o a tantos otros seres raros, deformes, feos porque daban miedo. No pueden lastimarla con las herramientas de labranza empuñadas como armas con que se representaba a las muchedumbres indignadas de otros tiempos, pero sí pueden hacer de ella un blanco móvil, quitarle humanidad, convertirla en un cuerpo hueco al que se le pueden tirar insultos y descalificaciones como piedras porque ya no se reconoce en ella más que lo que le atribuyen: es una burra, es bruta, es imbécil, no merece respeto, es mala.
Todo lo que hizo Laura de Marinis para convertirse en receptora del odio que agitan ciertos medios, siempre los mismos, fue formular la pregunta sobre si no sería “regresivo” aplicar la nueva ley penal juvenil, atenta al principio de “proporcionalidad” en el caso particular de un adolescente de 14 que participó en una tentativa de robo sin uso de violencia. La Constitución protege estas categorías, una ley nueva no puede ser peor que la anterior en relación a derechos (regresividad), y debe mantener la proporcionalidad entre lo que se regula (o se pena) y sus consecuencias. En el largo escrito que justifica la decisión de sobreseer a ese adolescente se contestará que sí, que en estas particulares circunstancias llevar al chico a juicio sería ir contra la Constitución y también contra la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El adolescente de 14 necesita del Estado, dice en otras palabras la jueza, pero la primera intervención estatal no puede ser penal.
Sobre estos argumentos no se discute. No importa tampoco que en el hecho no haya habido contacto físico, que cuando un periodista de los más activos en este escrache mediático entrevistó a “la víctima”, el hombre de 47 años haya confirmado que así fue: que se asustó, que le gritaron, pero nada más. Lo que pasa es que en otras tres oportunidades, que no fueron esta, le “pusieron un arma en la cabeza”. No, no el día de este intento de robo: en esta oportunidad no hubo armas. Sin embargo, en la conversación mediática y en las voces de funcionarios públicos con responsabilidades de gobierno, como el propio Jorge Macri, la jueza tiene “las manos manchadas de sangre”. Para Patricia Bullrich es muy difícil “construir un país normal” con “jueces garantistas” que, según ella, “construyen impunidad”. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, exige el juicio político. El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, presentó una denuncia para que se investigue a De Marinis y se evalúe una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento. ¿No alcanza con apelar un fallo que se considera equivocado? No, porque la construcción de una enemiga pública necesita de la sobredimensión y de la repetición en cadena de la alarma: los delincuentes están sueltos, cualquiera puede ser víctima, la culpable es ella.
Noventa y un jueces y juezas firmaron una declaración repudiando el ataque contra Laura De Marinis y recordaron también la ofensiva que había sufrido, menos de dos semanas antes, la jueza Marta Pascual, después de responder a un hábeas corpus colectivo presentado por una representante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Hubo otras muestras de solidaridad y también una denuncia de CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. La razón intenta colarse en la operación mediática. El punitivismo es una herramienta poderosa para marcar agenda y, aun cuando se recuerde que un fallo judicial tiene mecanismos institucionales de revisión, el escarnio no se termina: el viernes es el quinto día en que aparecen noticias que soplan sobre el fuego que quema a la jueza.
Es curioso que esta vez, en lugar de agitar solamente el miedo al supuesto delincuente, fueron contra quien se supone que lo protege. ¿Porque es mujer? ¿Porque hubo otra mujer antes que también cuestionó que estuvieran dadas las condiciones para ampliar los alcances de la ley penal juvenil? ¿Es pura misoginia? ¿O será que haberle devuelto su categoría de sujeto de derechos a un delincuente es un pecado mayor aun que cometer un delito?
El adolescente quedó velado, pero sobre él no parecen necesitarse más datos, ni siquiera los que hablan de su vulnerabilidad social y que están en el fallo de De Marinis. ¿O no son los chicos pobres, de piel marrón, los que usan gorra y ropa deportiva, los que dan más miedo? De ese chico los medios creen saberlo todo. La gente se cruza de vereda si se los cruza en la calle. Son los pibes a los que balean —aun con postas de goma— en los operativos Tormenta Negra en los barrios populares de CABA y esas escenas se festejan como un triunfo de “la ley y el orden”. Son los pibes que van a buscar a las villas del conurbano para hacerlos hablar de sus trayectorias delictivas sin mostrar sus caras. ¿Y qué van a decir si ya saben que son el monstruo de una sociedad que los excluye desde el domicilio que figura en su DNI? Fanfarronean, le dan al canal de televisión lo que fue a buscar, aunque en un momento al pibe se le escapa: “Y no, sueños no tengo ninguno”. Después se recompone y sigue haciéndose el malo. Es un video fácil de encontrar, lamentablemente se hizo viral esta semana.
Los últimos datos disponibles registraron en 2025 5.209 suicidios en la Argentina, es el número más alto de la serie reciente. Entre los 15 y los 34 años, el suicidio aparece además como la principal causa de muerte. También este año aparecieron leyendas en las paredes de cientos de escuelas secundarias que anunciaban “tiroteo” al día siguiente. En algunos distritos se intentó cobrar a padres y madres los costos de los operativos para limpiar paredes o cerrar escuelas y también hubo adolescentes imputados. Fue una alarma generalizada que se apagó como se apagan tantas veces los pedidos de atención que los y las adolescentes ponen en juego sin decir nunca la palabra “ayuda”. También este año se denunció que en algunas escuelas, especialmente las universitarias de la Ciudad de Buenos Aires, adolescentes de entre 14 y 15 años habían intercambiado e incluso vendido fotos de sus compañeras, algunas intervenidas con IA. En muchos de estos casos los pibes no eran el estereotipo del delincuente, pero la respuesta punitiva estuvo ahí, no sólo disponible sino reclamada como única posibilidad de reparación para las chicas que fueron agredidas, lastimadas. ¿Realmente creemos que la reparación del daño consiste en que quien lo produjo sufra un daño mayor? ¿Que sea desterrado de la sociedad? ¿Que se pudra? O que lo violen, como se les deseó públicamente a los condenados por la muerte de Fernando Báez Sosa, con el eufemismo “que lleven vaselina al penal”, en boca de algunos de los mismos comunicadores que ahora defenestran a la jueza De Marinis.
Hay daños que son irreparables, hay dolores que es imposible calmar. La lógica punitivista promete alivio agregando daño a los perpetradores; buscar castigos más crueles trae la ilusión de que así la pena de quien sufrió podría mitigarse. La muerte de un hijo o de cualquier persona querida, el trauma de una agresión sexual, incluso la pérdida de un bien que costó años adquirir: como hay pérdidas irreparables, la pena, el tamaño de la condena y el castigo aparecen entonces como una balanza. Cuanto mayor fue el dolor de la víctima, mayor debe ser el dolor del victimario para que algo que llamamos justicia parezca haberse restablecido. Pero sólo se está reproduciendo violencia y daño. Y no son pocas las víctimas directas que así lo entienden. El diputado Jorge Rivas, por ejemplo, que sufrió un daño gravísimo a causa de un robo. La madre de Mariano Witis, asesinado por la policía al mismo tiempo que uno de los ladrones que lo habían llevado como rehén. Son ejemplos de que tantas veces no son las víctimas las que más desean castigo, sino una construcción punitiva que se agita como bandera y que pide castigos cada vez peores. Que los presos no puedan estudiar, que trabajen sin cobrar, que no tengan chances de salir nunca en libertad: no son frases sueltas, son propuestas políticas y también reformas legales que fueron restringiendo progresivamente el acceso a derechos. Hoy se puede condenar a una persona a 50 años de cárcel de cumplimiento efectivo, no importa lo que haga dentro de la cárcel, no importa que no sea la misma a los 20 que a los 45. Que se pudra.
Señalar un monstruo, identificarlo, apartarlo de la sociedad y hacerlo sufrir para que pague no equilibra la balanza de la Justicia. Sólo construye un cuento que siempre termina por desarticularse, porque no es cierto que a algunas personas nunca les vaya a tocar estar del lado de los acusados —se puede volver a ver Relatos salvajes, de Damián Szifron, para encontrar más ejemplos—. No hay tal división entre “argentinos de bien” y el resto, que serían delincuentes, kukas, peronistas, comunistas, villeros, migrantes. Ese es uno de los relatos que ofrecen las extremas derechas y el neofascismo: una explicación más soportable para la miseria cotidiana a la que se somete a las mayorías. Alguien está sufriendo más; alguien distinto, es un extranjero, un adolescente “salvaje” como le gusta titular a Crónica, es una amenaza: una identidad hueca sobre la que se puede disparar frustración para no cargarla sobre las propias espaldas. Para no ver que eso que se repite —“que no vuelva a pasar”— no depende de a cuánta gente se castigue, sino más bien de cuánto se escuchen los pedidos de ayuda, cuántos sueños de pibes podamos alimentar como sociedad y cuánto se distribuyan las posibilidades de vivir con justicia social para todos y todas.