Los ciudadanos nacionalizados españoles por la Ley de Nietos podrán presentar desde este viernes las alegaciones por la suspensión del voto que el Tribunal Supremo determinó para ellos, imposibilitándolos a sufragar el próximo 29 de noviembre. En este contexto, una asociación argentina del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu) se apersonó este jueves ante el órgano jurisdiccional, ya que consideran que se trata de “una clara discriminación con otros colectivos”.
El Tribunal Supremo exige que presenten documentación que avale ser pariente de exiliados, medida que alcanza a quienes figuren en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) -de inscripción voluntaria- y tengan la nacionalidad por ser hijos o nietos de quienes debieron exiliarse por persecución del franquismo.
Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado, se estableció un plazo de cinco días para la presentación de alegatos en caso de considerar que la medida vulnere sus derechos, plazo que alcanza a más de 163.000 personas inscritas en el CERA.
El abogado de la asociación, Eduardo Ranz, aseguró a El País que los colectivos afectados son los sefardíes (expulsados de la península ibérica en el siglo XIV), los brigadistas internacionales que participaron en la Guerra Civil y los propios nacionalizados por la ley de nietos, pero que tienen residencia en España.
Uno de los puntos conflictivos es que hay personas que sí pudieron votar en las elecciones generales de 2026, pero que no podrán hacer el próximo 29 de noviembre. Incluso, quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Nietos y residen en España, podrán votar, ya que la suspensión refiere a los no residentes.
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En la Argentina reside la mayor comunidad española fuera del país europeo y se presentaron cerca de un millón de solicitudes para tramitar la ciudadanía por la Ley de Nietos, contabilizando 645.000 sólo en Buenos Aires. Entre los descendientes circula un mensaje por WhatsApp: “El despacho del doctor Baltasar Garzón ejercerá la representación gratuita de los afectados”. Se trata del exjuez que dictó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet, que fue arrestado en Londres.
Según Clarín, desde el estudio de abogados aclararon que “la actuación que se está valorando se refiere a la posible personación en representación de personas que tienen la nacionalidad española consolidada y tiene por objeto estudiar las posibles vías de acción en la causa que se sigue en la Sala Tercera del Tribunal Supremo español y en la que se ha adoptado la medida cautelar por la que se suspende el derecho al voto de aquellas ciudadanas y ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española sin restricciones, al amparo de la disposición adicional octava, inciso 1, de la ley de Memoria Democrática de 2022”.
Desde el Consejo de Ciudadanía Española en el Exterior, aseguraron que no saben cuántas personas podrán hacer el reclamo judicial, ya que además de contar con un abogado en España que presente las alegaciones, se debe hacer en sus países de residencia un acto notarial para otorgar el poder de representación al estudio en el país ibérico. Ranz, por su parte, reconoció que Cedeu no cuenta con potestad para acudir al Constitucional, pero instó por escrito al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que acuda ante el garante de la Constitución.
Además, Violeta Alonso Peláez, presidenta del Consejo de Ciudadanía, presentó una solicitud urgente ante el Defensor y pidió “una interposición de recurso de amparo y adopción de medidas para la protección del derecho de sufragio de la ciudadanía inscrita en el CERA".
“Las medidas cautelares suspenden los efectos electorales de la inscripción en el CERA de un colectivo que, según las cifras manejadas en el procedimiento, asciende a 163.020 personas”, argumenta el escrito. “Ninguna de ellas ha tenido la posibilidad de formular alegaciones antes de que se adoptara una medida que afecta de forma directa y personal al ejercicio de un derecho fundamental”, agrega.