El crimen de Lucas González reavivó el debate del gatillo fácil en Paraná

Los últimos casos de violencia institucional reabrieron la discusión sobre el rol de las fuerzas de seguridad, los límites del monopolio legítimo de la violencia y la capacidad del Estado de controlarlas.

03 de diciembre, 2021 | 21.42

El caso de Lucas González puso en tela de juicio nuevamente el rol de las fuerzas de seguridad, los límites del monopolio legítimo de la violencia y la capacidad del Estado de controlar -o no- fuerzas que muchas veces actúan justamente como si fueran un aparato paraestatal, bajo sus propias normas y códigos. La indignación generada por lo sucedido -que de a poco ha ido perdiendo peso en una agenda mediática que varía día a día- también dejó al descubierto cómo quienes deben velar por la seguridad se convierten, en ocasiones, en victimarios. Y desnudó una vez más el prejuicio y la estigmatización constante que sufren las personas que viven en condiciones socialmente vulnerables. 

Como consecuencia de lo sucedido con el joven jugador de Barracas Central, se reavivó el debate por un caso de similares características en Paraná. Se trata del homicidio de Gabriel Gusmán, un muchacho de 20 años del barrio Capibá de la capital entrerriana, que falleció el 25 de septiembre de 2018 al mediodía, producto de un balazo recibido en la nuca. El suceso tuvo lugar en el contexto de la intervención policial en una pelea entre dos bandas de la zona. Tres años después, no hay nadie imputado. Los dos policías involucrados no fueron jamás siquiera llamados a indagatoria. Acorde a la Fiscalía, no hubo elementos para hacerlo. El caso pasó a archivo y hoy busca ser reabierto, especialmente gracias al empuje de familiares y organismos de Derechos Humanos.  

Sobre lo ocurrido hay dos versiones: la oficial, dada a conocer por la Policía, fue que el joven se hallaba amenazando a una familia con un arma, motivo por el cual una mujer llamó al 911. Cuando los uniformados llegaron, Gabriel huyó. Los agentes lo corrieron, dieron la voz de alto y obtuvieron como respuesta disparos. Al responder, del mismo modo, lo mataron. Pero la familia sostiene que, en realidad, el muchacho sí se detuvo. Pese a ello, fue ultimado, de espaldas. Los agentes involucrados fueron Rodrigo Molina y Diego Ibalo. De acuerdo al entorno de la víctima, el primero es responsable de homicidio agravado y el segundo es partícipe necesario del hecho. Nunca fueron desafectados de la fuerza.  

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Luego del hecho, los dos uniformados fueron alojados en la Alcaidía de Tribunales. A las pocas horas, liberados, en medio de una multitud que los aplaudió como héroes. El jefe de la Policía, sin elemento alguno que mostrara aún si eran inocentes o culpables, los recibió en su despacho.  

El tiempo pasó y sólo la familia mantuvo el reclamo por la muerte de Gabriel. "Si no fuera por nosotros, si no fuera porque no movilizamos y reclamamos decenas de veces de justicia, esto quedaba en la nada", expresó a El Destape, Maira Gusmán, hermana del joven. Y agregó: "Es increíble, pero más de tres años después no hay imputados, no se llamó a indagatoria a los policías y de hecho el caso pasó a archivo. Desde la Fiscalía argumentaron ausencia de pruebas, que había testigos falsos, que los testimonios no encuadraban".  

En efecto, en noviembre de 2020, la Fiscalía, a cargo de Juan Francisco Ramírez Montrull, dispuso el cierre provisorio del caso. "Luego de llevar a cabo numerosas medidas a fin de lograr el esclarecimiento del hecho, sin haber encontrado elementos que probasen un accionar por fuera de la ley por parte de los dos agentes de policías (Diego Íbalo y Rodrigo Molina), que tuvieron actuación durante el tiroteo ocurrido el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá, los fiscales resolvieron el archivo provisorio de la causa iniciada para investigar la muerte de Gabriel Nicolás Gusmán. La querella particular puede solicitar la revisión del archivo", rezó el comunicado lanzado por el Poder Judicial.  

Maira detalló que, en el contexto de la investigación, tuvo una sola vez contacto con la Fiscalía. Fue en el marco de una manifestación frente a los Tribunales, cuando pudieron concretar un encuentro: "Luego de eso, nada más. Nunca nos llamaron, jamás nos anticiparon siquiera qué podía suceder con el caso. Si no fuera por los abogados de Derechos Humanos, que se acercaron, se presentaron y se pusieron a disposición, esto posiblemente quedaba en el olvido". La hermana de Gabriel está convencida de que aquel día no hubo ningún enfrentamiento: "La Policía podría haber actuado de otra manera. Yo sé que Gabriel no estaba armado. Y si lo hubiera estado, no hubiera sido tan inconsciente de dispararle a la Policía". 

El destino quiso que, fortuitamente, Maira se cruce con Diego Ibalo, uno de los policías implicados: "Salí del trabajo, en mi bicicleta. En la esquina de Don Bosco y Brasil lo vi, estacionado. Me enceguecí. Le crucé la bicicleta y le pregunté por qué había matado a mi hermano. Él me dijo que no era así. Que averiguara bien, que la Justicia no nos contaba todo. Yo le dije que no tenía nada para perder, que lo perdonaba, pero que iba a pagar. Él lloraba". La hermana de Gabriel cerró recordando al muchacho: "No aparentaba nada, era bueno, cariñoso y respetuoso. Con todos, conmigo, con mis padres y sus sobrinos. Era una persona buena, pero no lo dejaron vivir. Hoy soy yo su voz y la seguiré siendo pidiendo justicia".  

Organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales tomaron intervención poco después del hecho. Primero fue para acompañar, pero luego, con un rol más activo, para representar a la familia. "Nosotros tuvimos una reunión el día que se cumplió una semana. Ahí advertimos que ningún fiscal había recibido a la familia. Ellos no sabían nada. Eso nos hizo ofrecerle la representación y presentarnos como querellantes. Obviamente que es ad-Honorem, un acompañamiento que se hace voluntariamente", explicó a El Destape, Lucía Tejera, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la provincia. 

La letrada detalló: "Tomamos participación del expediente, estuvimos en las testimonial y fuimos al lugar del hecho a entrevistar vecinos, entre ellos amigos de Gabriel. También a la pareja, que había visto todo, pero no había sido llamada por la Fiscalía. En estos más de tres años nosotros no negamos que la Fiscalía investigó, pero sí solicitamos que se llame a los policías como imputados. Nunca respondieron el pedido. Decidieron el archivo, pero esgrimen argumentos de que los agentes actuaron en propia defensa. Nosotros recurrimos el archivo, presentamos un escrito ante el coordinador Fiscal, lo resolvió el Procurador. Nosotros consideramos que hubo un análisis parcial de la prueba, porque separaron los testimonios en grupos. Los amigos del joven, que dicen que paró, que se había rendido, no son tenidos en cuenta. Hubo un análisis arbitrario. La presunta inocencia de los policías la basan en la palabra de vecinos de la zona que no mantenían amistado o enemistad con la víctima, pero ninguna de ellos vio el momento en que el policía se detuvo y mató a Gabriel. Eso es lo que interesa, si cuando lo mataron ejercía algún tipo de acción que lo hiciera pensar al policía que estaba en peligro o si se había rendido".

La abogada querellante denunció además irregularidades en la investigación. "Si bien se le dio lugar a la Gendarmería, no fue en el momento, en clara contraposición del protocolo. Fue la misma policía la que levantó la pistola, la que entregó dos días después la ropa de los agentes, cuando ya estaba limpia y no caben dudas de que dispararon, porque se levantaron vainas. El móvil policial al que supuestamente disparó Gabriel, la policía se lo llevó, sin niguna medida precautoria. Y los tres tiros que aseguran que realizó, nunca se comprobaron si fueron antes, en el enfrentamiento con la otra banda, o cuando llegó la Policía. A eso le sumamos que el informe sumarial fue hecho con la versión que dio la jefa de la Comisaría 15º, que ocho días después de esto fue trasladada a Colón", expresó.

Tejera, acompañada por el abogado José Iparraguirre, se pusieron al frente de la investigación: "Nosotros le presentamos a la jueza las pruebas. Se trata de un caso de violencia institucional, el Estado debe extenuar la investigación. Y eso no sucedió. Ni siquiera fue objetivamente, porque la propia Policía intervino en el legajo. Incluso solicitó que se revisaran las redes sociales de Gabriel, para estigmatizarlo. Construyó un mecanismo de consentimiento para justificar el padecimiento de la víctima. Eso sigue vigente, lamentablemente. Tiene como objeto, generalmente, a pibes en situación de vulnerabilidad". Y agregó: "La jueza nos dio la razón e impulsó la conversión de la causa, para que sea la querella quien lleve adelante la investigación. Ese fallo fue ratificado por la Cámara de Apelaciones con duros argumentos hacia la Fiscalía. Un nuevo recurso hizo que pasara a la Cámara de Casación Penal. Nos citaron, esgrimimos los argumentos. dimos cuenta de los fundamentos y contestamos cuestiones puntuales planteadas. El 22 se resolverá si sigue por la acción privada o si la pelota vuelve al Ministerio Público Fiscal".  

Para cerrar, Tejera aclaró: "Nosotros queremos que la Fiscalía investigue este tipo de hechos. A nosotros no nos gusta estar en soledad, acusando. Nos gustaría que el Estado acompañe. Ahora, por lo que vemos, tenemos pocas expectativas. Toda la prueba de la querella no fue valorada. Si vuelve, será todo potestad del Ministerio Público Fiscal. Desde un inicio ha esgrimido fundamentos que defienden el accionar policial, contrariando los estándares con los que los agentes deben investigar esta causa. No es un homicidio común, es un pibe de 20 años con un tiro en la nuca, de un agente policial, que está capacitado para esto, con un arma reglamentaria". 

El Destape intentó, sin éxito, comunicarse con la Fiscalía a cargo del legajo.  

El caso Iván Pérez

Un hecho de similares características al de Gusmán se registró en Gualeguaychú. Allí, Iván Pérez, un joven de 24 años, murió de un disparo efectuado por Mauricio Gómez, agente de la Comisaría 8°. Ocurrió el 9 de octubre de 2019 a las 11, en el marco un operativo realizado como consecuencia de una denuncia por robo.  

Acorde a la denuncia, el uniformado perseguía a Pérez en un patrullero, que detuvo su marcha. El agente se bajó y disparó, a unos 90 metros del muchacho. El tiro dio directamente en el cráneo, matándolo instantáneamente.  

Como consecuencia del hecho, y a diferencia de lo sucedido en Paraná, la Fiscalía logró la remisión a juicio, que fue por jurado. Sin embargo, no hubo acuerdo respecto de la inocencia o culpabilidad de Gómez. Por tal motivo, se aguarda la realización de uno nuevo, con otro tribunal, que analice el suceso. Por el momento, no tiene fecha. 

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