La crisis que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad volvió a quedar expuesta en la ciudad de Rosario. Instituciones, profesionales, transportistas y familiares participaron de una audiencia en el Concejo Municipal donde reclamaron respuestas ante el atraso de los aranceles y advirtieron que la continuidad de numerosas prestaciones está en riesgo.
El encuentro se desarrolló en el Palacio Vasallo y tuvo como eje la situación económica de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. El diagnóstico que plantearon los distintos sectores fue contundente: los recursos ya no alcanzan para sostener el funcionamiento cotidiano de los servicios.
El Gobierno de Javier Milei mantiene paralizados cientos de miles de trámites de pensiones no contributivas por discapacidad y más de 200 mil personas con discapacidad esperan una pensión que el Estado no resuelve.
En ese contexto desesperante, Mariel Chapero, psicóloga, directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Discapacidad de la Facultad de Psicología de la UNR y presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), advirtió que nunca se vivió "una crisis como la actual”.
Chapero aseguró que el deterioro del sector no comenzó con la actual coyuntura económica, pero sostuvo que el nivel alcanzado no tiene antecedentes recientes. “No hay precedentes de dificultades que hayan tenido la magnitud de la situación actual”, afirmó en declaraciones para InfoCielo.
Uno de los principales problemas señalados durante la reunión fue el desfasaje entre el costo real de las prestaciones y los valores que reciben las instituciones. Según los referentes del sector, los aranceles vienen acumulando atraso desde 2023 y durante buena parte de 2025 permanecieron sin actualización suficiente.
De esta manera, el impacto se traduce en reducción de personal, menor cantidad de horas de atención y dificultades para afrontar gastos básicos. Para Chapero, lo que está en juego es “la posibilidad de dar continuidad al trabajo, porque ya no hay de dónde recortar”.
La referente agregó que los profesionales se encuentran “absolutamente precarizados”, mientras que algunas instituciones ya comenzaron a reducir personal y horarios de atención. “Cada prestador está haciendo lo que puede”, señaló, al hablar sobre cuánto tiempo más podrá sostenerse esta situación.
Transportistas: “El sector está al borde de la quiebra”
La problemática también afecta de manera directa al transporte de personas con discapacidad. Pablo Bolego, titular de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), sostuvo que la falta de actualización de los valores llevó al sector a una situación límite. “La falta de aumento para las prestaciones en discapacidad puso al sector al borde de la quiebra”, apuntó.
Bolego advirtió además que, si no se modifican los aranceles, “a fin de año van a quedar el 50 por ciento de los servicios de atención”. El problema no es solamente económico. La reducción de transportistas significa que muchas personas pueden quedar sin la posibilidad de trasladarse hasta centros de día, instituciones educativas, espacios terapéuticos o tratamientos.
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Según datos citados durante el encuentro, Rosario pasó de contar con alrededor de 300 vehículos habilitados para el traslado de personas con discapacidad hace una década a unos 100 actualmente. “Se caen las habilitaciones porque las prestaciones no son rentables”, explicó Bolego en diálogo con el mismo medio.
Para el referente, la crisis afecta a toda una red de atención. “Lo que está en riesgo es el enorme trabajo que realizan para la inclusión de las personas con discapacidad”, sostuvo.
Y resumió el impacto sobre las instituciones: “Son instituciones pequeñas que no tienen margen para sostenerse, que tienen deudas, que han sacado créditos y que se las vieron en dificultades para pagar aguinaldos”.