Hoy en Argentina se celebra el Día de las Infancias y, como sucede cada año, los chicos y chicas son el centro de una escena atravesada por regalos, publicidades, juguetes, eventos públicos, reuniones familiares y mensajes que hablan de la importancia de cuidar y proteger a quienes representan el futuro. Pero en medio de ese festejo surge una pregunta que resulta inevitable y excede largamente la dimensión simbólica de la jornada: ¿qué está haciendo el gobierno de Milei por nuestros niños, niñas y adolescentes? La pregunta es especialmente relevante porque la infancia no es una etapa más de la vida de una persona, sino el momento en el que se construyen las bases físicas, cognitivas, educativas y sociales que condicionarán la trayectoria posterior.
Una forma sencilla de evaluar cualquier proyecto gubernamental y la dirección de sus políticas es analizar a qué sujetos protege y a quienes perjudica. Si aplicamos la pregunta a la gestión actual identificamos como principales benefactores al sector financiero, los grandes grupos energéticos, la minería y el tradicional sector agroexportador. Pero justamente, al hablar de los sectores más perjudicados la respuesta hace referencia no a un sector económico determinado, sino a un grupo social: las infancias. Esta visión es particularmente reveladora del carácter agresivo y violento del anarcocapitalismo ya que los niños constituyen el grupo etario que menos posibilidades tiene de defender sus propios intereses y, al mismo tiempo, aquel sobre el que recaerán durante más tiempo las consecuencias de las decisiones que se toman en la actualidad.
En ese sentido el debate sobre las políticas para la infancia es una discusión sobre el tipo de sociedad, oportunidades y proyectos de vida que un gobierno imagina para las próximas décadas. La tradición peronista construyó alrededor de esta idea una definición contundente: “los únicos privilegiados son los niños”. La frase expresa una concepción política según la cual: reconocía al niño como un sujeto de derecho específico; el Estado debía estar presente e intervenir de manera prioritaria en las primeras etapas vitales; el Estado debía fomentar el bienestar de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y no pueden garantizar por sí mismos las condiciones de su propia reproducción; la protección de la niñez constituía una responsabilidad colectiva, no individual o privada. El proyecto cultural de nación peronista trabajó desde 1946 en una doble línea temporal, en tiempo presente y de cara al futuro, y con ese objetivo apuntó a darle a las infancias un lugar central en las políticas del Estado.
El proyecto que encarna Javier Milei está en las antípodas de aquel proyecto, no solamente por la drástica reducción de la inversión pública que implica no haber construído una sola escuela o aula en toda la gestión, sino por la concepción justamente de lo que políticamente entiende como gasto, definición que se vincula exclusivamente a la productividad y la rentabilidad inmediata. En esa lógica, la infancia aparece en una posición incómoda dado que los niños no producen, no trabajan, no pagan impuestos, no participan del mercado laboral y requieren una enorme cantidad de recursos públicos y privados para garantizar su vida y bienestar. Son, desde una mirada estrictamente economicista, una población que demanda muchos recursos en el presente y cuyo eventual retorno se efectivizará muchos años después.
El economista de la Escuela Austriaca Friedrich Hayek, faro intelectual de La Libertad Avanza, habla de población “carente de valor” para definir cualquier tarea, trabajo o individuo que no genere aportes a la acumulación del capital. El paradigma libertario considera que “el hombre es un ser del y para el mercado”: la vida humana no tiene valor en sí misma, sino que el valor de cualquier individuo es dado por el mercado. Para la mirada libertaria entonces no existe el derecho a la vida de las infancias y los seres “económicamente inútiles” no merecen vivir ya que son seres “carentes de valor”, extinguibles. Bajo ese punto de vista podemos comprender, por ejemplo, la propuesta del diputao “Bertie” Benegas Lynch de eliminar la educación obligatoria y permitir el trabajo infantil: “Libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.
Una política de infancia también es una política de futuro
Desde esta perspectiva, resulta insuficiente analizar las políticas del gobierno de Milei únicamente a partir del presupuesto, los recortes, el desfinanciamiento o la eliminación de programas específicos. El problema de fondo es que está cambiando el lugar que ocupan las infancias dentro de las prioridades del Estado y el funcionamiento de las instituciones de socialización. Según datos de Unicef Argentina en función del presupuesto, lo destinado a niños, niñas y adolescentes cayó 18% en términos reales durante 2024 respecto del año anterior. Durante 2025 se produjo una recuperación del gasto, pero el 88% del presupuesto destinado a este sector se concentró en políticas de protección de ingresos. En esa línea la organización advierte que en 2026 se consolidará un deterioro pronunciado que podría terminar en una reducción de casi 16% interanual en el gasto nacional destinado a infancias. Educación, alimentación, primera infancia y protección de derechos aparecen entre los sectores más amenazados.
Es que una de las características centrales del modelo libertario es el sostén de la política social, especialmente la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar, que funciona básicamente como mecanismo de supervivencia y regulador de la pobreza infantil, al tiempo que se reducen o debilitan la mayoría de las políticas públicas que transforman ese ingreso en derechos efectivos: salud, educación, alimentación, cultura, cuidados, prevención y protección integral.
En junio de 2026 UNICEF publicó el informe sobre infancias, correspondiente al segundo semestre de 2025, donde indica que cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes (42,3%) viven en hogares pobres, mientras que el 9,4% se encuentra por debajo de la línea de indigencia. El texto subraya una tendencia descendente desde 2024 pero advierte que: las estimaciones del primer semestre de 2026 proyectan que la pobreza infantil podría revertirse y llegar a valores en torno al 44 por ciento en ese período; sin las transferencias existentes la indigencia infantil sería aproximadamente seis puntos porcentuales mayor; el 42,8% de los niños y adolescentes presenta al menos una privación no monetaria vinculada con dimensiones como vivienda, agua, saneamiento, educación o protección social.
Una familia sigue recibiendo una transferencia monetaria pero no consigue turnos para el hospital pediátrico; no tiene acceso al agua potable; no recibe a tiempos las vacunas por el cierre de las salitas en territorio; manda a sus hijos a una escuela con menos recursos y docentes mal pagos; depende de un comedor escolar porque sus ingresos no alcanzan para garantizar una alimentación suficiente; no consigue una prestación para un hijo con discapacidad; pasa menos tiempo con sus hijos por el multiempleo para llegar a fin de mes. La transferencia funciona entonces como un mecanismo monetario de compensación frente a la pobreza, pero no sustituye la construcción de una infraestructura pública de derechos.
El Garrahan, las cardiopatías y la idea de que la salud infantil es un gasto
El conflicto alrededor del Hospital Garrahan es el mayor ejemplo de cómo se ha gestado política y comunicacionalmente esta transformación política. El principal hospital pediátrico de alta complejidad del país atravesó una crisis de financiamiento, salarios y pérdida de profesionales que terminó en una movilización política nacional alrededor de la emergencia pediátrica. Durante los primeros diez meses de 2025, las transferencias nacionales al hospital habían caído 18,1% en términos reales respecto del mismo período del año anterior. Como consecuencia del conflicto el Congreso aprobó la Ley de Emergencia Pediátrica que preveía un refuerzo presupuestario para la compra de insumos, medicamentos y equipamiento en hospitales pediátricos, además de una recomposición salarial para todo el personal de salud y una exención de Ganancias sobre horas extra y guardias. Sin embargo el Gobierno de Milei la vetó y, a pesar de que la norma fue sostenida por el Parlamento, extendió la tensión hasta la actualidad.
El mismo razonamiento puede aplicarse al desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, política que permitió construir una red federal para detectar, derivar y tratar a bebés con estas patologías, reduciendo el peso que el lugar de nacimiento podía tener sobre las posibilidades de acceder a una cirugía. Se calcula que cerca de 7.000 bebés nacen cada año en Argentina con algún tipo de cardiopatía congénita y la existencia de una coordinación nacional permitía que una familia no tenga que resolver individualmente una situación tan difícil. A comienzos de 2026 la Federación Argentina de Cardiología (FAC) mediante un comunicado denunció el desmantelamiento del equipo coordinador del programa, la salida de profesionales especializados y la interrupción de parte de la estructura que articulaba esa red.
En términos económicos inmediatos, un programa de estas características puede aparecer como una partida presupuestaria más pero desde una perspectiva de política pública integral y derechos humanos apunta a federalizar la atención en salud, reducir la desigualdad territorial y garantizar las posibilidades de supervivencia de un bebé más allá de las condiciones materiales de la familia de origen. Cuando una red de este tipo se desarma, la responsabilidad y posibilidades de vida vuelve a trasladarse hacia las familias y su capacidad económica, las provincias y los hospitales locales.
Educación: el futuro que no entra en una planilla de excel
La educación presenta una contradicción todavía más evidente con la lógica del presentismo económico. En términos de la escuela austríaca, una inversión educativa no tiene un retorno financiero inmediato ni genera ganancias en el corto plazo, por ende representa un gasto. El beneficio aparece mucho después, cuando ese niño o niña accede a un empleo de mayor calidad, desarrolla capacidades productivas, forma parte de un proyecto científico, paga impuestos, consumo, o participa de manera más plena en la vida económica y social de un país. Por eso la educación es, por definición, una política que exige que una sociedad piense en el futuro colectivo y sea capaz de invertir y proyectar a largo plazo.
El desfinanciamiento educativo y el proyecto de Ley de Libertad Educativa de Milei deben ser leídos desde ese paradigma. La eliminación del FONID, la reducción de programas nacionales, el debilitamiento de las políticas de infraestructura y conectividad, el traslado de responsabilidades hacia las provincias, el ataque permanente a los docentes y sindicatos, y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario son parte constitutiva de un plan de modificación de las condiciones en las que millones de chicos y chicas acceden a uno de los principales mecanismos de movilidad social que tuvo históricamente la Argentina.
ENIA: abandonar la prevención
La eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, ENIA, es un caso claro del abandono de políticas preventivas, es decir cuyo objetivo es intervenir antes de que una situación de vulnerabilidad se vuelva estructural. El programa que entre 2017 y 2023 desarrolló acciones de educación sexual y reproductiva, garantizando el acceso a anticonceptivos y el acompañamiento territorial de adolescentes, contribuyó significativamente a reducir a la mitad la tasa de embarazos adolescentes.
La relevancia del programa implica un doble movimiento: la intervención directa sobre la vida de una adolecente para evitar un embarazo no deseado; y al mismo tiempo la posibilidad de transformar de manera profunda las trayectorias educativas, sociales y laborales de miles de jóvenes, particularmente de sectores de bajos ingresos. Por eso una política de prevención del embarazo adolescente también constituye una política de salud, de género, de reducción de la pobreza, de inserción educativa y de independencia económica.
Alimentación, primera infancia y cuidados
La alimentación, la nutrición y los cuidados son los elementos vertebrales de otra dimensión que queda especialmente invisibilizada cuando se aplica una mirada exclusivamente económica y fiscal: la reproducción cotidiana de la vida. Un niño necesita comer, dormir, ser cuidado, recibir afecto, ser llevado al médico, asistir a la escuela, divertirse, desarrollar capacidades y establecer vínculos. Ninguna de esas actividades produce necesariamente una renta inmediata, pero sin ellas ninguna sociedad podría funcionar porque son las condiciones que permiten que existan trabajadores, estudiantes, familias, consumidores y comunidades.
Los Estados de bienestar históricamente intervinieron sobre estas dimensiones precisamente porque comprendieron que el mercado por sí solo no garantiza una distribución equitativa de esos bienes y servicios. Los comedores escolares, los jardines maternales, los centros de desarrollo infantil, las políticas de primera infancia, los museos y ofertas culturales infantiles, las salas de primeros auxilios y las licencias familiares son distintas formas de socializar una parte de los costos de reproducción de la vida y facilitarle la logística cotidiana a las familias y las comunidades territoriales.
UNICEF registró en 2025 una caída real de casi 20% en el gasto destinado a alimentación y nutrición infantil y una pérdida de poder adquisitivo de la Prestación Alimentar debido a la falta de actualización automática frente a la inflación acumulada. Cuando esos mecanismos se debilitan, esos costos se redireccionan a los hogares, afectando mayormente a sectores de bajos ingresos y hogares monomarentales, es decir que recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres. Cuando el Estado reduce la inversión en ese apoyo, traslada la responsabilidad y el costo hacia hogares que ya tienen menos capacidad para absorberlo.
La misma lógica se observa en la primera infancia y lo que respecta a tareas de cuidado, imprescindibles para la reproducción de la sociedad. Los espacios pensados para la socialización y el desarrollo infantil no solamente protegen a los chicos, sino que permiten que los adultos responsables puedan estar más horas afuera de casa para trabajar, estudiar, consumir o buscar empleo. Por eso las políticas de cuidado, aunque no son remuneradas ni generen una renta directa, son también políticas económicas. La diferencia es que el valor producido por el cuidado no siempre aparece en las cuentas nacionales. En 2022, por decisión política, el Ministerio de Economía lo midió por primera vez y logró identificar que las tareas domésticas y de cuidado no remunerado representan el 16,8% del PBI en Argentina, siendo el sector económico de mayor aporte en el país, superando a la industria y al comercio.
En el caso de las infancias y adolescencias con discapacidad la situación es todavía más compleja porque dependen necesariamente de una red de prestaciones y cuidados que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, acompañamiento educativo y distintas formas de apoyo. En 2025 el Gobierno de Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, en medio de un conflicto que involucró a prestadores, profesionales y familias que denunciaron dificultades para sostener económicamente el sistema de atención, y desde entonces la situación de ese colectivo es de extrema gravedad.
Esto permite dimensionar por qué la afectividad, el cariño y los vínculos sociales, tan despreciados por este gobierno, también tienen una dimensión política. Las personas no son solamente unidades de producción y consumo. La sociedad funciona básicamente por y para los vínculos familiares, comunitarios y sociales que necesitan tiempo, estabilidad y condiciones materiales y afectivas para existir y desarrollarse. Las infancias dependen especialmente de esa red de apoyo porque los niños y niñas necesitan adultos disponibles, instituciones que los acompañen, derechos que los protejan y comunidades capaces de sostenerlos. La precarización económica y el desmantelamiento político de esa red terminan privatizando las posibilidades y limitando la cantidad de tiempo y energía que las familias y personas dedican a cuidar, criar, acompañar y vincularse con sus hijos.