“Justicia lenta, no es Justicia”, dice una máxima que se acaba de cumplir hoy en Córdoba: la Cámara Octava del Crimen de esta ciudad condenó al policía Lucas Gómez, uno de los cuatro policías que encubrió a Leandro Castañares (32), quien en 2016 violó a seis jóvenes que acudieron a entrevistas con él, donde ofrecía trabajo. Gómez es uno de los dos cabos primero que la madrugada del 6 de agosto de 2020, en un retén policial dispuesto frente al Ministerio de Desarrollo Social cordobés, en Vélez Sarsfield 2.400 de esta Capital, asesinó a balazos a Blas Correas (17).
Lucas Gómez recibió una condena a 2 años y 6 meses de prisión condicional, además de una inhabilitación para ejercer como policía durante 15 meses. Fue juzgado al igual que otros tres agentes de la comisaría de La Calera -una localidad del Gran Córdoba, pegada a La Capital-, quienes encubrieron a Castañares, convenciendo a sus víctimas de que no lo denunciaran. El cabo primero Gómez está preso desde el día en que asesinó a Blas.
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“Estoy indignada. La verdad, me pongo a pensar y digo… la Justicia siempre tarde. Si esto hubiese sido en los tiempos que corresponden, Blas hoy estaría acá; ese es el primer análisis que hago de esta situación. Después pienso en esa familia que pasó por toda esta situación y digo ‘si no hubiera muerto Blas, esta persona estaría libre’; y hoy con una condena encima, también estaría libre", le dijo a El Destape Soledad Laciar quien, además, agregó: "No sé de quién es responsabilidad esto; si están muy mal las leyes, si la condena fue muy baja, si hubiera sido mayor. No me cabe en la cabeza que un servidor público esté condenado por encubrir a un violador y le den 2 años y medio de cárcel en suspenso. La verdad, que no entra en mi cabeza”.
Cuando trascendió el caso de Castañares, conocido como “el violador serial de La Calera”, Gómez fue apartado momentáneamente de su tarea activa –se lo pasó a pasiva, o sea, a tareas de escritorio-; y posteriormente volvió al patrullaje. Por eso, la noche del asesinato de Blas Correas estaba en la calle y armado: el Tribunal de Conducta Policial, un ente mixto de civiles y policías, cajoneó la investigación a los policías encubridores.
El juicio por el encubrimiento al violador Castañares comenzó a fines de diciembre de 2021, cuando el juez Juan Manuel Ugarte de la Cámara Octava del Crimen inició las audiencias contra los policías sospechosos Lucas Gómez, Lucindo Gabriel Miranda Ércoli y Daniel Emilio Vigil. El principal acusado, el policía Diego Osvaldo Bustos había aceptado su culpa en un juicio abreviado y fue condenado a 3 años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación por el mismo lapso por los delitos de “encubrimiento por favorecimiento personal y real, y por omisión de promover la persecución de un delito, en concurso ideal, agravado por la calidad de funcionario público”. Bustos ya no es más policía.
En diciembre, el fiscal Hugo Almirón, con la numerosa prueba colectada desde 2016, cuando se investigaba al “violador serial de La Calera”, acusó a Gómez, Miranda Ércoli y Vigil, por los mismos delitos que a Bustos. El proceso oral y público debía iniciarse en julio, pero se pospuso hasta diciembre por la pandemia de Covid-19. Salvo Gómez, preso por haber asesinado a Blas, los otros tres acusados llegaron al juicio en libertad y seguirán en libertad.
Cara a cara con el asesino de Blas
Ni bien comenzó el juicio, llegó a la sala de audiencias de la Cámara Octava, Blas Correas, el padre del chico asesinado por Gómez: “Estoy prestando atención, escuchando lo que está hablando y siento que el corazón se me va a salir por la boca. Siento que el corazón me va a estallar. Vuelvo al momento del hecho, me da vuelta la cabeza”, se lamentó el padre de Blas en una entrevista con la señal cordobesa de Radio Mitre.
El pasado sábado 12 de febrero, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación colocó una señalética en memoria de Blas Correas, frente al edificio Pablo Pizzurno, sede del Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba. Ese día, Blas hubiera cumplido 19 años. En el acto estuvo presente, Mariano Przybylski, director nacional de Políticas Públicas contra la Violencia Institucional.
Hoy a la siesta, finalmente los policías Lucas Gómez, Lucindo Gabriel Miranda Ércoli y Daniel Emilio Vigil fueron condenados a penas de ejecución condicional: Gómez recibió una condena de 2 años y 6 meses de cárcel en forma condicional y seguirá preso hasta el juicio por el crimen de Blas Correas; mientras que Miranda Ércoli fue condenado como Bustos a 3 años de prisión condicional e inhabilitación por 21 meses por ser considerado coautor del mismo tipo de encubrimiento, más “abuso de autoridad” e “incumplimiento de la obligación de promover la represión y persecución del delito”; y Vigil recibió una pena de 2 años y 8 meses e inhabilitación por 17 meses.
El violador serial de La Calera
Leandro Castañares no es el primer violador serial de Córdoba, pero sí el más reciente , con el agravante que recibió protección policial. En 2018, este predador sexual aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado donde fue condenado por la Cámara Tercera del Crimen a 15 años de cárcel: fue acusado de seis hechos de abuso sexual, cinco de ellos con acceso carnal; además de estafa y robo.
Los ataques ocurrieron en La Calera y esta Capital en el segundo semestre de 2016, cuando sus víctimas acudían a entrevistas laborales que el condenado realizaba a través de Facebook. Cuando las víctimas acudían a la comisaría de La Calera, los policías Gómez, Bustos, Miranda Ércoli y Vigil intentaban convencerlas de que no denunciaran los ataques sufridos.
Con el caso de los policías encubridores cajoneado, los sospechosos volvieron a sus tareas operativas. Tras el asesinato de Blas Correas a manos de Gómez y Javier Alarcón; salió a la luz que el primero había sido imputado por encubrimiento del violador serial de La Calera; y que el segundo tenía otra causa de 2013 por lesiones y privación ilegítima de la libertad; aunque también la investigación se cajoneó y el cabo primero patrullaba armado.
Meses después del crimen de Blas Correas, la titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana María Becerra, fue imputada por la Fiscalía Anticorrupción de Córdoba por el delito de incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública.
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