Además de los casos de sífilis, también aumentan los diagnósticos de VIH

Si bien la sífilis ocupó hace unos días los titulares de los medios por su crecimiento récord del 71% en 2025 respecto del promedio del quinquenio anterior, no es la única patología que preocupa. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, entre 2020 y 2025, las notificaciones de tuberculosis mostraron un aumento del 65,9%. Y el VIH-sida, creció de 5300 diagnósticos (promedio 2018-2022) a 6900 (promedio 2023-2024). Con el agravante de la detección tardía, también creciente: “Hoy, una de cada dos personas se diagnostica en fase avanzada”, afirma Leda Guzzi, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). Cerca del 45% de las personas se enteran de que tienen VIH en una etapa avanzada de la infección (cuando el sistema inmune ya está muy deteriorado). Esto significa, además, que el virus circula “por debajo del radar” durante años, lo que aumenta la posibilidad de transmisión involuntaria.

“Para que tengamos una idea, cada seis casos de sífilis, se produce un caso de VIH –agrega José Barletta, infectólogo del Hospital Fernández y docente de la UBA–. No preocupa solamente el aumento de la sífilis, que es una enfermedad fácilmente curable, sino también el de otras infecciones de transmisión sexual, como el VIH, que requieren tratamiento, hoy por hoy, de por vida”.

Este crecimiento se da a pesar de la multiplicación de estrategias para disminuir la carga viral y contener la transmisión, con avances farmacológicos importantísimos como las terapias pre y posexposición (PrEP y PEP), y hasta un inyectable de acción prolongada que se administra cada seis meses para prevenir la infección y ofrece una eficacia cercana al 100%.

“Así es –comenta Barletta–, están dadas todas las condiciones desde el punto de vista médico y científico, pero ya cuando se lanza la estrategia mundial de VIH, se plantea que para que esos objetivos sean alcanzables, es necesario por un lado financiamiento y, por otro, compromiso político; es decir, podemos tener los mejores tratamientos, pero si no hay compromiso político para que eso llegue a las personas que están afectadas, no vamos a terminar con la epidemia”. 

Cuando se intenta desentrañar los componentes de este aumento, los especialistas destacan que hay que deslindar cuánto corresponde al registro, cuánto al deterioro del sistema de salud y cuánto a factores socioculturales. Para Guzzi, “siempre entra en juego determinar si se debe a que crecieron las notificaciones, si es un aumento espurio... pero lo más probable es que sea real, probablemente en el marco de una nueva modalidad de vinculación sexo afectiva, qué es más exprés con las aplicaciones de citas, el ‘chem sex’ y la moda de 'sexo a pelo’ [sin uso de preservativo]”.

Miguel Pedrola, director científico para América Latina y el Caribe de la AIDS Healthcare Foundation (AHF), explica que están viendo más casos en el consultorio y también puede deberse a “un aumento de usuarios, ya que mucha gente esta perdiendo su trabajo y, por ende, la obra social. Los datos del Estado también podrían reflejar que muchos se ven obligados a dejar la prepaga y deben ‘blanquear’ su situación. Es difícil determinarlo”.

Barletta subraya otro aspecto. Para el especialista, el aumento en estas enfermedades se debe a múltiples factores. Lo que diferencia a la Argentina de lo que está ocurriendo en otros países es que, tanto en la sífilis como en otras infecciones de transmisión sexual (ITS), la aceleración es muy marcada.

“Ahí, podemos identificar una serie de ellos –explica–. Me preocupa escuchar a algunos colegas en distintos medios hablar como si se redujera a algo estrictamente individual. Si el único problema es que las personas no usan preservativo… Bueno, esa es una de las causas y está bien analizarlo, pero cuando se ve un fenómeno tan masivo, tan marcado, hay que empezar a pensarlo no solamente desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista estructural. De la misma manera en que, cuando veíamos que aumentaban los casos de Covid, uno no podía decir que solamente se debía a que la gente no se cuidaba, acá ocurre algo parecido. Un informe de la Fundación Grupo Efecto Positivo hace un par de meses mostraba que, por ejemplo, el año que viene se planea distribuir 25 millones menos preservativos que en 2024. Es fácil decirles a las personas que hay que usar preservativo, pero tiene que estar disponible. Y no solo en los hospitales, sino también en los lugares por los que transitan, donde se conocen, donde se divierten, donde trabajan, donde estudian. Fundamentalmente, porque el mayor aumento [de enfermedades de transmisión sexual] se produce en jóvenes menores de 35 años, que son los que habitualmente concurren menos al sistema sanitario. Es decir, que la persona tiene que estar alerta y el sistema de salud, también. Por otro lado, aunque el preservativo sigue siendo muy efectivo, también tenemos que entender que hay personas que pueden elegir no usarlo. Entonces, hay que pensar estrategias de prevención que sean sostenibles. Alternativas como consejería sobre el tipo de prácticas sexuales que adoptan, testeos más frecuentes..."

Teniendo todo esto en cuenta, las perspectivas no son las mejores. De acuerdo con el análisis del presupuesto 2026 realizado por la Fundación Huésped, el rumbo varió de una estrategia integral de prevención, diagnóstico y tratamiento, hacia un enfoque limitado casi exclusivamente a sostener los tratamientos actuales, dejando de lado la prevención y la detección temprana, con recortes u omisiones en herramientas claves como PrEP y PEP, preservativos, tests rápidos y medición de la carga viral.

“Esto puede traducirse en más infecciones, diagnósticos tardíos, mayor desigualdad sanitaria, y mayores costos en tratamientos futuros –subraya el trabajo–. Un aspecto crítico es que no menciona la PrEP y la PEP en sus metas, dos herramientas fundamentales de prevención”. En 2023, último proyecto de presupuesto en el que se las menciona como líneas específicas, se asistió a 8.744 personas con PrEP y 4.867 con PEP, mientras que en 2025 y 2026 ambos ítems desaparecen por completo de las metas presupuestarias. “Esto no solo compromete la planificación, sino que borra del debate público herramientas esenciales para prevenir nuevas infecciones. El mundo habla de prevención combinada justamente porque una sola herramienta no alcanza para todas las personas en todos los momentos de su vida”, advierte.

Y agrega: “De acuerdo con esta ley, el número de personas que recibirían antirretrovirales aumenta levemente en 2026: de 66.893 tratamientos en 2023 a 71.500 en 2026, pero la ejecución presupuestaria al tercer trimestre de 2025, de acuerdo con los datos oficiales, marca 71.564 personas bajo programa. En el último año reportado se diagnosticaron 6400 casos. Globalmente, el 70% de las personas con VIH en el país cuenta con cobertura pública exclusiva, por lo que es dable suponer que casi 5000 nuevas personas precisarán tratamiento antiviral. Si además no se diferencian los tratamientos para PrEP y PEP, queda la duda acerca de cómo estableció esta meta el Ministerio de Salud, ya que no alcanzaría para cubrir las necesidades de la población bajo programa”.

Algo similar ocurrirá con los preservativos: tras un 2025 sin compras –lo que generó faltantes en todo el país–, los números previstos están por debajo de lo estipulado en el presupuesto 2023. “En 2023, la meta física actualizada fue de 30.002.400 unidades desde el programa 22 (Respuesta al VIH) y 25.300.000 desde el Programa 25 (Salud Sexual y Reproductiva) –detalla–. En 2025, la ejecución al tercer trimestre muestra una distribución de 832 (ochocientos treinta y dos) preservativos. Para 2026, se proyecta recuperar la provisión a 15,5 millones (P22) y 18 millones (P25). Pero esto no alcanza a compensar el último año sin compras ni asegura continuidad, y reduce a menos de la mitad lo estipulado en 2023”.

Con respecto a los tests rápidos para la detección de VIH, en 2023 se distribuyeron 1.120.380, mientras que para 2026 se prevén 581.000, una reducción del 49,3%. En 2025, el total ejecutado según los datos oficiales fue 0 (cero). Por la ley 27.675, más allá de que muchas jurisdicciones compren reactivos, la responsabilidad de garantizar la provisión gratuita, oportuna y suficiente en todo el país para asegurar el acceso al diagnóstico para todos recae en el Poder Ejecutivo Nacional. Esta caída en la compra y distribución de pruebas diagnósticas afectan  la detección temprana del VIH. “Sostener e incrementar el acceso al diagnóstico temprano es esencial para proteger la salud individual y la salud pública”, subraya el documento.

Algo similar sucede con los reactivos para carga viral de VIH: en 2023 se distribuyeron 94.332 pruebas, mientras que en 2024 fueron solo 17.112, y en 2025 se proyectaron 70.010 pruebas, pero al segundo trimestre se ejecutaron 0 (cero). Para 2026 se proyectan 116.215 pruebas, un número insuficiente para que las personas bajo programa accedan a dos pruebas anuales. “Garantizar la disponibilidad continua de reactivos para carga viral es esencial para alcanzar los compromisos globales de ONUSIDA, que establecen que el 95% de las personas en tratamiento deben lograr y sostener una carga viral indetectable. Para ello, se requieren al menos dos pruebas de carga viral por año por persona bajo programa. La indetectabilidad viral no solo asegura una mejor calidad y expectativa de vida, sino que también confirma el principio Indetectable = Intransmisible (I=I), clave para reducir la transmisión del VIH en el país”, explica. 

Aunque es sabido que por cada dólar invertido en prevención se ahorran cinco o 10 en tratamientos y pérdida de la productividad, si el Estado se retrae de sus competencias de rectoría y se retira de la escena pública, dejando vacante su rol en la promoción de la salud, lo que ocurre con la sífilis y el VIH puede ocurrir con muchas otras enfermedades.

En los últimos dos años se observa un aumento interanual de tuberculosis de entre el cuatro y el 10% (dependiendo de las jurisdicciones). Los especialistas advierten que los pacientes llegan en estados más avanzados y que el aumento está ligado al deterioro de las condiciones socioeconómicas. Sin embargo, también en esta área disminuyen los recursos: de 14.000 tratamientos de primera elección para tuberculosis en 2023, se pasará a 12.450 en 2026 (−11%)

Sin números precisos, se sabe por el estudio Global Stroke Burden que la incidencia global de ACV baja. “En la Argentina, la incidencia de ACV ajustada por edad mostró una disminución sostenida desde 1990, pero que en la última década dicha tendencia se desaceleró, con señales de un aumento reciente, sobre todo en adultos jóvenes (parecería ser mayor en mujeres)”, comenta Gustavo Sevlever, director de investigación y docencia de FLENI.

“Cuando uno piensa en el Estado retirándose de estos lugares, hay que advertir que no solamente aumentan los casos, sino también la desigualdad –concluye Barletta–. Las personas que acceden a un sistema de salud privado van a tener más posibilidades de recibir tratamiento, las más vulnerables quedan al margen”.