El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó un nuevo capítulo: los jueces ordenaron allanar la sede central de Swiss Medical y el sanatorio Los Arcos. La decisión se debe a que la junta pericial había analizado e incorporado al expediente estudios clínicos que pertenecían a Diego Maradona padre y no al exfutbolista. Tras el escándalo, el debate fue suspendido hasta el jueves.
La Fiscalía reconoció que había estudios de Don Diego sumados al expediente, pero rechazó que este "error" invalide las conclusiones de la Junta Médica. El fiscal Patricio Ferrari acusó a la defensa de intentar "embarrar" el juicio y, junto con las querellas, impulsó nuevas medidas para obtener la documentación correcta y determinar qué impacto podría tener sobre las conclusiones presentadas por los peritos.
Durante su exposición ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, la fiscalía sostuvo que la maniobra configura una presunta omisión de un delito de acción pública. Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 ordenó secuestrar toda la documentación médica vinculada a Maradona que se encuentre en la sede central de la prepaga y en el Sanatorio Los Arcos.
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¿Qué pasó con la Junta Médica?
La controversia estalló en la audiencia del martes durante la declaración del nefrólogo Hernán Trimarchi, uno de los especialistas que integró la Junta Médica y que determinó que el exfutbolista tenía una enfermedad renal crónica. Para esbozar sus fundamentos, se basó en varios análisis de laboratorio realizados durante el período 2012 a 2015; muchos de ellos databan de este último año, cuando Maradona se encontraba en Dubái.
El abogado Nicolás D’Albora, defensor de la imputada Nancy Forlini, advirtió que entre los análisis que habían sido evaluados por los peritos se encontraban análisis que no pertenecían a Diego, sino a Don Diego, su padre. Esta situación abrió un fuerte enfrentamiento entre las partes, ya que la Junta Médica es una de las principales pruebas de la acusación contra los siete imputados.
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Los especialistas habían determinado que la muerte de Maradona era evitable y cuestionaron el seguimiento que había recibido durante sus últimos días. Además de ordenar los allanamientos, la Justicia deberá citar nuevamente a los profesionales de la Junta para ratificar o rectificar sus conclusiones luego de que se proceda a la exclusión formal de los estudios de Diego padre.
Integrada por diez especialistas oficiales de la Policía Científica, el Cuerpo Médico Forense y centros de salud de renombre, la Junta Médica presentó a fines de abril de 2021 un informe clave en el que concluyó que la actuación del equipo médico a cargo de Maradona fue "inadecuada, deficiente y temeraria", asegurando que el paciente quedó "abandonado a su suerte".
¿Cómo inició el error?
Días después de la muerte de Diego Maradona, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren iniciaron una serie de diligencias en el marco de la causa que por entonces había comenzado para esclarecer cómo fue el fallecimiento del Diez. Los investigadores habían solicitado a la prepaga del astro todas sus historias clínicas de los últimos 20 años.
D’Albora, representante legal de la empresa, fue quien respondió al pedido de la empresa y delegó la tarea administrativa a un empleado de su estudio que se ocupó de recopilar los estudios y antecedentes médicos para luego enviarlos. En enero de 2021 se entregaron todos los archivos a la Justicia, mucho antes de las primeras imputaciones.
Sobre esta situación, Ferrari explicó en la audiencia de este jueves que “a ese requerimiento por mail, desde la prepaga nos responden ‘les enviamos la historia clínica solicitada de Diego Armando Maradona’. Es decir: nosotros pedimos ‘¿me pueden mandar los estudios de Diego Maradona?’ y D’Albora me responde ‘le envío los estudios de Diego Maradona’“. Pero ni Ferrari ni Iribarren, ni ningún perito, habrían dudado de la veracidad de los documentos.
Las inconsistencias
La Junta Médica había determinado que la muerte de Diego Maradona era "evitable". Para llegar a esta conclusión, tuvieron en cuenta estudios clínicos que confirmaron que el DT padecía de enfermedades crónicas en varios de sus órganos y que los trabajadores de la salud que lo asistieron no tuvieron en cuenta estos antecedentes, además de que no le brindaron una atención adecuada en sus últimos días y tampoco advirtieron los signos de desmejora hacia el final de su vida.
Sin embargo, los defensores de Forlini revisaron los legajos y detectaron severas inconsistencias cronológicas: figuraban estudios de laboratorio fechados en mayo de 2015, momento en que Diego no se encontraba en el país por estar dirigiendo a un equipo en los Emiratos Árabes Unidos.
También cotejaron los números de afiliados y comprobaron que la documentación pertenecía a su padre, Don Diego, que estaba internado en Los Arcos hasta su muerte, ocurrida el 25 de junio de 2015. Para justificar este hecho, D'Albora asumió que la documentación fue entregada en 2021 mediante una tramitación administrativa delegada y aseguró que no existió intencionalidad.
"Hubo un error involuntario del área de laboratorio que, al mandar los informes, los mandó consignados como Diego Armando Maradona, pero pertenecían a su padre. Puse en conocimiento apenas advertí la circunstancia, no hay ninguna trampa", afirmó el letrado.
Sin embargo, el fiscal Ferrari rechazó la explicación de la defensa y enmarcó lo ocurrido dentro de una estrategia procesal maliciosa. "Solo el que puso la trampa pudo saber dónde está oculta. Nos engañaron, cometieron un delito y ahora quieren voltear un juicio cuando termina", aseveró el funcionario ante el tribunal. En esa línea, calificó a la conducta como un "delito continuado que comenzó a ser ejecutado el 5 de enero de 2021 cuando enviaron los estudios y hoy sus efectos y ganancias se siguen produciendo".