La multinacional de herramientas Black & Decker cerró una planta en la provincia de San Luis y despidió a 61 trabajadores a cambio de la mitad de una indemnización corriente. Lo hizo en una fábrica de discos abrasivos para lijado en el municipio de Justo Daract tras alegar que los “cambios en el mercado” forzaron el parate, aunque la propia compañía advirtió que “no está en riesgo” la continuidad de otras operaciones en la Argentina.
La firma Stanley Black & Decker comunicó que la decisión se adoptó tras “realizar una revisión integral de las operaciones de la planta para evaluar su eficiencia y sostenibilidad” a partir de los cambios en el mercado local. Sin enunciarlo, la compañía dio cuenta de la caída de las ventas por la paralización de la obra pública y de la actividad de la construcción en general, además de la competencia de mercados subsidiados como el caso de China.
Toma de la fábrica y choque gremial: la respuesta obrera al despido masivo
La Asociación Obrera Minera de la Argentina (AOMA) rechazó el cierre y realizó una toma pacífica de las instalaciones. El gremio que conduce Héctor Laplace exigió la reincorporación de los trabajadores y argumentó que su presencia tiene relación con la necesidad de resguardar las maquinarias. También denunció el pago incompleto de las indemnizaciones.
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¿Qué es el artículo 247 y por qué la empresa pagó solo la mitad de las indemnizaciones?
Es que la empresa se amparó en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que autoriza a pagar la mitad de la indemnización legal “en los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada”. “En tales casos el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad”, añade la norma, aunque en este caso la cesantía fue sobre toda la nómina, que consistía en 45 operarios y 16 administrativos.
La protesta del gremio, además del cierre intempestivo, plantea que Black & Decker avanzó en esa línea sin siquiera solicitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), una herramienta contemplada en la legislación que le permite a un privado racionalizar recursos, producir suspensiones y reordenar líneas de producción antes de encarar una clausura. Sólo en caso de haber solicitado y obtenido la aprobación de un PPC, y recién después de agotar las instancias contempladas en esa norma, la compañía podría haber despedido con el pago de la mitad de las indemnizaciones.
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Sin embargo, la empresa alegó haber dado cumplimiento a todos los pasos legales antes de producir la cesantía masiva: “Estamos enfocados en garantizar una transición ordenada para todos los empleados afectados y nos comprometemos a acompañar a cada persona durante este proceso, cumpliendo íntegramente con las obligaciones legales aplicables y ofreciendo apoyo para la reinserción laboral”, señala un comunicado de la multinacional.
Alarma industrial en San Luis: el segundo cierre de una multinacional en el año
En un contexto de retracción general de la actividad industrial, incluso como en este caso la asociada a rubros en teoría exitosos como el de la minería, se trata de al menos la segunda planta fabril de capitales internacionales que cierra en la provincia en lo que va del año. En febrero, el holding británico SSQ Group bajó la persiana de Master Laja, una fábrica de piedra laja ubicada en Juana Koslay, y despidió a 54 empleados.