A más de cinco años de la sanción de la Ley 27.610 que garantiza el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Argentina, un informe reveló que no hubo "cambios significativos" en el número de procedimientos realizados en 2025 en comparación al 2024. Además, 13 de las 20 provincias que realizaron abortos en el sector público se sostuvieron con presupuesto propio frente al ajuste del gobierno de Javier Milei, que decidió discontinuar la compra de mifepristona y misoprostol.
Según datos del informe El reto de sostener el aborto legal en Argentina, en 2025 se realizaron 87.603 interrupciones voluntarias y legales en 20 provincias. Por lo tanto, la tasa de aborto (cantidad de abortos por 1000 mujeres de 15-49 años) "se mantiene prácticamente igual" a la registrada en 2023 (7,49), ya que el año pasado fue de 7,45. El relevamiento, realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en alianza con Ibis Reproductive Health, también denunció la discontinuidad en la compra de insumos para "servicios de aborto" por parte del Ministerio de Salud de la Nación.
Ante esta situación, las provincias de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego debieron realizar las compras de los medicamentos con insumos propios para garantizar el acceso a la IVE.
Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del CEDES y CONICET, aseguró que "es un buen indicador" que el número de procedimientos realizados en 2025 sea similar al del 2024. "Frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra de mifepristona y misoprostol, el acceso se mantiene con mucho esfuerzo en 13 provincias que lo sostienen con presupuesto propio", agregó.
La postura de Milei y su gobierno sobre el aborto legal en la Argentina
En agosto de este año, durante su presentación en el Council of Americas, el presidente Javier Milei criticó al aborto legal. Había asegurado que la Argentina "paga muy cara la locura de los pañuelitos verdes" y responsabilizó a la IVE por la caída en la natalidad, pero el número de abortos no aumentó de 2024 a 2025. Además, el mes pasado el gobierno de La Libertad Avanza también había firmado su adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra que reivindica a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad.
De todas maneras, la declaración no es un tratado de derecho internacional, sino un documento meramente declarativo impulsado por el gobierno de los Estados Unidos. Según el informe, el avance de una agenda ecléctica amenaza a las políticas públicos y derechos vinculados al género, con énfasis en la educación sexual integral, la natalidad y las "falsas" denuncias. Además de que "las políticas del gabinete nacional siguen centradas, ante todo, en la agenda económica".
En el terreno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el Gobierno llevó adelante el vaciamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA). El informe también da cuenta de la caída en el gasto realizado por el Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del ministerio que encabeza Mario Lugones. Entre 2023 y 2026 el ajuste fue del 57%.
La reducción en la compra de anticonceptivos impactó de manera negativa sobre la cobertura de la población, que pasó de 1.2 millones en 2024 a 63 mil en 2026. Esto representa una disminución del 93% de ciudadanos protegidos, tanto para la prevención de embarazos y de infecciones de transmisión sexual (ITS).
"De acuerdo a las estimaciones realizadas, cada peso invertido en anticoncepción en la Argentina genera ahorros equivalentes a tres pesos en atención médica. Y cuando se consideran los efectos en educación, empleo, productividad y recaudación fiscal, el retorno total asciende a veinte veces el valor de la inversión", explicó el reporte del CEDES.
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A su vez, el recorte implicó 840.000 mujeres menos protegidas contra embarazos no intencionales, 240.000 embarazos no intencionales adicionales, 112.000 abortos que podrían haberse evitado, 452 muertes maternas y 2600 muertes neonatales que también podrían haberse evitado, según datos del informe.
Los números del aborto en la Argentina
Las provincias de Buenos Aires y Córdoba junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostraron los mayores números absolutos (41.446, 9.341 y 9458 situaciones respectivamente), sumando un 72% del total de la IVE y la interrupción legal informadas, en consonancia con la concentración del 53% de la población de mujeres en edad fértil del país en las jurisdicciones mencionadas.
Otro de los datos que se desprende del informe es que las tasas de aborto de las provincias en 2025 se distribuyeron "prácticamente" en mitades: 50% mostró tasas por encima y 50% por debajo del valor estimado para nuestro país. Los datos obtenidos fueron en base a las 16 jurisdicciones que respondieron a los pedidos de acceso de información pública, ya que Catamarca, Formosa, Salta y Santiago del Estero no brindaron datos, además de las obras sociales y privado.
En cuanto a la disponibilidad de establecimientos en el sector público, hay 1846 efectores de salud que garantizan las interrupciones voluntarias y legales. Este número también se mantuvo sin cambios significativos comparando con 2023 (1862). El reporte destaca que el 70% de los efectores son de primer nivel de atención, lo que facilita el acceso y explicaría la explicaría la alta proporción de abortos en las primeras semanas de embarazo: 9 de cada 10 abortos son realizados dentro de las 12 semanas de gestación.
Además, 10 provincias compraron misoprostol y/o mifepristona (Buenos Aires, Chaco, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego), seis compraron tratamientos combinados, mifepristona y misoprostol (Chaco, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Cruz y Misiones) y dos adquirieron aspiradores y cánulas para AMEU (Jujuy y Mendoza).