El gobernador Claudio Vidal desató un repudio generalizado al intervenir en el Poder Judicial. Tras el Decreto 608/24, se ordenó de forma inconsulta la jubilación de Reneé Fernández, Paula Ludueña y Alicia de los Ángeles Mercau, las tres únicas juezas mujeres del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz. Esta norma obligó a la Caja de Previsión Social a otorgarles la jubilación de forma compulsiva lo que violó flagrantemente el principio de constitucionalidad.
La oposición, gremios y diversos sectores jurídicos lanzaron críticas contra el Gobierno de Vidal, con la acusación de perpetrar un atropello directo a la división de poderes. En esa línea, señalaron que el uso del Decreto 608/24 podría utilizarse para poblar la Corte provincial con jueces propios y garantizarse impunidad política.
El Destape confirmó que lo que plantea el decreto es la obligatoriedad en un plazo de 30 días para jubilarse, cuando la ley previsional establece que, una vez cumplidos los requisitos para jubilarse, hay dos años para acoger ese beneficio. Según indicaron desde la oposición, las acciones de la provincia lo que hacen es "meterse en el Poder Judicial", y remarcaron que desde hace años el gobierno de Santa Cruz "avasalla la división de poderes" con distintas medidas.
En ese marco, consideraron que el decreto desnaturaliza los principios fundamentales de la normativa vigente al alterar mediante una reglamentación lo establecido por la ley. La Constitución fija con claridad que los vocales permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta y que el único mecanismo válido para su remoción es el juicio político. Asimismo, indicaron que resulta incomprensible equiparar el simple inicio de un expediente previsional con una renuncia expresa al cargo.
Un decreto cuestionado
Por su parte, la Asociación de Magistrados de la provincia de Santa Cruz denunció a través de un comunicado que se trata de un proceso selectivo e inconsulto que evidencia un sesgo, ya que de las diez jubilaciones planteadas de manera intempestiva, nueve corresponden a mujeres, mientras que otros vocales masculinos que se encuentran en la misma situación previsional no fueron incluidos en este esquema de retiro forzado.
Las magistradas afectadas cuentan con una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial santacruceño y, al forzar su salida, la defensa de las juezas denuncio que sólo pueden ser removidos mediante un juicio político y no por vía administrativa.
Inicialmente, el TSJ había dictado una medida cautelar que frenaba el decreto de Vidal en 2024. Sin embargo, la gestión provincial logró expandir el tribunal de cinco a nueve miembros y sancionó la Ley 3947, que impuso límites estrictos a las cautelares contra el Estado. Con esta nueva mayoría y el nuevo marco normativo, el propio tribunal disolvió la protección legal que amparaba a las juezas, lo que permitió que la Caja previsional ejecutara sus retiros en apenas unas semana
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El descargo de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Santa Cruz
El organismo cuestionó públicamente a la Caja de Previsión Social por otorgar la jubilación a diez integrantes del Poder Judicial, de las cuales nueve son mujeres. La entidad advirtió que la medida obligaría a retirarse a todas las juezas del Máximo Tribunal provincial, lo que comprometería gravemente la independencia judicial, la legislación vigente, la igualdad y la paridad de género.
El eje central del conflicto es jurídico y político, señalaron, y advirtieron que la Asociación sostiene que cumplir los requisitos jubilatorios no implica el cese automático en el cargo y que un organismo administrativo carece de facultades para apartar a los magistrados.
De concretarse esta decisión previsional, el debate trasciende el ámbito jubilatorio para impactar directamente sobre la división de poderes, la inamovilidad de los jueces y la composición final del Tribunal Superior de Justicia.
La respuesta del Gobernador
Por su parte, el gobernador Claudio Vidal defendió en medios locales la medida previsional: "Por primera vez en muchos años vemos que el Tribunal Superior de Justicia empieza a auditar en los distintos juzgados de toda la provincia, y eso es lo que tenía que pasar hace mucho tiempo. Pero como antes todos eran amigos, primos, socios, no existía la Justicia".
Finalmente, en cuanto a los nuevos nombres para ocupar la vocalía que quedó vacante, aseguró que “eso se va a terminar de definir después, en una mesa de trabajo y demás", y enfatizó que “lo importante es que, de a poquito y con mucho esfuerzo, está costando, pero la Justicia empieza a escuchar al pueblo de Santa Cruz".