El gobernador Claudio Vidal habilitó la venta de hectáreas frente al Glaciar Perito Moreno a una empresa de capitales de Emiratos Árabes para construir un proyecto turístico de lujo frente al Patrimonio de la Humanidad en Santa Cruz. La operación vuelve a abrir un debate que excede el negocio inmobiliario: quién controla tierras estratégicas de alto valor natural, la amenaza sobre una ciudad que vive del turismo, y hasta dónde puede avanzar el capital extranjero sobre el territorio argentino.
El decreto permite que Lacustre del Sud S.A. venda el inmueble a ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad constituida recientemente en Argentina. El proyecto contempla un emprendimiento destinado a un segmento de alto poder adquisitivo, con tarifas que pueden alcanzar los 2.000 dólares por noche.
La situación se agudiza tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cual revocó la sentencia que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. Por lo que la misma ya no forma parte del conjunto de leyes que resguardan el Parque Provincial Magallanes y el Parque Nacional Los Glaciares. Este medio se contactó con investigadores del Conicet quienes detallaron que hay otros tratados vulnerados tales como Ley de Bosque Nativo y zona de Seguridad de Frontera más otros acuerdos territoriales.
“Esto no es solo de los ciudadanos de El Calafate, esto es una problemática nacional”, señaló a El Destape el presidente de la Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate, Pablo Perret. El dirigente cuestionó el avance del proyecto y sostuvo que la discusión no se limita al impacto económico sobre la actividad turística, sino también a la apropiación y utilización de tierras ubicadas en una zona estratégica. Cabe destacar que Claudio Vidal respaldó la modificación de la Ley de Glaciares.
El reclamo también se da en un momento particularmente complejo para el sector turístico. “Esto sucede mientras que estamos en la peor crisis de turismo. Es un negociado, no hay que ser muy inteligente”, sostuvo Perret. Según explicó, durante una reunión del sector por el 2025 ya habían surgido sospechas a partir de una declaración de Vidal, quien había reconocido que se estaba gestando un proyecto destinado a atraer inversiones a la provincia.
El emprendimiento está orientado a un turismo de elite, por lo que también abrió interrogantes sobre su impacto en la actividad económica local. El sector hotelero de El Calafate y Río Gallegos analiza qué efecto podría tener la llegada de un establecimiento de estas características sobre los comercios, alojamientos y trabajadores vinculados al turismo.
El Destape se comunicó con representantes de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHTRA), que reúne a empresas hoteleras de cuatro y cinco estrellas. Desde la entidad señalaron que por el momento no realizarán declaraciones porque se encuentran “interiorizándose del tema en particular”, aunque adelantaron que están llevando la situación a las autoridades nacionales.
Vidal le cumple el sueño a Alzogaray: el proyecto que vuelve 30 años después
El proyecto turístico frente al Glaciar Perito Moreno tiene un antecedente en los años 90, cuando María Julia Alzogaray era secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano y su marido, Francisco Erize, presidía la Administración de Parques Nacionales. Allí se intentó avanzar con un complejo hotelero en la zona, pero la iniciativa no prosperó. Cabe destacar que la Península de Magallanes, ubicada frente al lago Argentino y cerca de El Calafate, posee tierras loteadas en mano de privados correspondiente al inicio de su formación como reserva por 1937.
En este contexto, el exdiputado provincial Oscar Bellini cuestionó a Vidal ya que el artículo 30 de la Ley provincial 3466 establece que el Estado puede adquirir, en igualdad de condiciones, inmuebles ubicados dentro de áreas naturales protegidas cuando sus propietarios deciden venderlos. Ese principio ya estaba contemplado en la antigua Ley 786, con el objetivo de incorporar al patrimonio público tierras consideradas de interés excepcional para su conservación. Fue el Gobierno de Vidal quién rechazó la compra de esas tierras, luego que hoy estará destinado al gigante turístico.
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Santa Cruz creó la Reserva Provincial Península de Magallanes en 1993 y, en 2003, conformó el Área Natural Protegida Península de Magallanes, integrada por el Parque Provincial y las reservas Zona Norte y Zona Sur. Actualmente, el área comprende 27.598 hectáreas de parque y 15.089 de reservas, bajo administración del Consejo Agrario Provincial.
“No importa que exista un estudio de impacto ambiental, porque toda acción antrópica, toda acción que los humanos generamos dentro de un ambiente tan sensible como eso, tiene consecuencias a futuro”, sostuvo Bellini en diálogo con El Destape. El exdiputado aclaró que su cuestionamiento tiene un eje ambiental y no está vinculado al origen del capital que eventualmente compre las tierras.
En ese sentido, Bellini advirtió que el impacto podría extenderse sobre todo el ecosistema frente a la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo. “Ese efecto ambiental es expansivo. En su momento fue diagnosticado como un bosque categoría roja por el Instituto Forestal Nacional y por muchísimos otros entes donde realmente no debería haber ningún tipo de acción”, señaló.
Por su parte, la legisladora provincial de Unión por la Patria Agostina Mora señaló a El Destape que la asociación que compraría las tierras fue constituida 36 días antes de que se anunciara el acuerdo comercial. También remarcó que el predio se encuentra dentro de un área protegida y cuenta con un plan de manejo.
Mora vinculó además la operación con la discusión sobre la Ley de Tierras y sostuvo que, si la Corte no hubiera fallado en contra de esa normativa, la venta de estas tierras estaría alcanzada por las restricciones previstas para las zonas fronterizas. En ese sentido, explicó: “el área de zonas fronterizas, como distintos marcos normativos, prohíbe la venta de tierras extranjeros en áreas que estén lindantes a cuerpos de área de envergadura y permanentes”.
La legisladora también comparó la situación con el caso emblemático de Joe Lewis en Río Negro y anticipó que podrían evaluarse acciones tanto en la Legislatura como en la Justicia. “Ya se está hablando del nuevo Lago Escondido. Es un gobierno provincial que está yendo más allá de lo que pudo hacer el Gobierno nacional”, afirmó a este medio.