Unión por la Patria (UxP) presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados en el que piden que el Ejecutivo nacional, a través de los ministerios de Seguridad y Defensa, informen sobre el empleo de gases irritantes en la represión del jueves 15 de octubre en las inmediaciones del Congreso, durante la marcha federal universitaria. El peronismo cuestionó el uso de granadas "Candela" de Fabricaciones Militares, que debe ser utilizada con capacitación especializada.
En el proyecto firmado por los diputados Ramiro Gutiérrez, Cecilia Moreau, Germán Martínez y Paula Penacca, se solicita conocer de qué arsenal salieron las granadas, si estaban vigentes y quién capacitó a los efectivos para su utilización. Esto, en referencia a que la resolución 704/2024 exige entrenamiento especializado supervisado por Seguridad, para el uso de material disuasivo.
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En ese contexto, el escrito presentado por la bancada peronista preguntó si las Fuerzas Armadas enseñaron a utilizarlas en manifestaciones y fijaron su criterio operativo, habrían asumido una función propia de la seguridad interior, contrariando el artículo 4.º de la Ley de Defensa Nacional.
Gutiérrez, en declaraciones a C5N, remarcó que la resolución 704/2024, firmada por la entonces ministra de seguridad Patricia Bullrich, establece que "todo el personal de las fuerzas de seguridad deben recibir capacitación especial como un requisito esencial para la autorización de uso de estas armas químicas o no letales". "La pregunta es quién los capacitó, porque ese pertrecho es militar. Entonces queremos saber la trazabilidad completa", preguntó el diputado del Frente Renovador, que observó que ese tipo de granada fue utilizada en la represión en las afueras del Congreso.
El texto, al que pudo acceder El Destape, además, señala que "corresponde establecer si se respetaron las exigencias de necesidad, gradualidad y proporcionalidad", ya que la Resolución 943/2023, "dispone que las fuerzas federales deben emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente, graduada según la resistencia existente".
"Los gases irritantes tienen efectos indiscriminados y su utilización exige advertencias previas, vías seguras de dispersión y precauciones para evitar daños a personas ajenas a los incidentes", remarcó el proyecto.
Finalmente, se señaló en los considerandos que "el ingreso de gases a dependencias cerradas del Congreso y la afectación de legisladores y trabajadores justifican conocer la cantidad utilizada, los puntos de lanzamiento, las instrucciones impartidas y las medidas preventivas adoptadas", por lo que "también debe determinarse la composición química del producto y si se encontraba dentro de su período de vida útil".