La Justicia federal de Lomas de Zamora llevó adelante un allanamiento en las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El procedimiento fue en el marco de una investigación por presuntos vínculos con empresas proveedoras de alimentos en mal estado para los detenidos. Martínez asumió la dirección del SPF en marzo de 2024, tras ser designado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En efecto, la medida fue ordenada por el juez Federico Villena, quien sospecha que el SPF habría permitido una “cartelización” del servicio de alimentación en la cárcel de Ezeiza. Para ello, se habrían utilizado empresas pantalla con el objetivo de evadir sanciones judiciales previas.
El procedimiento, sin embargo, estuvo atravesado por momentos de tensión. Martínez intentó eludir el secuestro de su celular: primero entregó un aparato viejo en desuso y luego aseguró haber extraviado el celular que utiliza habitualmente. No obstante, un informe técnico reveló que la última señal del dispositivo “perdido” impactó en una antena de Barracas apenas una hora antes del operativo. Este dato refuerza la hipótesis de que el funcionario habría recibido una filtración y destruido el aparato para ocultar pruebas.
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El negocio de la comida contaminada en las cárceles
La causa se originó en denuncias por alimentos en mal estado en el penal de Ezeiza. Los peritajes de la ANMAT confirmaron la presencia de bacterias como Escherichia coli en niveles no aptos para el consumo humano.
A partir de ello, el juez prohibió a la empresa Foodrush continuar operando. Sin embargo, detectó que la nueva prestataria, Bio Limp, utilizaba los mismos camiones, empleados e incluso facturaba millonarias sumas a la firma sancionada, lo que la convierte presuntamente en una fachada. Como muestra de la gravedad del caso, Villena llegó a probar personalmente el alimento en la cárcel y sufrió una descompensación que describió como un cuadro “vomitivo”.
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Vínculos y trasfondo político
Martínez asumió la dirección del SPF en marzo de 2024, tras ser designado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Cabe recordar que bajo su gestión la fuerza pasó de la órbita del Ministerio de Justicia a la de Seguridad en diciembre de 2023.
Asimismo, otro dato que llamó la atención de los investigadores, según consignó la agencia Noticias Argentinas, es que el director se movilizaba en una camioneta secuestrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, referente de la feria La Salada que permanece prófugo de la Justicia.
Finalmente, pese a que la fiscal Cecilia Incardona solicitó la nulidad del operativo, Villena cuenta con el respaldo de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La funcionaria expresó su predisposición para colaborar con la investigación, que apunta a desarticular lo que el magistrado define como “mafias enquistadas hace muchos años” en el sistema penitenciario.
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